Informes de ONG advierten que las residencias necesitan más controles y preparación en emergencias además de vacunas

Que las residencias se han convertido en la zona cero del coronavirus es una realidad irrefutable. Los meses más duros de la pandemia atacaron de pleno a los residentes y al equipo humano que asume sus cuidados. Las primeras imágenes de la vacunación, meses después de aquella trágica primera ola, han sido también para ellos. "Que la vacunación empezara por las residencias ha sido un gesto tranquilizador, es la forma que tenemos para reflexionar". Así lo señalan desde Médicos sin Fronteras, quienes apuestan por un análisis necesario sobre lo que ha pasado en los centros de la tercera edad, pero sobre todo respecto a los errores que conviene enmendar para evitar que retornen en un futuro.

La organización acaba de publicar un informe sobre la urgencia de tomar "medidas para evitar otra gran tragedia en las residencias de mayores". Si bien la vacunación se conjuga como el objetivo prioritario, lo cierto es que no es el remedio definitivo. "La vacunación es sólo una capa más en la estrategia de protección de las personas mayores en la residencia", recuerda el texto. "Mientras tanto, una vez más nos enfrentamos a una gran cantidad de casos, ingresos hospitalarios y muertes", a lo que se suma un personal que "está exhausto" como consecuencia de "largas horas de trabajo y estrés".

Ximena Di Lollo, investigadora en Médicos sin Fronteras, considera que existe una "tendencia a no mirar y olvidar lo más pronto posible lo que ha pasado en las residencias". Y lo que ha pasado, recuerda, es lo suficientemente grave como para no borrarlo de la memoria, especialmente de la institucional. "Hay que trabajar para prevenir futuras situaciones como esta, porque cada vez está más claro que las habrá", señala la investigadora.

Di Lollo centra el grueso de la necesaria estrategia en un elemento: el capital humano. "Queda claro que en la primera ola no estábamos preparados, pero nueve meses después tenemos los mismos problemas", especialmente en lo que respecta a los trabajadores y sus condiciones. "Tiene que haber una estrategia de recursos humanos que tenga como objetivo responder a cualquier tipo de epidemia en población vulnerable", mediante la constitución de "equipos capaces de responder a una emergencia con rapidez". Esto, detalla la investigadora, pasa por la elaboración de protocolos específicos, planes de reclutamiento, formación y prácticas. Los perfiles: sanitarios, personal especialista en planes de infección y profesionales que sepan hacer circuitos en las residencias e identificar síntomas.

En la misma línea, Di Lollo apuesta por centrar el foco en los cuidados paliativos, entendidos también como "curativos, no sólo final de vida". Este tipo de cuidados deben estar "diseñados a nivel macro, no puede ir en función de las posibilidades de cada residencia" porque "no puede ser que en 2021 siga muriendo gente deshidratada en las residencias".

Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, coincide en que "se está apostando mucho por la vacunación" como movimiento lógico para "alcanzar la inmunidad en los centros residenciales, lo que va a permitir la protección frente al virus". Este esfuerzo, no obstante, no debe eclipsar los acuerdos consensuados en el Consejo Interterritorial de Salud. Especialmente en lo que respecta a las visitas. "Las personas mayores tienen derecho a la privacidad y a la vida familiar y no pueden ser condenadas al ostracismo y a la soledad por tener una determinada edad o ser dependientes", advierte Amnistía Internacional en un comunicado. Las autoridades, por tanto, tienen la responsabilidad de "velar por que estos derechos se respeten, algo que no hicieron durante la primera ola". Es, estima la organización, el primer error que no puede volver a producirse. Los casos que Amnistía Internacional ha constatado en Madrid y Cataluña muestran un malestar latente ante los regímenes de visitas, que "siguen siendo algo muy deficitario", mermando el bienestar emocional de los residentes.

Otra de las actuaciones irrenunciables pasa por la investigación y la supervisión. La escalada de atrocidades en el seno de algunas residencias hace fundamental la puesta en marcha de una auditoría que controle el funcionamiento de los centros y sus buenas prácticas. La justicia investiga actualmente a varios centros, denunciados por familiares de residentes. La Fiscalía de Madrid estudiará las cartas escritas por el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, publicadas por este diario y aportadas por las asociaciones de familiares de víctimas a la investigación que ya afecta a más de medio centenar de residencias.

"Hay investigaciones, la mayoría en el ámbito penal, para esclarecer qué pasó en las residencias. Pero hace falta una actuación de seguimiento de la situación hoy por hoy", no necesariamente vinculada a una posible "situación ilícita", sino para controlar que los derechos de los ancianos están siendo respetados. Para Amnistía, "existe una ausencia generalizada de datos públicos sobre el número de inspecciones realizadas por los gobiernos autonómicos. Este es el segundo error que debe subsanarse". La organización señala que las fiscalías "no realizan visitas presenciales" desde "hace meses", algo que sería "esencial para poder obtener información sobre la situación real de las personas mayores" en los centros. Una tarea que debería realizar, a juicio de la organización, la nueva fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores.

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Hacia un nuevo modelo

La pandemia dejó en evidencia los fallos estructurales en los centros sociosanitarios. Durante los meses más duros de la pandemia –marzo y abril– fallecieron en las residencias madrileñas un total de 9.470 personas, de las que 1.118 tenían coronavirus, 4.677 mostraban síntomas compatibles con la enfermedad y 3.675 perdieron la vida por otras causas, de acuerdo a los datos revelados por este diario. Según RTVE, hasta el 21 de diciembre, un total de 24.575 mayores con coronavirus o síntomas similares habrían fallecido en residencias. Este colectivo representaría el 48,3% de las muertes totales por covid-19 notificadas hasta ese momento. Las cifras dicen que "como mínimo tiene sentido hacer un análisis", afirma Ximena Di Lollo. Una reflexión que pasa por "replantear cuánto queremos invertir en nuestros mayores y si la idea de que en este país nos ocupamos de ellos es real o romántica".

Por ello, Daniel Canales propone un cambio de modelo que se materialice por la vía legislativa. "A largo plazo, hay que abordar estas cuestiones en una ley, con la idea de garantizar la protección de los derechos humanos", defiende. Para Amnistía es de justicia que el Gobierno "impulse la tramitación de una ley a nivel estatal, con perspectiva de derechos humanos y de género".