En 2006, valiéndose de un resquicio legal, la Iglesia católica hizo suya la Mezquita de Córdoba. Sin una acreditación, sin darle publicidad, con un simple trámite que le permitió inscribirla a su nombre en el registro de la propiedad número 4. Concretamente en el tomo 2381, libro 155, folio 198. Fue rápido, discreto e increíblemente barato: costó 30 euros, menos que lo que paga un grupo de cuatro turistas, a 8 euros por cabeza, por entrar a visitarla. Eso es lo que costó la privatización del templo cordobés: el construido en el siglo VIII por Abderramán I, emblema del arte musulmán en España; el convertido en catedral por Fernando III en el siglo XIII; el que la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad en 1984; el que la Iglesia llama Catedral de la Asunción de Nuestra Señora pero casi todo el mundo conoce como Mezquita de Córdoba.
"Hay que partir de una base: que la Iglesia registre un bien no tiene por qué significar que sea suyo", subraya Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, una asociación que se dedica a defender la estricta separación entre la Iglesia y el Estado. Pero, ¿la Mezquita es de la Iglesia? Ahora mismo, en rigor, todo apunta a que sí: la titularidad es suya, al menos hasta que un juez diga la contrario. Y no hay visos de que la situación vaya a ser revertida, según ha comprobado infoLibre mediante un repaso de las iniciativas para devolver a la propiedad pública tanto la Mezquita como el resto bienes de los que la Iglesia se ha adueñado mediante su "inmatriculación".
Porque la Mezquita no es en absoluto un caso aislado: lo mismo ha ocurrido con otros miles de templos, ermitas, tierras, arbolados, casas parroquiales, cementerios y fincas de todo tipo. El controvertido procedimiento que lo ha permitido, y que según el Movimiento Hacia un Estado Laico ha convertido a la Iglesia en la mayor inmobiliaria de España después del Estado, se llama "inmatriculación". Para explicarlo hay que irse 70 años atrás, a 1946, cuando la Ley Hipotecaria del régimen franquista y su desarrollo reglamentario introducen la potestad de la Iglesia inscribir por primera vez en el Registro de la Propiedad un bien. Es decir, la Iglesia pasa a ser (como) un fedatario público. Y se convierte así en parte del Estado nacionalcatólico salido de la guerra.
La ley del 98, peor que la del 46
La Iglesia aprovechó el regalo. Y empezó a inmatricular sin descanso, en una apropiación de bienes de unas dimensiones aún desconocidas. Inmatriculó viviendas, colegios, hospitales... Pero no templos. No podía. O no pudo hasta que en 1998, con José María Aznar (PP) en la presidencia, un decreto que pasó casi desapercibido llega donde la dictadura no llegó al permitir la inmatriculación también de lugares de culto. "Puede parecer increíble, pero la ley del 98 empeora la del 46", afirma Soledad Pérez, parlamentaria andaluza del PSOE.
La catedral de Sevilla fue inmatriculada. Y la Giralda. También la Mezquita de Córdoba y la catedral de Pamplona. Miles de templos. "Los números no se conocen exactamente. Puede haber más de 20.000", explica Francisco Delgado, de Europa Laica. Únicamente hay datos más o menos fiable en el País Vasco y Navarra. Y entre ambas autonomías suman más de 1.500, lo que hace verosímil la estimación de 20.000. La Conferencia Episcopal ha rehusado participar en este reportaje. En todos los colectivos que trabajan el tema asumen la práctica imposibilidad de determinar el número de bienes, ya que casi cada congregación tiene los suyos.
Diez años de discreción
Durante casi diez años años las inmatriculaciones ocurren sin llamar la atención de nadie. La Iglesia actúa con total discreción –anotándose además los beneficios de un buen negocio inmobiliario– y ni políticos ni medios de comunicación destapan el asunto, que sólo da la cara en 2007 cuando se descubre que la Diócesis Navarra estaba inmatriculando edificios religiosos, tierras, casas, cementerios.... Bienes públicos, a 12 euros cada uno. El descubrimiento es el origen de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, organización a la que cabe atribuirle que esta historia se conozca. Sin duda es un mérito: las inmatriculaciones constituyen un escándalo público. Nadie en el arco político las defiende expresamente o es capaz de abogar por la plena legitimidad de las mismas. Ni siquiera las defiende abiertamente el PP, el partido más próximo a la Iglesia, que se opone a las iniciativas para revertir la situación con argumentos más bien técnicos o evasivas.
