Un informe del Ministerio de Hacienda llevó a la jueza a pedir la imputación del presidente murciano

Un informe de la Intervención General del Estado (IGAE), órgano dependiente del Ministerio de Hacienda y que vela por la legalidad de las cuentas públicas, resultó determinante para que una jueza de Lorca haya pedido al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia que investigue al presidente de esa comunidad, Pedro Antonio Sánchez, del PP.

La magistrada, Consuelo Andreo, considera que el líder conservador, que gobierna gracias al apoyo de Ciudadanos, pudo cometer cuatro delitos por su responsabilidad penal en el cúmulo de irregularidades detectadas en la construcción de un auditorio por el que Sánchez pagó seis millones públicos pese a que la obra ni siquiera llegó a terminarse. Tres de esos cuatro delitos –malversación, fraude a la administración y falsedad– implican penas de cárcel. El cuarto –prevaricación continuada– solo conlleva la inhabilitación.

La gran incógnita reside ahora en qué decisión tomará el TSJ murciano, presidido por un magistrado conservador, Miguel Pasqual Riquelme, cuyo nombramiento tuvo que repetir el Poder Judicial después de que el Supremo tumbase el primero. El alto tribunal recriminó al CGPJ que hubiese designado a Pasqual sin molestarse siquiera en explicar por qué le primaba frente a una competidora que reivindicaba para sí mayores méritos.

Sánchez se aferra al "error administrativo"

Tras conocer la decisión de la magistrada, el presidente murciano aseguró este viernes que le "tranquiliza" que la jueza pida que "se investigue y se aclare" si hubo algún "error administrativo" en el proceso de construcción del auditorio, impulsado por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras cuando estaba bajo la batuta de Pedro Antonio Sánchez y financiado íntegramente por una subvención del Ejecutivo regional. Las declaraciones efectuadas por Pedro Antonio Sánchez apuntan a que no se plantea dimitir. En su defensa salió de inmediato el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, quien pidió confiar en su presunción de inocencia.

Según el PP, lo sucedido es fruto de una persecución iniciada por el PSOE, al que atribuye haber presentado con anterioridad 15 denuncias que ya fueron archivadas. Los socialistas no solo enfatizan que esas 15 denuncias jamás han existido sino que ya sopesan retar al PP ante los tribunales para que detalle cuáles eran. 

Pero, aunque el origen del caso se localiza en una denuncia interpuesta por el PSOE en el otoño de 2013 y en las diligencias de investigación abiertas a partir de ese momento por la Fiscalía, lo cierto es que la resolución dictada este jueves 1 de diciembre por la la jueza Andreo constata que ha prestado mucha más atención a los informes periciales que a la denuncia de la oposición política al PP. 

En su exposición razonada al TSJ murciano, una especie de auto judicial donde solicita que Sánchez, aforado por su condición de jefe del Ejecutivo regional, sea investigado penalmente, la jueza subraya una y otra vez el mismo mensaje: el informe pericial que la IGAE entregó en septiembre constata "numerosas irregularidades" en el proceso de construcción del auditorio. Esas irregularidades, entiende la magistrada, no son meramente administrativas sino delictivas. La IGAE llegó a sostener en su informe que, a la vista de los "múltiples incumplimientos", tal vez deberían haberse iniciado "en reiteradas ocasiones el reintegro total de la subvención".

Promovido por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, el auditorio fue recepcionado en septiembre de 2011 pese a que el edificio era en la práctica un cascarón vacío: la obra ejecutada se encontraba al 61,96%, recuerda la magistrada. Y la obra no realizada se cuantifica nada menos que en 2,27 millones de euros.

¿Cómo se explica ese fenómeno? Pues porque el Ayuntamiento modificó el proyecto de forma que aceptaba que el interior quedase sin terminar. La construcción se fue demorando pero no así los pagos: en octubre de 2009, cuando la obra solo estaba hecha en un 47,08%, la constructora ya había cobrado el 85,39% del total, narra la magistrada.

La exposición razonada detalla cómo el ayuntamiento había encargado a dedo el proyecto a un arquitecto para luego convocar un concurso al que los propios colegios de arquitectos de Madrid y Murcia aconsejaron a sus miembros no acudir dado que la adjudicación ya estaba otorgada en la práctica.

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El PP sostiene que "hasta el último euro de los seis millones están legalmente justificados", extremo que no coincide con lo que sostiene la jueza en su resolución. En un momento dado, la magistrada desliza que "parece difícil" que en la obra pudieran haber trabajando las 300 personas que oficialmente se daban cita cada día allí.

Los populares también aseguran que una sentencia "firme" avaló la legalidad de la adjudicación. Las acusaciones populares –una ejercida por quien como concejal socialista en Puerto Lumbreras, José Manuel García Miravete, instó durante años a Sánchez a explicar lo sucedido y otra que representa a Podemos– lo niegan. Y, de hecho, la exposición razonada de la jueza dedica un espacio importante al asunto de la adjudicación a dedo. El delito de fraude a la administración, uno de los cuatro que atribuye a Sánchez, consiste precisamente en que una autoridad se concierte con un tercero para beneficiarle en detrimento de los intereses públicos.

La decisión de la jueza que investiga el caso del auditorio de Puerto Lumbreras no es el único problema que afronta Sánchez en relación a la justicia. En mayo, trascendió un informe del caso Púnica que refleja cómo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que existen "indicios suficientes" para afirmar que el presidente de Murcia y la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, ambos del PP, "se concertaron" con los cabecillas de la trama Púnica para cometer un fraude "a través de la contratación pública de la Consejería de Educación y costear los trabajos reputacionales de su titular y de la alcaldesa de Cartagena", según las conclusiones del informe que consta en el sumario de la trama corrupta.