"Los activistas sindicales y los trabajadores que participan en huelgas se enfrentan a una creciente criminalización y muchos han sido procesados por actividades relacionadas con la huelga". La afirmación está incluida en el informe La protección social de los trabajadores en la economía de plataformas, elaborado por encargo del Parlamento de la UE para orientar su futura normativa sobre la conocida como gig economy [economía del miniencargo o economía de los bolos] el sector impulsado por empresas como Uber, Cabify o Deliveroo, que utilizan autónomos como fuerza laboral con el pretexto de que en realidad no son sus trabajadores, sino usuarios de sus plataformas, algo que está en cuestión en el ámbito judicial.
El anexo que describe la situación sociolaboral de los ocho países incluidos en el estudio es duro con España. El informe pone en evidencia diversas dificultades a las que se enfrenta el movimiento sindical en España, una clave del máximo interés a la hora de entender el presente y el futuro de la "economía de plataformas". "Históricamente, desde el final del franquismo, los incidentes en conflictos laborales generalmente se han tratado como infracciones menores o delitos menores", señala el informe. "Sin embargo", añade, "desde 2010 ha habido un uso creciente de partes del Código Penal que permiten largas penas de prisión para los trabajadores que participan en conflictos laborales".
Más datos sobre las dificultades sindicales para penetrar en la pequeña empresa en España. "Las elecciones sindicales sólo pueden tener lugar en lugares de trabajo con seis o más empleados. Esta limitación significa que la gran mayoría (78,7%) de las empresas en España no pueden celebrar elecciones sindicales", señala el informe. En este contexto, el estudio detecta escasos indicios de que "los sindicatos existentes se relacionen con los trabajadores en la economía colaborativa".
Economía de plataformas "sumergida"
"El trabajo en la economía de plataformas todavía está en una fase inicial en España, y gran parte del mismo permanece escondido", señala el informe, que ve esta actividad "relativamente poco desarrollada". "De hecho, gran parte de la economía de plataformas existe todavía como parte de la economía sumergida", insiste el informe, que apunta a un factor que puede lastrar el desarrollo de la gig economy en España: las denuncias judiciales contra empresas como Uber, Blablacar y Cabify. No obstante, hay otro factor que genera un caldo de cultivo óptimo para el futuro de este sector: el auge de los freelancers. "El autoempleo está ganando en importancia en el mercado laboral español y actualmente representa el 16% de la fuerza de trabajo", señala el informe, recordando que "dos tercios" de los trabajadores por cuenta propia lo son contra su voluntad, a falta de un contrato laboral.
Análisis realizados desde el ámbito sindical y del derecho del trabajo apuntan a que la proliferación de políticas públicas favorables al autoempleo constituye una de las bazas más importantes de la economía de plataformas digitales. La reforma laboral de 2012, señala el informe de la UE, "intensificó la segmentación del mercado de trabajo". La política laboral ha "promovido una mayor flexibilidad en el mercado laboral, que resultó en un mayor número de trabajadores españoles fuera de las principales fuentes de protección social", añade el estudio, que subraya la mayor desprotección de los trabajadores por cuenta propia, de los que se nutre la gig economy.
Falta de protección
Diccionario 'cool' para no decir "trabajador pobre"
El estudio La protección social de los trabajadores en la economía de plataformas, elaborado por la Universidad de Leeds por encargo de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento europeo, incluye las conclusiones de entrevistas a 50 expertos, así como de una encuesta original realizada a 1.200 trabajadores de plataformas en España, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Bulgaria, Dinamarca y Polonia. La conclusión central del informe es que "es conveniente brindar una mayor protección social a los trabajadores de plataformas". "Existe un fuerte vínculo entre el trabajo en plataformas y la precariedad. [...] Cuanto más dependa un trabajador de la economía de plataformas para obtener sus ingresos, menos probable es que reciba diversas protecciones sociales básicas", señala el informe. El Parlamento europeo no tiene por qué suscribir el contenido de los informes que encarga ni está obligado a seguir al pie de la letra todas sus directrices y recomendaciones, aunque sí es una práctica habitual y asentada que tome estos estudios encargados como referencia para el desarrollo de su normativa. Son una especie de libro blanco para orientar la acción política.
El estudio pone de relieve datos de interés sobre la gig economy a nivel europeo: la jornada media semanal es de 23 horas, con una remuneración equivalente a 6 dólares estadounidenses por hora. "El acceso de los trabajadores de la economía de plataformas a sistemas de protección social es muy bajo. Hasta el 70% de los trabajadores de la economía de plataformas afirmó no tener acceso a sistemas básicos como las prestaciones por embarazo, asistencia infantil y vivienda", señala el informe. Y desarrolla esta idea: "Si bien en teoría los trabajadores de las plataformas tienen derecho a formas de protección social en determinados países, en muchos casos la relativamente corta duración del tiempo de trabajo o los bajos ingresos conllevan que en la práctica estos trabajadores no alcancen necesariamente los umbrales de renta o de tiempo trabajado requeridos para tener acceso a la protección social".
Las autoridades europeas han tenido hasta ahora una posición tibia sobre el auge de la gig economy. Tanto el Parlamento como la Comisión se han mostrado favorables a su desarrollo, aunque introduciendo garantías para los trabajadores. Ése es el terreno en el que se mueve una directiva anunciada por la Comisión. "La economía de hoy necesita contratos laborales flexibles pero la flexibilidad debe acompañarse con una protección mínima", ha explicado la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen.
"Los activistas sindicales y los trabajadores que participan en huelgas se enfrentan a una creciente criminalización y muchos han sido procesados por actividades relacionadas con la huelga". La afirmación está incluida en el informe La protección social de los trabajadores en la economía de plataformas, elaborado por encargo del Parlamento de la UE para orientar su futura normativa sobre la conocida como gig economy [economía del miniencargo o economía de los bolos] el sector impulsado por empresas como Uber, Cabify o Deliveroo, que utilizan autónomos como fuerza laboral con el pretexto de que en realidad no son sus trabajadores, sino usuarios de sus plataformas, algo que está en cuestión en el ámbito judicial.