Izquierda Unida avisó este martes de que adoptará todas las medidas que tenga en su mano, incluidas denuncias judiciales, si el Gobierno no toma medidas para remover los obstáculos que se están encontrando los emigrantes españoles, tanto los permanentes como los que viven temporalmente fuera del país, para poder ejercer con normalidad su derecho a voto en los comicios locales y autonómicos del próximo 24 de mayo.
Así lo anunció el portavoz de Justicia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso y candidato por Asturias, Gaspar Llamazares, quien registró una queja por este asunto ante la Junta Electoral Central (JEC), acompañado por el representante general de la formación en el organismo arbitral, Adolfo Barrena (y secretario de Organización federal), y el candidato de IU a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Luis García Montero.
Llamazares recalcó que con la imposición del voto rogado en las generales de 2011, la abstención entre los emigrantes llegó al 98% lo que, a su juicio, supuso un "escándalo democrático" que podría reeditarse ahora y que, a su juicio, en otros países podría conllevar la "anulación de algunos de los resultados". Además, subrayó que el colectivo de emigrantes con derecho a voto engloba a 1,8 millones de electores (240.000 sólo de Madrid y 106 de Asturias), con lo que constituyen la tercera o la cuarta circunscripción "empatados con la Comunidad Valenciana".
En su escrito [consúltalo aquí en PDF], IU solicita a la JEC que tome todas las medidas que considere oportunas para garantizar el derecho a voto de los emigrantes y que, en especial, inste a la Administración General del Estado a actuar de forma urgente para que los españoles residentes en el exterior puedan pronunciarse en las urnas "con todas las garantías".
La federación de izquierdas recoge en su escrito las quejas realizadas los propios colectivos de emigrantes que han denunciado trabas para poder solicitar el voto, un trámite imprescindible para poder participar en los comicios.
La web del INE no funciona
Llamazares destacó, por ejemplo, que la página web habilitada al efecto por el Instituto Nacional de Estadística (INE) no funciona bien, que los faxes de los consulados "comunican" constantemente y que los emigrantes temporales que ya se habían inscrito con anterioridad en el Censo Electores Residentes Temporalmente Ausentes (ERTA) se están encontrando con problemas para hacerlo de nuevo. También reclamó que, para empezar, se amplíe el plazo para la solicitud del voto rogado que, en principio, concluye el próximo sábado día 25 de abril.
Por otro ello, IU pide a la JEC que inste a la Administración a revisar el funcionamiento de la web del INE y a reforzar el equipamiento de fax de las delegaciones provinciales de las oficinas del Censo Electoral "para evitar el atasco que está dificultando la recepción de las solicitudes de voto" que los interesando intentan enviar "infructuosamente".
Igualmente, reclama que se facilite a los emigrantes temporales su inscripción en el Registro de Matrícula Consular aunque ya lo hubieran hecho con anterioridad en el mismo o en otro consulado y que las delegaciones consulares habiliten horarios y empleados para poder dar prioridad a la información electoral que reclaman los emigrantes.
Llamazares incidió en que gran parte las dificultades con las que chocan los emigrantes tiene su origen en la reforma de la Ley Electoral de 2011, pactada por PP, PSOE y los nacionalistas de CiU y PNV, por la que se excluyó a los inscritos en el CERA de participar en elecciones municipales y se obligó a todos los emigrantes (ya sean temporales o permanentes) a pedir expresamente el voto en sus respectivos consulados como condición previa a poder ejercer su derecho (sea en embajadas o por correo).
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La implantación del requisito del voto rogado tuvo sus efectos ya en las generales de 2011, donde disminuyó considerablemente el voto emigrante, que sólo llegó al 2%. Por eso los dos grandes partidos se comprometieron a revisar esa última reforma. Sin embargo, de momento no se han puesto manos a la obra y conservadores y socialistas se culpan mutuamente de ello. De hecho, hace más de un año el Congreso aceptó tramitar una propuesta en este sentido aprobada por el Parlamento gallego, pero en todo este tiempo no se han activado los trabajos para ello y el texto sigue congelado en la Comisión Constitucional. Y mientras PP y PSOE se han vuelto a cruzar acusaciones estos días culpándose mutuamente de no haber revocado aquella reforma.
Llamazares achacó esta negativa de PP y PSOE a anular el voto rogado a que ambos "saben el cabreo que hay por parte de los ciudadanos y que van a votar de una forma muy crítica". En la misma línea, García Montero señaló que "esta injusticia" no se corrige porque la mayoría de los emigrantes "han pagado la crisis en sus propias carnes" y a los dos grandes partidos no les interesan "votos negativos".
Izquierda Unida avisó este martes de que adoptará todas las medidas que tenga en su mano, incluidas denuncias judiciales, si el Gobierno no toma medidas para remover los obstáculos que se están encontrando los emigrantes españoles, tanto los permanentes como los que viven temporalmente fuera del país, para poder ejercer con normalidad su derecho a voto en los comicios locales y autonómicos del próximo 24 de mayo.