La actividad empresarial rara vez se sitúa en el ojo del huracán de la discusión política. Pero en los últimos meses encontramos dos excepciones: el traslado a los Países Bajos de Ferrovial y la irrupción en Telefónica de Arabia Saudí. Los dos casos tienen en común la aparición de expresiones de preocupación por la pérdida de españolidad de la compañía. En el primero, las críticas –sobre todo desde la izquierda– se dirigían contra la empresa de Rafael del Pino por una supuesta falta de compromiso fiscal con el Estado para el que tanta obra pública ha hecho. En el segundo, las alertas sonaron –sobre todo desde la izquierda– ante la condición de máximo accionista de la estratégica teleco que adquiría una operadora tecnológica, STC Group, controlada por un fondo soberano en cuya cúspide está Mohammed bin Salam, príncipe heredero del régimen de los Saúd, principal sospechoso de ordenar el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y líder político de una dictadura, Arabia Saudí, señalado por constantes vulneraciones de derechos humanos.
Sí, centrándonos en el caso de Telefónica, desde luego hay asuntos para el debate. infoLibre aborda con cuatro especialistas en economía global y política económica la principal cuestión que la operación Telefónica pone encima de la mesa: la posible necesidad de incrementar la protección frente al capital extranjero de las empresas estratégicas, especialmente si proviene de dictaduras. ¿Es factible? ¿Es deseable? ¿Existen herramientas para ello?
"Con las manos atadas" y sin estrategia
El caso de STC y Telefónica es sintomático de al menos dos problemas, según el análisis de Roy Cobby, profesor en el King's College y coautor de un informe-propuesta para revertir la desindustralización en España. Para empezar, que en el "juego empresarial" global España participa "con las manos atadas", porque Arabia Saudí sí puede entrar en una estratégica española, pero no al revés. Además, afirma, el episodio demuestra que "no tenemos estrategia clara de política industrial" ni "que se ocupe del problema financiero". "Los fondos son cada vez más importantes en la escena internacional. No sólo para obtener beneficio pasivo, colocando inversiones en empresas rentables, sino también para articular una dirección productiva", señala. "España tiene el ICO [Instituto de Crédito Oficial] pero carece de una banca pública como la KfW alemana, que tiene una importancia participación en el Deutsche Bank, o como otros bancos de desarrollo", afirma Cobby, que reclama "una visión de portfolio de los sectores estratégicos españoles" para actuar sobre ellos y ser capaz de provocar "cambios estructurales".
Cobby cree que es interesante "valorar" si es "conveniente" que Arabia Saudí acceda a la primacía en una compañía con "bancos de datos" del valor de los que atesora Telefónica, pero puntualiza que unas trabas ad hoc a su entrada en el capital de la compañía podrían generar "problemas" con aquel país, del que nadie ignora su capacidad para hacer daño económico.
En Cobby se da un enfoque que es común a todos los consultados: al margen del énfasis que pongan en la necesidad de apurar opciones para un posible veto a esta operación, coinciden en mostrar escepticismo sobre la posibilidad de que en este caso se acabe adoptando alguna medida en contra. Los deberes, coinciden, debieron hacerse antes, y la pérdida de músculo empresarial del Estado delimita unos márgenes estrechos.
"Mucho postureo"
Profesora en la Universidad de Sevilla, cuando Carolina Márquez imparte la asignatura de Economía Mundial, es decir, en su día a día en el aula, fenómenos como los analizados en este artículo son "el pan nuestro de cada día". Es partidaria de abordar las cuestiones "en lo profundo" y no "quedarse en la superficie", que es donde –a su juicio– se despliegan la mayoría de críticas a la operación. "Hay mucho postureo al hablar de aplicar ahora el escudo antiopas. ¿Alguien se lo cree? Dependemos energéticamente de Arabia Saudí, les vendemos armas, les compramos petróleo, grandes empresas españolas tienen intereses allí. Cualquier obstáculo sería un gran conflicto", señala, restando credibilidad a quienes amagan con tomar medidas para evitarlo.
Los hechos parecen dar la razón a la profesora Márquez. Tras una primera reacción de cautela, de advertencia sobre la necesidad de estudiar la operación sin descartar un veto por parte del Consejo de Ministros, las valoraciones del ala socialista del Gobierno acabaron inclinándose hacia el plácet, incluso con un punto de celebración. "¡Qué bien que existan inversores tan importantes como los fondos soberanos!", ha afirmado el ministro José Luis Escrivá, que ha aplaudido que el Public Investment Fund (PIF), controlado por la familia real saudí, "apueste por España". No es una valoración unánime en el Ejecutivo. Las ministras Yolanda Díaz, Ione Belarra e Irene Montero rechazan la operación. La vicepresidenta de Trabajo en funciones incluso afirma que estudia cómo pararla. Desde los partidos, se ponen los más duros calificativos. Enrique Santiago (IU) llama a impedir que Telefónica pase a manos de una "dictadura feudal". Pablo Echenique (Podemos) habla de "teocracia asesina".