Hay un consenso político general –al menos retórico– contra las inmatriculaciones, especialmente en la izquierda. Pero, ¿en qué se ha traducido? infoLibre ha hecho un repaso de iniciativas encaminadas a conocer la dimensión real y revertir el "mayor expolio legal del último siglo", en palabras de Jorge García, portavoz del Movimiento Hacia un Estado Laico en Aragón. La conclusión es que, al menos hasta la fecha, la Iglesia católica se ha salido con la suya.
1.087 bienes en Navarra
El primer parlamento en tomar cartas fue el navarro. En junio de 2012, y con los únicos votos en contra la derecha (UPN y PP), el Parlamento aprobó una resolución que instaba al Gobierno foral a "realizar un inventario del patrimonio total afectado" por las inmatriculaciones, además de instar al Gobierno central a derogar los artículos de la Ley Hipotecaria que dan cobertura al procedimiento (206 y 304). De esta moción sale el listado de bienes inmatriculados desde 1998: 1.087.
El Parlamento navarro amagó, sin llegar a dar, con llevar la Ley Hipotecaria al Constitucional. Fue en marzo del año pasado. La abstención de los socialistas navarros del PSN fue decisiva. UPN y PP votaron en contra; Bildu, Aralar, Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai, a favor. La iniciativa fracasó. Este camino, el de tratar de llevar el asunto ante el Constitucional, es a juicio de numerosos juristas la vía más clara para alcanzar una reversión.
La reforma legal del PP
El Gobierno de Mariano Rajoy ha actuado, con un doble resultado: el primero, que la Iglesia ya no puede inmatricular; el segundo, que la Iglesia bien podría cantar aquello de Santa Rita, Rita... porque lo inmatriculado, inmatriculado queda. Prohibición sin retroactividad. El anteproyecto de su ley hipotecaria fue aprobado en abril de 2015 y el Congreso le dio luz verde en junio con los votos a favor de PP, UPyD y UPN. Votaron en contra PSOE e IU, entre otros. CiU se abstuvo. El Gobierno destacó que la ley prohibía cualquier inmatriculación en el futuro. La oposición de izquierdas, que amnistiaba las ya realizadas.
Al margen de la ley estatal, la mayoría de iniciativas se ha quedado en debate público, declaración de intenciones y propuesta de actuación. Siempre útil, pero con escasa concreción en los hechos. El caso de Euskadi ha sido una excepción. En junio de 2015, apenas una semana después de aprobarse la ley estatal, el Parlamento vasco aprobó –a iniciativa de EH Bildu y con los votos a favor de PSOE y PNV, entre otros– una proposición no de ley que instaba al Gobierno autonómico y al Gobierno de España a solicitar al Decanato de Registradores de la Propiedad que recabase el listado de todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia desde 1978. Ya hay listado: son 528. Además las Juntas Generales de Álava acaban de solicitar al Gobierno información detallada desde 1946.
En Andalucía el debate ha sido ruidoso, pero hasta la fecha poco efectivo. En 2014 IU intentó que el Parlamento llevara la Ley Hipotecaria al Constitucional. La Mesa del Parlamento impidió que se tramitara la iniciativa tras un informe del letrado mayor, que aludía a un problema insalvable con los plazos. El asunto provocó roces entre el PSOE e IU, que entendía que a su entonces socio de Gobierno en Andalucía le había faltado voluntad política.
Posible solución judicial
En opinión de Evaristo Villar, portavoz de Redes Cristianas y autor de No robarás. Catecismo de la inmobiliaria celestial, ya hay dos logros conseguidos: la paralización de las inmatriculaciones y el impulso de las asociaciones para concienciar a la opinión pública. A su juicio, "falta que algún juez se tome las cosas más en serio y abra la brecha".
En efecto, falta la voz de un juez que entre al fondo. Aunque en noviembre de 2014 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo falló a favor de una empresa ganadera y en contra de la Iglesia en el caso de la inmatriculación de una Iglesia en Palencia, el caso no se ha considerado paradigmático por estar el templo en una finca privada.
¿Contradicciones en el PSOE?
Es imposible llegar a una respuesta irrebatible en el terreno del derecho. No es una ciencia exacta. Hay defensas razonadas tanto de la imposibilidad de recurrir los artículos presuntamente inconstitucionales de la Ley Hipotecaria como de la urgencia de hacerlo. Donde no hay límites es en la acción política. Y ahí, de regreso al repaso de las iniciativas presentadas, se producen dudas y contradicciones, al menos aparentes.
