Interior defiende comprar un camión de agua por medio millón aunque ese modelo lleva 22 años sin usarse

El Ministerio del Interior defiende la compra por medio millón de euros de un camión que lanza chorros de agua, aunque admite que lleva más de 20 años sin utilizar este tipo de vehículo en manifestaciones para proteger el orden público. El pasado mes de diciembre, cuando el Boletín Oficial del Estado desveló las intención de Interior de adquirir un camión antidisturbios para la Policía Nacional, varios diputados socialistas registraron una batería de preguntas al Gobierno en el Congreso para saber cuándo había sido la última vez que se había usado este tipo de vehículos en todas las comunidades autónomas en tareas de orden público en manifestaciones.

Ahora el Ejecutivo ha respondido a todos ellos con el mismo texto, al que ha tenido acceso Europa Press. En sus contestaciones, especifica que en la Jefatura de Unidades de Intervención Policial de la Dirección General de la Policía sólo consta que se haya hecho uso de estos vehículos "el 23 de enero de 1987, en Madrid, y el 7 de septiembre de 1991, en Valencia".

Pero aún así, el Ejecutivo justifica la adquisición de un nuevo camión antidisturbios en la respuesta que ha remitido a otro diputado que también se interesó por el mismo tema, el portavoz de la Izquierda Plural en la Comisión de Interior del Congreso, Ricardo Sixto.

Así, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz explica que "el aprovechamiento de las capacidades" de estos camiones por parte de las unidades policiales "se enmarca en la necesidad de proteger los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana frente a la acción de quienes se conducen con extraordinaria violencia durante manifestaciones y actos de concentración en detrimento del ejercicio pacífico de derecho de reunión".

Sujeto al principio de proporcionalidad 

"Se trata, en definitiva, –alega Interior–  de un medio destinado a evitar actos de violencia que pudieran producirse durante actos de manifestación y o reunión, protegiendo la integridad física de los ciudadanos, bienes y servicios esenciales". Además, en esta respuesta, recogida por Europa Press, el Gobierno subraya que el uso de estos camiones de agua está "sujeto a los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad" y que también se utilizan en otros países de nuestro entorno "como Francia, Dinamarca, Holanda, Alemania, Suiza, Portugal o Grecia, entre otros".

Por su parte, el diputado de Compromís-Equo en el Congreso, Joan Baldoví, preguntó al Gobierno por qué no destinaba los 500.000 euros que se iba a gastar en comprar el polémico camión a reforzar los juzgados que investigan asuntos relacionados con la corrupción.

Rechaza destinar ese dinero a combatir la corrupción 

En este sentido, el Gobierno defiende que los presupuestos del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia "contemplan las dotaciones económicas necesarias para el funcionamiento de los distintos órganos judiciales" y que si estos necesitan refuerzos se les conceden.

Además, aclara a Baldoví que la Ley General Presupuestaria, establece que no pueden "realizarse transferencias entre créditos de distintas secciones presupuestarias", como sería el caso que él plantaba y que implicaría un trasvase de fondos del Ministerio de Interior al de Justicia.