La economía española encadena en 2017 el tercer año consecutivo de crecimiento, se han hecho grandes reformas, el sistema financiero se ha estabilizado, el paro ha descendido... es decir, la recuperación ha llegado a las grandes cifras macroeconómicas. Esa mejoría, sin embargo, sigue sin llegar a todas las capas de la población. Así lo certifica la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE [consultar, aquí], que subraya que la tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión social representa el 27,9% de la población.
Esa tasa, que era del 26% en 2010, es el principal indicador que utiliza la oficina estadística europea, Eurostat, para medir el peso de las personas menos favorecidas en una sociedad. El término –también denominado Arope, del inglés, at risk of poverty or social exclusion– se compone de tres variables: riesgo de pobreza, baja intensidad en el empleo o carencia material severa. Pues bien, de acuerdo con los datos de población de 2016 (46,5 millones), unos 12,9 millones de personas cumplirían alguno de estos criterios.
Esa tasa se mantiene estable respecto a 2013, cuando fue del 27,3%. Ese año es considerado por los expertos como el más negativo en cuestiones de pobreza. Por un lado, porque la encuesta del INE siempre se realiza con los datos ingresos del año anterior, en este caso, de 2012; y, por otro, por la consecuencias que el desempleo tiene en estos indicadores y que se empiezan a notar entre uno y dos años después de la pérdida del empleo cuando ya se han agotado prestaciones y subsidios.
Grupos de "mayor riesgo"
Sin embargo, lo más preocupante es la situación en la que quedan los grupos de "mayor riesgo", tal y como señala a preguntas de infoLibre Gabriela Jorquera, coordinadora en Madrid de la ONG Red Europea Contra la Pobreza (EAPN, por sus siglas en inglés). A saber: parados, inmigrantes y familias monoparentales. En estos colectivos la tasa de riesgo de pobreza –uno de los tres indicadores de Arope que, en realidad, mide la desigualdad, es decir, cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población– no ha parado de crecer en los últimos años.
Casi uno de cada dos parados (48,5%) tuvo durante 2015 ingresos que están por debajo del umbral de pobreza (8.209 euros en el caso de un hogar unipersonal o de 17.238 euros en hogares compuestos de una pareja y dos niños). Ese porcentaje se situó en 2013 en el 39,9%, 8,6 puntos por debajo. Este dato evidencia de forma muy clara las lagunas de los sistemas de protección de uno de los grandes perdedores de la crisis, los desempleados que no logran engancharse de nuevo al mercado laboral. No en vano, el 45% de los parados registrados en los Servicios Públicos de Empleo no recibe ninguna prestación.
También entre los inmigrantes se ha registrado un importante aumento de la tasa de riesgo de pobreza. En el caso de los de origen europeo ha pasado del 35,1% en 2013 al 40,3% en 2016 (+5,2 puntos) y en el de los de fuera de la UE la tasa se ha incrementado en 4,3 puntos al pasar del 47,8% al 52,1% en el mismo período.
La mayor vulnerabilidad también afecta de manera muy significativa a los las familias monoparentales, en su gran mayoría formados por mujeres solas que tienen que sacar adelante a sus hijos. De hecho, el 42,2% de estos hogares tuvo durante 2015 ingresos que están por debajo del umbral de pobreza (17.238 euros por familia), 16,7 puntos por encima que en aquellos hogares con dos adultos y niños. La tasa de pobreza en este colectivo también se ha incrementado en los últimos años: fue del 39% en 2012.
A este respecto, la ONG Save The Children anunció que su organización presentará una propuesta a los grupos parlamentarios para que los Presupuestos Generales del Estado para este 2017 incluyan un incremento de entre 25 y 100 euros mensuales de la prestación para las familias con hijos a cargo que estén en situación de pobreza severa.
Las mujeres al frente de familias monoparentales batallan por una legislación que las tenga en cuenta
Sistemas de garantías
Para Jorquera, coordinadora en Madrid de EAPN, los datos de la encuesta publicada este martes por el INE dibujan "un escenario de continuidad" en el que son los grupos de mayor riesgo los ven empeorada su situación. "No vemos que disminuyan los datos de pobreza en la misma medida en que aumentan los datos de recuperación económica", lamenta esta experta, que recuerda, no obstante, que antes de la crisis ya había en España cifras de pobreza "llamativamente altas".
A su juicio, uno de los grandes problemas de la política social en España es lo "escasamente protectores" que son los sistemas de garantías. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 2014 un total de 262.307 percibían una Renta Mínima de Inserción (RMI) que, de media, ese año fue de 420,63 euros. En este sentido, Jorquera denuncia que además de tener cuantías muy bajas, estos subsidios llegan a pocas familias. "Que una familia reciba una RMI no significa que vaya a salir de la pobreza", sentencia.
La economía española encadena en 2017 el tercer año consecutivo de crecimiento, se han hecho grandes reformas, el sistema financiero se ha estabilizado, el paro ha descendido... es decir, la recuperación ha llegado a las grandes cifras macroeconómicas. Esa mejoría, sin embargo, sigue sin llegar a todas las capas de la población. Así lo certifica la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE [consultar, aquí], que subraya que la tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión social representa el 27,9% de la población.