La investigación sobre los manejos de la empresa pública madrileña Arpegio, antiguo feudo de Francisco Granados, acaba de poner en el disparadero al Gobierno de Esperanza Aguirre al completo. Un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) fechado el 9 de mayo e incorporado al sumario de la Operación Púnica es el que asesta el mazazo. Porque el informe concluye que la decisión del Ejecutivo autonómico de encomendar a Arpegio la gestión del Prisma –el mayor plan de inversión pública desarrollado en Madrid, con 1.000 millones de euros entre 2006 y 2011– implicó en sí misma una "cuádruple infracción legal". Dependiente del Ministerio de Hacienda, la IGAE es el órgano encargado de verificar la legalidad del gasto público. Los dos acuerdos que la IGAE entiende como ilegales fueron adoptados por el Consejo de Gobierno de Madrid el 2 de febrero de 2006 y el 25 de septiembre de 2008.
El avance de las pesquisas ya había multiplicado los indicios de que Arpegio, al igual que el Canal de Isabel II, operó durante años como vehículo para el saqueo de fondos públicos a gran escala. Pero, ahora, el informe de la unidad de apoyo de la IGAE a la Fiscalía Anticorrupción no pone ya el acento en el desvío de dinero sino en el propio modelo elegido por el Gobierno madrileño para la ejecución del Plan Prisma.
El informe no entra en disquisiciones sobre si esa "cuádruple infracción legal" constituye o no un delito de prevaricación. Pero traza un dibujo de lo sucedido cuya conclusión es esta: que el multimillonario y presunto desfalco de Arpegio fue posible porque el andamiaje diseñado para ejecutar el plan Prisma implicaba la renuncia a la fiscalización previa de las adjudicaciones, eximía a la empresa pública de ajustarse en cada paso a la Ley de Contratos y dejaba en una posición de poder casi omnímodo a Francisco Granados y su equipo de confianza. Salvo el actual consejero de Medio Ambiente de Madrid, Jaime González Taboada, a quien la Audiencia Nacional no podría citar como investigado en ningún supuesto porque goza de aforamiento, todos aquellos que formaron parte de la Mesa de Contratación de Arpegio entre 2006 y 2011 están imputados en Púnica.
La IGAE es tajante. Y, punto por punto y acompañando cada afirmación de prolijas referencias jurídicas, detalla por qué habla de “cuádruple infracción legal”. El primer argumento es que ni la legislación estatal ni la autonómica autorizaban a la Comunidad de Madrid (CAM) a atribuir a Arpegio la potestad de realizar los actos jurídicos previos al cumplimiento del Plan Prisma. ¿Por qué? Porque esos actos jurídicos “deben ser acordados por la Administración de la CAM”.
Segundo, prosigue el informe, porque la normativa también vetaba que la ejecución del plan quedase en manos de “un ente instrumental sujeto a derecho privado”. Y eso exactamente eso era Arpegio. Hace un año, la presidenta Cristina Cifuentes anunció la disolución de Arpegio.
El tercer argumento de la IGAE queda resumido así: la ley tampoco permitía que se dejase la implementación del Plan Prisma en manos de un organismo carente, como Arpegio, de “los medios materiales idóneos para la realización de las actividades de carácter material o técnico”.
De hecho, y así lo remarca la IGAE, Arpegio invocó esa falta de medios para adjudicar la licitación de los contratos a una tercera empresa, DUSA, esta netamente privada y que recibió más de seis millones públicos pese a que de su solvencia –alerta el informe- "se plantean serias dudas". "Llama la atención", resalta la IGAE, que DUSA no topara con ni un solo rival en el concurso convocado pese a que estaba en juego "un contrato de cuantía muy importante". La mercantil recibió más de seis millones públicos. Y sus beneficios netos crecieron de forma exponencial: de 39.350 euros reflejados en sus cuentas de 2004 pasó a 572.349 en 2007.
En el momento de recibir el encargo de licitar los contratos del Plan Prisma, Dusa no tenía más que “seis o siete empleados”, y así lo reconoció ante la Asamblea de Madrid su principal directivo, Adolfo Fernández Maestre [pincha aquí para leer la transcripción]. Maestre figura entre los investigados en la pieza de la Operación Púnica que rastrea las operaciones de Arpegio.
Uno de los grandes contratos investigados en 'Púnica' se firmó dos meses antes de que lo visara el Gobierno de Madrid
El cuarto argumento de la IGAE sobre el carácter ilegal de la decisión del Gobierno de Esperanza Aguirre resulta igualmente demoledor: que el marco normativo vigente en 2006 y en 2008 –también ahora- solo da vía libre a que la Administración delegue su competencia si concurren “razones de eficacia o que el encomendante no posea los medios técnicos idóneos para la realización de las actividades de carácter material o técnico”.
Pero la Comunidad de Madrid, recalca el informe, sí “disponía de los medios personales y materiales necesarios para la ejecución del Plan Prisma”. Ese aserto lo sustenta la IGAE citando literalmente los argumentos de la propia Comunidad: aquellos manejados en el propio decreto del Gobierno de Aguirre que aprobaba el Plan Prisma para el periodo 2006-2007 y donde se dejaba constancia de que la Administración regional había desarrollado “con sus propios medios” los dos los planes anteriores homónimos. Esos dos primeros Prisma se lanzaron entre 1997 y 2005 y sumaron una inversión de casi 1.300 millones.
La investigación sobre los manejos de la empresa pública madrileña Arpegio, antiguo feudo de Francisco Granados, acaba de poner en el disparadero al Gobierno de Esperanza Aguirre al completo. Un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) fechado el 9 de mayo e incorporado al sumario de la Operación Púnica es el que asesta el mazazo. Porque el informe concluye que la decisión del Ejecutivo autonómico de encomendar a Arpegio la gestión del Prisma –el mayor plan de inversión pública desarrollado en Madrid, con 1.000 millones de euros entre 2006 y 2011– implicó en sí misma una "cuádruple infracción legal". Dependiente del Ministerio de Hacienda, la IGAE es el órgano encargado de verificar la legalidad del gasto público. Los dos acuerdos que la IGAE entiende como ilegales fueron adoptados por el Consejo de Gobierno de Madrid el 2 de febrero de 2006 y el 25 de septiembre de 2008.