El instituto del máster de Cifuentes fue condenado por publicidad engañosa en otra titulación

Máster en gobernanza, marketing político y comunicación estratégica. Esa triple titulación le costó hace un año una condena en una demanda por publicidad engañosa al Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos, es decir, el que en 2011 organizó el máster sobre Derecho Público Autonómico en que se matriculó Cristina Cifuentes. Beneficiario exclusivo de los convenios y contratos con que el Gobierno madrileño del PP financió -casi medio millón de euros- hasta 2011 los postgrados para funcionarios en universidades públicas, el IDP mantenía este jueves en su web oficial ese máster como título propio. La Rey Juan Carlos guarda silencio. El demandante sostiene que su error fue no detectar a tiempo que estaba en presencia de una entente "cuyo verdadero negocio es la venta de títulos online".

Organizado en colaboración con una empresa privada, Vonselma International, el curso sobre gobernanza y marketing político se publicitaba en 2015 como un "máster reconocido por el Ministerio de Educación", pero ni lo era ni lo es. Prometía más horas lectivas de las acreditadas en el proceso judicial. Y anunciaba que las clases se impartirían en las "aulas de la Universidad Rey Juan Carlos" cuando en realidad el escenario docente se localizaba en un piso del centro de Madrid: la sede de Vonselma.  La Universidad Rey Juan Carlos, cuyo logotipo aparece en grandes caracteres en el encabezado del folleto y a cuyos portavoces oficiales pidió infoLibre su versión sobre los hechos que han originado la sentencia contra el IDP [puedes leerla pinchando aquí], guarda silencio.

El demandante fue un alumno ecuatoriano, Fabricio Betancourt, que apenas aterrizar en Madrid en agosto de 2015 detectó lo que define como "una auténtica estafa", aunque por operatividad acudió a la vía civil y no a la penal tras romper amarras con los impulsores del máster, en el que no llegó a formalizar su inscripción, y matricularse en una universidad catalana. "Demandé a Vonselma y al IDP para que no quedasen en la impunidad y sentar un precedente que advierta a futuros estudiantes de postgrado", explica Betancourt a infoLibre. Según su versión, Vonselma y el Instituto de Derecho Público de la URJC mantienen "un acuerdo comercial" cuyos términos omite este diario porque no ha podido verificarlos aún.

Dictada por la Audiencia de Madrid tras una primera resolución absolutoria, la sentencia ha sido impugnada por Vonselma ante el Supremo, que ni siquiera ha decidido aún sobre la admisión del recurso. Según los portavoces de esa mercantil, el IDP "se ha adherido al recurso", extremo que este diario no ha podido verificar con la URJC.

Fuentes de la defensa de la empresa, condenada a devolver a Betancourt de manera solidaria con el IDP de la Rey Juan Carlos los 4.000 euros que entregó como adelanto de matrícula –16.000 euros en total que luego le rebajaron a 9.000–, admiten que el folleto anunciador [pincha aquí  para verlo] decía exactamente lo que enfureció al alumno al comprobar que le habían "engañado": que aquel era un máster "reconocido por el Ministerio de Educación en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos", que las horas de formación teórica ascenderían a 400 -la sentencia destaca que los demandados solo pudieron acreditar 320- y que los estudiantes aprenderían cómo manejar "la nueva política en un mundo globalizado" en el campus que la Rey Juan Carlos posee en el distrito madrileño de Vicálvaro.

La defensa de Vonselma recalca tres cosas: que la sentencia "no es firme" y fue dictada "en solitario" por una magistrada de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid; que ni el contrato ni ningún documento hacía constar que se tratase de un máster reconocido al amparo de la Ley de Universidades (LOU); y  que el curso sí preveía 400 horas pero que el alumno "no llegó a recibir el calendario del último tramo". 

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En conversación telefónica desde Quito con este diario, Fabricio Betancourt desmiente tajante esa versión. Betancourt, consultor político, desplegó este jueves toda la impotencia, la rabia y el amargor que le dejó adelantar 4.000 euros que ni siquiera han regresado aún de vuelta a su bolsillo y tener que volar de nuevo a Ecuador para obtener un nuevo visado tras el cambio de matrícula a una universidad catalana.

En Madrid creyó estar ante un título expedido por "una universidad pública de prestigio". "Pero –agrega– llegas allá, te encuentras a un guardia [de seguridad] en la puerta del edificio, le preguntas por la Universidad Rey Juan Carlos, te mira como diciendo que qué le estás preguntando, subes, ves que es un departamento donde tiene la sede Vonselma, que el salón de reuniones lo preparan como aula con unas sillas y que la encargada de acomodación y del servicio de taxis aparece como profesora". Ahora, sigue esperando al Supremo.