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Interior analiza las campañas de HazteOir en su expediente para revocarle la utilidad pública

El autobús tránsfobo de HazteOír.

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El Ministerio del Interior inició a finales de agosto el procedimiento para revocar la declaración de utilidad pública a la organización HazteOir, según consta en el escrito notificado a la entidad el pasado 28 de agosto. En su actuación, el Ministerio requiere a la organización para que informe con detalle de todas las campañas llevadas a cabo desde 2013, año en el que le fue otorgada esta declaración.

"Una cosa es promover determinados valores y otra diferente hacerlo mediante actuaciones que puedan resultar ofensivas hacia determinadas personas o colectivos –asegura Interior–. Todo lo cual hace que en la asociación pueda decaer el requisito fundamental del respeto al interés general".

En el documento, que tiene fecha 23 de agosto y ha sido difundido por la propia organización, el departamento dirigido por Fernando Grande Marlaska informa de que la ONG tiene quince días para presentar alegaciones. El expediente contará con toda la documentación facilitada por la organización y también recabará de los medios de comunicación toda información referida a campañas de HazteOir de los últimos cinco años. La unidad instructora del procedimiento es el Servicio de Utilidad Pública de la Subdirección General de Asociaciones, Archivos y Documentación de este ministerio.

En su escrito, Interior considera que la actividad "razonablemente" puede no responder a las exigencias recogidas en la normativa que regula el derecho de asociación. A juicio de este departamento, el posible incumplimiento sobrevenido de los requisitos de la declaración de utilidad pública se concreta en que, según distintas informaciones y respecto de las actividades de 2017, se ha constatado que la asociación difundió a través de un autobús y una avioneta mensajes que "pudieran ser incompatibles con los derechos de personas que han elegido otras opciones vitales distintas de las que defiende dicha asociación".

Junto a ello, añade que la asociación ha presentado las cuentas correspondientes a 2017 fuera del plazo legalmente establecido.

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HazteOir.org considera esta actuación un "ataque a las libertades y un ejercicio de censura y represión ideológica". "Querer quitarnos la utilidad pública refleja el afán de censura y represión del gobierno frentepopulista de Pedro Sánchez", asegura. A su juicio, la actuación del Gobierno puede incurrir en un "posible delito de odio y lo considera una "venganza ideológica para "contentar a Podemos y otros partidos de extrema izquierda que le apoyan en su mandato".

El presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, asegura que el lema de la campaña que desató la polémica, 'los niños tienen pene y las niñas tienen vulva', "se afirma en todos los libros de Biología, incluso en los que estudiando los niños españoles en los colegios" y, por tanto, no puede ser objeto de persecución.

"¿Lo que le molesta al Gobierno es que denunciemos que los activistas de algunas asociaciones LGTBI se están introduciendo en las aulas para adoctrinar a nuestros hijos al amparo de las leyes que los políticos han aprobado? No le gusta que nuestra asociación tenga más de un millón de miembros y no reciba ni un euro de fondo públicos porque la mantienen los ciudadanos con sus aportaciones voluntarias. No nos van a callar con amenazas ni con presiones", añade.

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