La inmigración no representa unos ingresos ni unos gastos significativos para las finanzas públicas de los países más desarrollados. Esa es la conclusión de un estudio de la Organización de cooperación y de desarrollos económicos (OCDE), publicado el 13 de junio con motivo del lanzamiento de su informe anual sobre las migraciones internacionales.
Los datos presentados, procedentes de todos los países europeos de la OCDE así como de Australia, Canadá y Estados Unidos, revelan que las migraciones tienen un impacto fiscal global positivo muy modesto. "Los inmigrantes son semejantes al resto de la población a este respecto", escriben los autores del documento. “El mantenimiento de ciertos estereotipos es el objetivo de grupos políticos que prefieren crear confusión en vez de proponer soluciones concretas a los problemas económicos reales”, aseguran. En este contexto, continúan, “es esencial comprender el impacto fiscal de la inmigración y oponerse a los prejuicios ante la evidencia de los hechos y los datos”.
En un contexto de crisis económica en el que el desempleo cada vez es mayor, la opinión pública europea es sensible a esta cuestión. En Francia, Marine Le Pen, líder del Frente Nacional ha propuesto eliminar el subsidio familiar a los extranjeros, mientras que en Gran Bretaña, el primer ministro conservador David Cameron ha anunciado, para contrarrestar las ideas radicales del partido nacionalista UKIP, la introducción de restricciones en el acceso a derechos sociales por parte de inmigrantes.
Este estudio comparativo, cuyos resultados se han obtenido a través de encuestas sobre la situación de los hogares, es la primera que se realiza desde la OCDE y una de las primeras en un campo que la ciencia económica comienza a explorar. El informe se basa, principalmente, en dos factores: en primer lugar se calcula la cuantía de los impuestos y las cuotas de Seguridad Social que representan los pagos de los inmigrantes y, por otra parte, el coste de los servicios sociales de los que hacen uso. Los resultados varían según las hipótesis investigadas, pero la incidencia fiscal de la inmigración es "generalmente débil respecto al PIB". En muy pocas ocasiones este índice sobrepasa el 0,5% del PIB en un año para cualquiera de las dos variables.
"Los temores asociados con las cuestiones migratorias son infundados en términos de impacto fiscal", resume Jean-Christophe Dumont, jefe de la división de las migraciones internacionales de la OCDE, que recuerda que el método escogido evalúa el impacto de la inmigración que se produjo durante las décadas recientes y no el de los flujos actuales.
El aumento de las personas extranjeras que llega a un país no implica necesariamente un mayor peso para la deuda pública. "Si las políticas de los cincuenta últimos años acabaron en un impacto presupuestario neto casi neutro, una mejor gestión de las migraciones internacionales de trabajo, fundada sobre las necesidades del mercado de trabajo y dirigida a hacia la integración, solo puede ser beneficiosa”, aseguran los autores del informe, que observan, en 2011 y en 2012, una recuperación de los movimientos de población después de cuatro años sucesivos de reducciones bastante fuertes.
La contribución neta es ya positiva en varios países. Es especialmente elevada en Suiza y Luxemburgo (2% y 1,9% del PIB, respectivamente), donde los inmigrantes, que vienen principalmente de países con rentas altas, están sobrerrepresentados en la población en edad de trabajar. Pero esta misma tendencia también se puede percibir en Estados Unidos, Canadá, Noruega, Italia, Grecia, España y Portugal, que tienen en común, más allá de la diversidad de sus situaciones, una mayor inmigración laboral. En Francia, Irlanda, Alemania y Polonia, sin embargo, la contribución es negativa.
Los inmigrantes que vinieron a España se vuelven a sus países
Según los datos del INE, de los más de 47 millones de personas que estaban inscritos a 1 de enero de 2013 en los padrones municipales de los ayuntamientos, 41.539.400 tienen nacionalidad española y 5.520.133 son extranjeros, lo que representa el 11,7% del total de inscritos. En 2010, alcanzaron su récord con el 12,2%.
Desde el año 2000, cuando los extranjeros eran 923.879, esta población ha crecido por encima de los 370.000 habitantes al año en España. El ejercicio en el que más extranjeros se empadronaron fue 2007. Lo hicieron cerca de 750.000, según los datos históricos del INE. En 2004, fueron más de 696.000. El frenazo se produjo en el año 2009 cuando la subida fue tan solo de 99.000. En 2010 apenas llegaron a los 4.000 antes de registrar su primer descenso en 2011. De hecho, el éxodo de los inmigrantes que retornan a sus países por la crisis económica ha provocado que la población española baje por primera vez desde 1996, el primer año del que existen datos oficiales.
Según un dossier del Real Instituto Elcano, España se enfrenta a tres desafíos principales en 2013 en esta materia: la gestión de su nueva emigración, la integración de las segundas generaciones de inmigrantes y el control de los flujos de inmigración irregular que, pese a la crisis, siguen llegando de África.
La integración es inversión
Los expertos de la OCDE recomiendan promover la integración de los inmigrantes en el mercado laboral, especialmente en el caso de las mujeres. Para ello, abogan por la puesta en marcha de políticas de integración y de lucha contra la discriminación. También creen que los estados no tienen ningún incentivo para cerrar sus puertas a los trabajadores poco cualificados, puesto que estos tienen una contribución fiscal neta muy similar a las personas nacidas en sus territorios.
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Tampoco a las familias, ya que, según señalan, la mayoría de los inmigrantes llegan más jóvenes y sus carreras son largas y productivas. "Incluso en tiempos de crisis, los gobiernos no deben ignorar las políticas de integración. Estas no solo son necesarias para la cohesión social, sino también para la economía puesto que representan una buena inversión para el futuro”, afirma el autor del informe. Jean-Christophe Dumont.
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Artículo escrito con información de Mediapart
La inmigración no representa unos ingresos ni unos gastos significativos para las finanzas públicas de los países más desarrollados. Esa es la conclusión de un estudio de la Organización de cooperación y de desarrollos económicos (OCDE), publicado el 13 de junio con motivo del lanzamiento de su informe anual sobre las migraciones internacionales.