Greenpeace recibió esta semana un emplazamiento del Juzgado de primera instancia número 7 de Toledo con una demanda por vulneración del derecho a honor. Quien ha decidido acudir al juzgado a defender su buen nombre no es otra que María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular. ¿El motivo? El informe Amnistía a la destrucción, publicado el pasado mes de diciembre, en el que la organización no gubernamental repasa la supuestamente estrecha relación entre algunos dirigentes del PP y varias empresas con intereses urbanísticos interesadas en la reforma de la Ley de Costas impulsada por el Gobierno conservador.
El informe sostiene que Ignacio López del Hierro, el marido de Cospedal, es consejero de Gecina y Bami Newco, dos empresas con intereses inmobiliarios controladas por los empresarios Joaquín Rivero y Bautista Soler, ambos empresarios muy conocidos y con importantes intereses en el ladrillo. El vínculo es tan intenso, sugiere el informe, que ambos formaron parte del “puñado de invitados” que asistieron en 2009 a la boda entre López del Hierro y Cospedal, entre los que también se encontraba, además del hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el actual ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
En esas fechas Cañete se sentaba también en el consejo de administración de Bami Newco, puesto en el que se mantuvo hasta su nombramiento como ministro, en diciembre de 2011. En la actualidad, siempre según el informe de Greenpeace, conserva una acción de esta empresa.
No son estos los únicos conflictos de intereses del ministro que observa Greenpeace. Entre otros cita sus participaciones en la petrolera Ducar SL y en Petrologis Canarias SL. La primera la presidió hasta su nombramiento. En ella también tienen presencia su esposa y su cuñado, Miguel Domecq, que es además quien le ha sustituido como presidente. El informe señala también a otros dos cuñados del ministro (José Ramón Bujanda, que presidió la Asociación Española de Fabricantes de Hormigón preparado, y Borja Domecq), así como a dos sobrinos con intereses en Bofado Inversiones SL, una empresa dedicada a la construcción.
Greenpeace sostiene que existen “posibles conflictos de intereses” con el proyecto de modificación de la ley de Costas impulsado por el ministro nada más llegar al Gobierno. La organización ecologista cree que el cambio normativo persigue hacer posibles determinados negocios gracias a la modificación de las zonas de protección y afirma que, entre sus beneficiarios, figuran notables políticos del PP, como el exministro Abel Matutes, el expresidente balear Gabriel Cañellas o el empresario afín al PP Juan Miguel Villar Mir.
Greenpeace considera que en el informe únicamente se indica la arbitrariedad e inseguridad jurídica que supone la nueva Ley de Costas, lo que favorece a sectores "muy concretos con intereses privados en el litoral". Con la reforma, según la ONG, se indultarán los edificios ilegales y la destrucción del litoral que se ha producido durante los años de la burbuja inmobiliaria.
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Para Greenpeace, la reforma de la Ley de Costas supone uno de los mayores retrocesos en la protección ambiental de los últimos años e insiste en que el proyecto de ley busca privatizar la costa por parte de empresas y propietarios sobre terrenos públicos que pasan a manos privadas.
El abogado de Greenpeace José Manuel Marraco Espinós sostiene que con su informe la organización está defendiendo el derecho al medio ambiente que recoge el artículo 45 de la Constitución, en el marco de sus fines, ejercitando el derecho fundamental a la libertad de expresión que recoge el artículo 20 de la Carta Magna, informa Europa Press.
En la demanda, Cospedal pide que se condene a Greenpeace a rectificar la información de dicho informe y a resarcir los daños y perjuicios mediante el pago de una indemnización.
Greenpeace recibió esta semana un emplazamiento del Juzgado de primera instancia número 7 de Toledo con una demanda por vulneración del derecho a honor. Quien ha decidido acudir al juzgado a defender su buen nombre no es otra que María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular. ¿El motivo? El informe Amnistía a la destrucción, publicado el pasado mes de diciembre, en el que la organización no gubernamental repasa la supuestamente estrecha relación entre algunos dirigentes del PP y varias empresas con intereses urbanísticos interesadas en la reforma de la Ley de Costas impulsada por el Gobierno conservador.