Márquez cree que el debate político está instalado en el plano "superficial". ¿Y dónde estaría "lo profundo" de la cuestión? En comprender, explica, que la "función del Estado" en España viene siendo "hacer más grandes a las grandes empresas" y que la irrupción de Arabia Saudí en Telefónica es coherente con la lógica de la política económica desde las privatizaciones. "Si a una empresa le conviene la entrada de un capital, como en este caso de Telefónica, pues se le permite", añade la profesora, que recuerda que el propio Estado hace negocios con Arabia Saudí.
De hecho, es literal: Navantia y SAMI, la compañía saudí de defensa, formaron en 2019 un sociedad conjunta, Sanni, que ha obtenido casi 50 millones de beneficio en dos años. Y Cofides, una entidad en cuya composición coinciden el Estado y los bancos Santander, BBVA y Sabadell, tiene acuerdos de coinversión con fondos soberanos de autocracias como Qatar y Emiratos Árabes. A juicio de Márquez, si la irrupción de Arabia Saudí en Telefónica desvela "el precio de su privatización", la colaboración con el reino del desierto tanto de empresas como del Estado por exigencias de los negocios revelan "la exclusión de las cuestiones éticas" de los debates sobre política economía, especialmente cuando afectan a los intereses de las empresas. "Ante cualquier objeción, la respuesta suele ser: 'Es que las empresas no son hermanitas de la caridad", afirma.
Un problema teórico, ideológico, ético
Quienes rechazan tan poderosa entrada de Arabia Saudí en Telefónica suelen invocar dos razones. La primera es que, por el carácter estratégico de la teleco –con acceso a ingentes cantidades de datos personales, relevante en la oferta cultural, con contratos con Defensa–, no debe tener como accionista mayoritario a un Estado extranjero. La segunda es que ese Estado tiene como forma de gobierno una monarquía absoluta represora, que persigue la homosexualidad, discrimina a la mujer, realiza ejecuciones colectivas, tiene prohibidos los partidos y los sindicatos y encarcela a discrepantes, como alerta Amnistía Internacional. Además, Arabia Saudí practica una geopolítica multipolar en la que, sin dejar de hacer negocios con Estados Unidos, se acerca a China e invierte junto a Rusia precisamente a través del PIF, el fondo tras la operación en Telefónica.
Los defensores, o quienes al menos evitan cuestionar la operación, suelen recurrir a la carta del realismo. Arabia Saudí –argumentan– cuenta con una ingente cantidad de fondos para invertir, obtenidos por la venta de petróleo, y es inevitable –e incluso positivo– que, dentro de las reglas de la libre circulación de capitales, quiera entrar en el accionariado de compañías del valor añadido de Telefónica. Además –continúan–, si de verdad hubiera riesgo, Defensa puede vetar la operación, al superar un 5% en una compañía con contratos militares.
Una fuente del sector financiero observa el debate generado con escepticismo y lo califica de "ruido pasajero". A su juicio, "las objeciones se ponen por cumplir, para la parroquia, porque cualquiera con un mínimo conocimiento del mundo de la empresa y la política internacional puede entender que, con el poder que tiene Arabia Saudí, no podemos [el Gobierno de España] parar su entrada en Telefónica". En cuanto a los argumentos a favor, añade, "se evita poner en la mesa las explicaciones más cínicas, que son las más reales", como que "si hay mucho dinero de por medio las democracias miran para otro lado, como ha pasado en [el Mundial de] Qatar", y que en realidad "nada de lo que ha pasado es tan nuevo" como puede parecer. "Qatar también es mayoritario en Iberdrola [tiene el 8,69% a través de un fondo soberano] también es estratégica y también trabaja con Defensa y en general muchas de las principales empresas españolas son cada vez menos españolas", concluye.
Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, cree que la irrupción saudí en Telefónica ha provocado una reacción "hipócrita", sobre todo de sectores liberales que no hicieron caso a las alertas de los riesgos de las privatizaciones de empresas estratégicas, tanto de esta compañía como de otras. "Fíjate, se dijo que había que privatizar Endesa porque no podía ser pública... y ahora la controla el Estado italiano", afirma, a título de ejemplo, para no limitar su análisis a Telefónica. Torres cree que lo fundamental es que que España carece de una arquitectura institucional capaz de evitar o corregir el liderazgo accionarial en empresas clave por parte de capitales extranjeros, incluso de regímenes dictatoriales. "Cuando llega un caso como este, todo son dificultades para actuar. Porque, si lo hicieras, se te podría acusar de discriminar a unas empresas respecto a otras", dice.
