El Estado no ha controlado durante décadas el cumplimiento de la ley en el Valle de los Caídos. A pesar de que la administración del complejo monumental está en manos de Patrimonio Nacional, lo cierto es que este organismo público no dispone en sus archivos de la información más básica que permitiría comprobar que en todo momento se ha respetado en Cuelgamuros el marco normativo sobre el que se apoya el mausoleo franquista que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez pretende resignificar. Según la información que obra en poder de infoLibre, Patrimonio no tenía a finales de 2019 memorias justificativas relativas a las subvenciones concedidas a la Abadía de los ejercicios anteriores a 2014 o información sobre los planes del Centro de Estudios Sociales. Pero no solo eso. Tampoco constaban en sus archivos datos concretos de la última década sobre los religiosos o la contabilidad relativa a dos de los edificios en manos de los monjes.
infoLibre ha tenido que acudir a los tribunales para obtener diversa información sobre el Valle de los Caídos, en un proceso que se ha prolongado durante tres años. Todo se inició en agosto de 2018, cuando este periódico planteó un total de 65 preguntas a Patrimonio Nacional, acogiéndose a la Ley de Transparencia. El objetivo era conocer con detalle si se estaba cumpliendo con la normativa franquista que sigue regulando dicho complejo y qué controles estaba realizando la Administración sobre su funcionamiento y sobre las subvenciones que reciben los monjes. Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de Presidencia, respondió a muy pocas de las preguntas planteadas, incumpliendo inclusó resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) instándole a facilitar los datos a este periódico. Entonces, este diario decidió demandar a Patrimonio Nacional en los tribunales y presentó un recurso contencioso-administrativo. El proceso judicial finalizó recientemente y este periódico inició este lunes una serie de cinco reportajes basados en la documentación obtenida desde 2018.
Un certificado que confirma el descontrol
La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos se creó a finales de los cincuenta para administrar el complejo monumental con todos sus edificios, terrenos y derechos accesorios. Entonces, el reglamento del ente coronó como patrono del mismo al jefe del Estado –el dictador– y estableció que "las funciones del patronato" las ejercería el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. En definitiva, ponía sobre la espalda del organismo público dependiente del Ministerio de Presidencia la administración de la fundación creada para gestionar Cuelgamuros. Además, fijaba como beneficiaria de este ente a la Abadía benedictina siempre y cuando cumpliese con las "obligaciones" que le imponía el marco normativo construido durante el franquismo, todavía vigente en la actualidad. Es más, en caso de producirse un incumplimiento, la ley obligaba al patronato –es decir, a Patrimonio Nacional– a informar a la Santa Sede para buscar otra orden religiosa diferente.
El problema es que el Estado no ha ejercido el control que debería sobre el funcionamiento del mausoleo. Así consta en un certificado emitido por la Gerencia de Patrimonio Nacional en el procedimiento judicial abierto planteado por este periódico. El documento, fechado el 10 de diciembre de 2019 y firmado por el entonces gerente del organismo dependiente de Presidencia, Ernesto Abati García-Manso, sirvió de base a la Abogacía del Estado para alegar en el procedimiento que los datos solicitados no podían encuadrarse en el concepto "información pública". ¿Por qué? Porque, sostenían los servicios jurídicos en respuesta a la demanda que este periódico presentó a comienzos de 2019 en vía contencioso-administrativa, "ni ha sido elaborada por éste ni la ha adquirido en ningún momento".
En concreto, el certificado confirmaba, como adelantamos este lunes, que Patrimonio no disponía de los Planes de Estudio del Centro de Estudios Sociales (CES), que no tiene "actividad continuada" desde comienzos de los ochenta a pesar de que su dirección y mantenimiento se encuentra entre las obligaciones que tienen los monjes de Cuelgamuros. Del mismo modo, el documento también recogía que en los archivos del organismo público no constaba "información concreta" de la evolución del número de monjes y novicios de la Abadía en la última década. Lo que a priori puede parecer un asunto menor, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque, como establece el reglamento de la Fundación de la Santa Cruz, "no tener un mínimo de 20 monjes profesos" obliga al patronato del ente –Patrimonio Nacional– a "dar cuenta" a la Santa Sede a fin de sustituir a estos religiosos por otra orden o instituto de la Iglesia.
Pero el número de religiosos también es fundamental, según recoge la normativa legal, a nivel presupuestario. El quinto pacto del convenio de 1958 que regula la relación entre la Fundación de la Santa Cruz y la Abadía establece que en el presupuesto del ente "se incluirá un mínimo de 35 pesetas diarias por cada monje o novicio", una cantidad "revisable anualmente". ¿Cómo se han elaborado entonces los presupuestos de la fundación si Patrimonio Nacional, que ejerce el patronato de la misma, no dispone de datos sobre la evolución de los religiosos en el complejo monumental que condicionan parte de esas cuentas?
