Los indicios de que implicados en la Operación Lezo están moviendo fondos desde el extranjero y dando pasos para ocultar documentos incriminatorios sobre los manejos del Canal de Isabel II en Latinoamérica subyacen tras el operativo desplegado este lunes en la ciudad colombiana de Barranquilla por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Apenas tres semanas después de que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y su homólogo del país centroamericano, Néstor Humberto Martínez, anunciasen en Madrid una investigación conjunta, la Audiencia Nacional ha emprendido una carrera a contrarreloj para evitar que el dinero oculto en Colombia se esfume en dirección a paraísos fiscales ilocalizables, así como que desaparezcan los papeles necesarios para probar el desvío multimillonario de fondos públicos de Madrid y el posterior –y presunto– enriquecimiento de políticos y cargos públicos: españoles y colombianos. Los delitos perpetrados, sostienen las fuentes consultadas, reportaron cantidades "ingentes" a los investigados.
A las entradas y registros que tienen por escena la ciudad caribeña, sede de Inassa, la principal filial latinoamericana del Canal, y sede también de otra subsidiaria importante para la investigación, Triple A, se suman varias solicitudes formuladas por la Audiencia Nacional y que, según las fuentes consultadas, pueden tener un efecto inmediato: la localización y bloqueo de cuentas, cajas de seguridad y propiedades inmobiliarias a nombre de Edmundo Rodríguez Sobrino, hasta 2016 hombre fuerte de Ignacio González al otro lado del Atlántico.
El bloqueo también afectará a los bienes a nombre de su hija, de quien los investigadores sospechan que puede estar camuflando activos que realmente pertenecen a su padre. En el escenario aparecen dos sociedades panameñas presumiblemente vinculadas a la familia. Bajo la lupa se sitúan también dos antiguos directivos de las filiales colombianas del Canal: Diego Fernández Arias, factótum de Rodríguez Sobrino en Inassa, y Ramón Navarro, exgerente de Triple A.
Entre los documentos que Anticorrupción y la Guardia Civil buscan en Colombia figuran, por ejemplo, todas las actas de las reuniones de la junta directiva de Inassa celebradas entre 2012 y 2014, periodo que comprende la adquisición de la compañía brasileña Emissao. Según el primer juez instructor del caso, Eloy Velasco, la compra de Inassa implicó una malversación de más de 20 millones y el enriquecimiento ilegal de algunos de los supuestos partícipes se produjo en noviembre de 2013.
El papel de Rodríguez Sobrino
Rodríguez Sobrino ocupa un papel central en la investigación sobre las operaciones de Inassa, por la que el Canal pagó 83 millones de euros a finales de 2001 en lo que el juez Eloy Velasco tildó de operación "fraudulenta". Doce años después, en 2013, el Canal articuló a través de Inassa y utilizando una sociedad panameña la compra de la "hipervalorada" firma brasileña Emissao, que costó 21 millones de euros al erario madrileño.
El expresidente de Inassa es uno de los cuatro investigados que permanecen en prisión desde el 21 de abril por orden del juez Eloy Velasco. Instructor del caso Lezo y de la Operación Púnica, dos de los principales asuntos judiciales que mantienen en vilo al PP, Velasco acaba de abandonar el juzgado 6 de la Audiencia Nacional para incorporarse a la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. La Sala de Apelaciones nace con la misión de revisar las sentencias que dicte la Sala de lo Penal.
Rodríguez Sobrino entró en la cárcel, sin posibilidad de fianza, el mismo día que el principal investigado del caso, el expresidente madrileño Ignacio González. Su hermano, Pablo González, y la exdirectora financiera del Canal, Fernanda Richmond, también se encuentran entre rejas. Saldrán si pagan los cuatro millones de caución que Velasco impuso a cada uno de ellos.
El despliegue de la comisión española en Barranquilla comenzó este lunes sobre las tres de la tarde, nueve de la mañana en Colombia. Con la presencia de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el apoyo de la Agencia Tributaria, Anticorrupción coordina el operativo.
Obtener nuevos datos sobre la oscura compra de la firma brasileña Emissao en noviembre de 2013 así como relativos a la participación de empresas offshore en el entramado tejido por quienes dirigían el Canal en la etapa de Ignacio González y al papel desempeñado por ciudadanos colombianos centran el objetivo de la delegación desplazada a Colombia.
Una malversación de 25 millones
Impulsada por Inassa, articulada a través de una empresa opaca con sede en Uruguay –Soluciones Andinas del Agua- que solo operaba con cuentas bancarias de Panamá y materializada en noviembre de 2013 con pagos que en su mayor parte se hicieron en Suiza, la compra de Emissao ocasionó, según el juez Velasco, un severo daño al Canal. En el auto por el que el 21 de abril envió a prisión a González y Rodríguez Sobrino, el magistrado cifra en “aproximadamente 25 millones de dólares la malversación y lesión al patrimonio público madrileño”.
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La resolución judicial sostiene que Emissao fue “hipervalorada ficticiamente”. Y que la operación enriqueció “injustamente a determinadas personas, ya directamente participantes en estas gestiones o intermediadas por afines a ellos”.
El auto remarca que la compra se llevó a cabo sin una tasación previa independiente, sin informes de los interventores ni autorización del Gobierno de Madrid. Y con pagos “en cuentas de terceros países con opacidad respecto de las titularidades reales”. Todavía no se sabe por qué, Inassa decidió elevar al 75% el porcentaje de Emissao que había de adquirir pese a que su plan inicial consistía en hacerse solo con el 40% y dar entrada simultánea a un segundo grupo español, Essentium. La denuncia enviada por el Gobierno de Cristina Cifuentes a la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2016 ya alertaba de las irregularidades detectadas en esa adquisición.
Como ha publicado este lunes infoLibre, tres de los actuales directivos del Canal formaban parte de la junta directiva de Inassa durante el proceso de compra de Emissao. Pero los portavoces del actual equipo rector del grupo público sostienen que ninguno de los tres participó jamás en ninguna de las reuniones de la junta -órgano a caballo entre el consejo de administración y el comité de dirección– ni estuvo al tanto de las decisiones que iba adoptando la compañía colombiana. "Todo se lo cocinaban entre Edmundo Rodríguez Sobrino y Fernanda Richmond", resumen las fuentes.
Los indicios de que implicados en la Operación Lezo están moviendo fondos desde el extranjero y dando pasos para ocultar documentos incriminatorios sobre los manejos del Canal de Isabel II en Latinoamérica subyacen tras el operativo desplegado este lunes en la ciudad colombiana de Barranquilla por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.