En el orden práctico, Torres es partidario de endurecer las normas y aplicarlas con rigor, no de enredarse en declaraciones sin consecuencias concretas ante los hechos consumados. Pero cree que hay además un problema teórico, ideológico, incluso ético, que dificulta la respuesta institucional. "Hacer negocio con dictaduras retrógradas –no es que haya dictaduras progresistas, pero sí las hay especialmente deleznables– es una manifestación de cinismo e incoherencia y de abandono de principios", señala el autor de títulos como Econofakes o Más difícil todavía, para quien en la izquierda, a la que atribuye la responsabilidad de introducir "ideas novedosas y principios rompedores" en la discusión política, existe una "falta de pensamiento crítico".
"Ideas como el 0,7% [para los países en desarrollo] o la tasa Tobin han salido de los movimientos sociales, no de los partidos, que están instalados en el más absoluto presentismo, en el día a día, ¡en el minuto a minuto!", afirma. Según Torres, esa falta de profundidad intelectual conduce a una incapacidad para armar una respuesta política y social firme ante casos como el de la irrupción saudí.
"Falta de herramientas"
La pandemia arrasa con todo... salvo con la inmunidad de los paraísos fiscales
"Hay razones para estudiar, y en su caso impedir con todo el derecho, la entrada de Arabia Saudí en Telefónica. Es planteable", afirma José Antonio Alonso, catedrático de Economía Aplicada de la Complutense, que cree que el Gobierno se puede acoger a la normativa desarrollada para la protección de sectores estratégicos a raíz de la pandemia. Ahora bien, se muestra consciente de los obstáculos, para empezar el de ser percibido como un poder político arbitrario. Los gobiernos, no sólo el español, "se mueven sobre una cuerda floja", ya que necesitan inversiones al mismo tiempo que quieren conservar un cierto control de sectores estratégicos, por lo que surgen conflictos, explica. "Pasa como con la fiscalidad, sobre todo en los países en desarrollo: el afán de atraer inversiones descompone los sistemas fiscales y debilita la capacidad de los Estados", afirma. Más allá de la respuesta concreta en este caso, cree que es necesario el desarrollo de un "sector público empresarial verdaderamente fuerte", así como de un "banco de desarrollo que apoye inversiones estratégicas y que ahora debería centrarse en la transición ecológica".
"Más que una renacionalización, pienso en un mayor esfuerzo inversor público" con incidencia en el tejido empresarial, afirma el profesor, que ve "falta de herramientas" para ello. ¿La SEPI? Parte de una concepción "marginal" de la política industrial", con acciones "más paliativas que proactivas". ¿El ICO? "Habría que reforzarlo como banco oficial de desarrollo sostenible, con tareas de coordinación y de creación de mercados", en la línea del "Estado emprendedor" que propugna la economista Mariana Mazzucato. ¿Cofides? Es una "gestora de fondos públicos", con "buenas capacidades técnicas", y "cualquier reformulación deberá contar" con esta entidad, dice. Sí, hay un pero: es, dice, "un animal extraño, con un problema de definición", que tampoco actúa como banco de desarrollo.
Lo que Alonso rechaza de plano es el argumento de que no se puede limitar el acceso de capitales a empresas estratégicas, ni establecer límites a la penetración de dictaduras, por temor a represalias, a pérdida de capacidad de atracción de inversiones o a trabas para hacer negocio en los países afectados. "Lo más importante para atraer inversión es la calidad institucional. En cuanto a nuestras posiciones inversoras fuera, por ejemplo en Oriente Medio, debemos tener una visión más dinámica y confiar en las capacidad de nuestras empresas para encontrar mercados", explica el profesor, que cree que fenómenos como el covid han contribuido a romper el "consenso transversal" contrario a un sector público fuerte que inspiró las privatizaciones durante los gobiernos de Felipe González (PSOE) y José María Aznar (PP). Privatizaciones que, a su juicio, siguen desplegando efectos negativos. En el caso de Telefónica, más de 25 años después.
La actividad empresarial rara vez se sitúa en el ojo del huracán de la discusión política. Pero en los últimos meses encontramos dos excepciones: el traslado a los Países Bajos de Ferrovial y la irrupción en Telefónica de Arabia Saudí. Los dos casos tienen en común la aparición de expresiones de preocupación por la pérdida de españolidad de la compañía. En el primero, las críticas –sobre todo desde la izquierda– se dirigían contra la empresa de Rafael del Pino por una supuesta falta de compromiso fiscal con el Estado para el que tanta obra pública ha hecho. En el segundo, las alertas sonaron –sobre todo desde la izquierda– ante la condición de máximo accionista de la estratégica teleco que adquiría una operadora tecnológica, STC Group, controlada por un fondo soberano en cuya cúspide está Mohammed bin Salam, príncipe heredero del régimen de los Saúd, principal sospechoso de ordenar el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y líder político de una dictadura, Arabia Saudí, señalado por constantes vulneraciones de derechos humanos.