Sin datos sobre los ingresos de la Hospedería
No es, ni mucho menos, el único descontrol en materia económica. En este sentido, el gerente hacía constar en su escrito dos cuestiones relevantes. En primer lugar, que en los archivos de Patrimonio no había ni rastro de "ingresos y gastos" de los "últimos diez años" ni de la llamada Casa de Ejercicios Espirituales ni de la Hospedería, ese pequeño hotel gestionado por los religiosos dentro del complejo monumental con más de un centenar de habitaciones ofertadas en Booking a 45 euros la noche. Una ausencia de datos contables que va en contra de lo que se establece en el convenio de finales de los cincuenta. "La Abadía administrará la Hospedería y la Casa de Ejercicios Espirituales y tanto sus ingresos como sus gastos serán igualmente recogidos en el presupuesto de la fundación", recoge el texto en su octavo artículo.
Conocer estos datos es, de nuevo, de suma importancia. En una nota elaborada por los servicios jurídicos del Estado el 24 de septiembre de 2019 y aportada al procedimiento judicial abierto por este periódico, la Abogacía sostiene que "si de las actividades desarrolladas por la Abadía se obtuvieran ingresos suficientes" la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos no estaría "obligada a traspasarle" la subvención que históricamente se ha concedido a los religiosos para el desarrollo de sus actividades –340.000 euros en cada ejercicio al menos desde 2008– y cumplimiento de sus fines fundacionales. De nuevo, otra pregunta: ¿cómo sabe Patrimonio Nacional si existe o no esa obligación de dar apoyo económico a los religiosos con dinero público si no conoce los datos de ingresos y gastos ni de la Hospedería ni de la llamada Casa de Ejercicios Espirituales?
una subvención sin memorias justificativas
Patrimonio se saltó la Ley de Subvenciones en el Valle de los Caídos y desconoce si entregó fondos indebidos a los monjes
En relación con dicha aportación, el organismo dependiente de Presidencia también reconocía en el certificado expedido que en sus archivos no constan documentos relativos a la justificación de la misma. "No se dispone de las memorias justificativas de la realización de las actividades subvencionadas (...) correspondientes a ejercicios anteriores a 2014, si bien de los años 2012 y 2013 existen cuadros-resumen de los gastos realizados con cargo a la misma", apuntaba el gerente. Es decir, se comenzaron a elaborar estos documentos después de que el Tribunal de Cuentas, en un informe de fiscalización relativo al año 2013, alertase de que "nunca" se había rendido "cuenta justificativa" del dinero que el Estado destinaba en cada ejercicio a los monjes de Cuelgamuros.
En el marco del procedimiento judicial, el organismo dependiente de Presidencia exigió, sin éxito, datos a los religiosos. "Patrimonio Nacional ha requerido a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para que le facilite la información solicitada, toda vez que es la citada Abadía la que dispone de la misma. Ante el intento frustrado de obtener dicha información, Patrimonio Nacional ha requerido a la Abadía Benedictina formalmente, en noviembre de 2019, para que aporte algunos de dichos datos (en concreto, los relativos al presupuesto y a las memorias justificativas de la subvención que recibe), con apercibimiento de que la subvención pendiente de 2018 no se entregaría si ello no se produce satisfactoriamente", consta en el escrito de respuesta a la demanda de infoLibre elaborado por la abogada del Estado.
La falta de transparencia llevó al Ejecutivo a congelar la aportación dineraria. El primer paso se dio el 20 de noviembre de 2018, cuando el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, entonces presidido por Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna, decidió "condicionar la transferencia" a la "realización efectiva de la auditoría y comprobación contable" de las cuentas de la Abadía. Si bien los monjes aportaron unos meses más tarde algunos datos, lo cierto es que el organismo siguió sin poder acceder a la "contabilidad íntegra" ni proceder a la "auditoría y actuaciones de comprobación y control financiero previstas". De ahí, el requerimiento al que los servicios jurídicos del Estado hacen referencia en su escrito.
El Estado no ha controlado durante décadas el cumplimiento de la ley en el Valle de los Caídos. A pesar de que la administración del complejo monumental está en manos de Patrimonio Nacional, lo cierto es que este organismo público no dispone en sus archivos de la información más básica que permitiría comprobar que en todo momento se ha respetado en Cuelgamuros el marco normativo sobre el que se apoya el mausoleo franquista que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez pretende resignificar. Según la información que obra en poder de infoLibre, Patrimonio no tenía a finales de 2019 memorias justificativas relativas a las subvenciones concedidas a la Abadía de los ejercicios anteriores a 2014 o información sobre los planes del Centro de Estudios Sociales. Pero no solo eso. Tampoco constaban en sus archivos datos concretos de la última década sobre los religiosos o la contabilidad relativa a dos de los edificios en manos de los monjes.