El PSOE presentó en mayo de 2015, una semana antes de las elecciones autonómicas y municipales, una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que instaba al Gobierno a que "en el plazo improrrogable de seis meses [...] elabore un estudio en el que se recojan todos aquellos bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia católica, procediendo reclamar la titularidad [...]".
La redacción de este punto es igual a la del punto primero y fundamental de la PNL presentada en enero de este año por Podemos en Andalucía, sólo que en vez de instarse al Gobierno se insta a la Junta de Andalucía, y en vez de desde 1998 abarca desde 1978. Pero el PSOE votó en contra, junto al PP y Ciudadanos (su socio de legislatura). Soledad Pérez (PSOE de Andalucía) niega contradicciones y alega que el Gobierno estatal sí tiene la competencia necesaria, pero la Junta no. "Lo que nosotros planteamos a Podemos es que se llevara el tema a la Comisión de Cultura del Parlamento andaluz para que se vean las inmatriculaciones caso por caso", añade.
Podemos e IU creen que el PSOE no tiene verdadera voluntad de dar una batalla que supone enfrentarse a la Iglesia y exponerse a un eventual fracaso en los tribunales, caso de llevar el asunto por la vía jurídica. Por su parte, los socialistas opinan que a su izquierda hay más ganas de hacer ruido que de solucionar el asunto.
"Iniciar" no; "iniciar, en su caso"
Los socialistas llevaron en su programa de las generales lo siguiente: "Reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales sobre los bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia [...]". Pero esta posición es simultánea a cierto escepticismo en autonomías donde gobierna.
En Aragón las Cortes aprobaron una proposición no de ley instando al Gobierno regional a una reversión de la titularidad de la Catedral de Jaca. Lo hizo sólo después de que el PSOE sustituyera la redacción de Podemos, "iniciar" los procedimientos, por otra más abierta, "iniciar, en su caso". Una vez la pelota en el tejado del Gobierno, el departamento de Cultura emitió un informe del que se desprendía la dificultad de reversión porque no hay constancia de que la catedral hubiera sido un bien público.
El Gobierno descarta la anulación de las inmatriculaciones de la Iglesia
Choque de informes en Córdoba
Cuando el cerrado apoyo de la derecha política no es suficiente, la Iglesia se sale con la suya por vericuetos jurídicos. Pero quizás ahí se ha abierto una brecha, precisamente con el caso de la Mezquita de Córdoba, donde Gobiernan PSOE e IU. La coalición de izquierdas es partidaria de que el Ayuntamiento registre la Mezquita a su nombre, mientras la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), lo ve a priori inviable. Un detallado informe del secretario municipal del Ayuntamiento considera que la Mezquita es un bien de dominio público, por lo que no podría estar en un registro privado. Entre otras conclusiones, el informe señala que la Iglesia tiene derecho al uso litúrgico, pero no a la posesión.
Justo después de la salida a la luz pública de estas conclusiones, este mismo viernes se ha conocido otro informe jurídico del Ayuntamiento que considera que el Consistorio "no tiene posibilidad legal alguna" de hacer la inscripción. Como dice Evaristo Villar, de Redes Cristianas, las largas y paralizantes batallas jurídicas pueden acabar "alargándose tanto que la gente pierda motivación", en referencia a los movimientos sociales que impulsan esta lucha, y que ya han tenido que ver cómo la Comisión Europea declaraba que no tenía nada que decir con respecto al conflicto de la titularidad de la Mezquita de Córdoba. No obstante, señala Villar, "ahora la gente está motivada y con ganas". A la Iglesia también le queda cuerda para rato. De momento va ganando la partida.
En 2006, valiéndose de un resquicio legal, la Iglesia católica hizo suya la Mezquita de Córdoba. Sin una acreditación, sin darle publicidad, con un simple trámite que le permitió inscribirla a su nombre en el registro de la propiedad número 4. Concretamente en el tomo 2381, libro 155, folio 198. Fue rápido, discreto e increíblemente barato: costó 30 euros, menos que lo que paga un grupo de cuatro turistas, a 8 euros por cabeza, por entrar a visitarla. Eso es lo que costó la privatización del templo cordobés: el construido en el siglo VIII por Abderramán I, emblema del arte musulmán en España; el convertido en catedral por Fernando III en el siglo XIII; el que la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad en 1984; el que la Iglesia llama Catedral de la Asunción de Nuestra Señora pero casi todo el mundo conoce como Mezquita de Córdoba.