La dirección federal de IU ha acabado tomando las riendas de las responsabilidades políticas por el escándalo de las tarjetas, ante la inacción de la cúpula madrileña. La Presidencia Ejecutiva Federal (PEF), el órgano que integra una setentena de miembros, y en el que están sentados todos sus barones, aprobó en la noche de este lunes, tras más de cinco horas de debate, exigir la dimisión de todos sus cargos orgánicos e institucionales a "todos los coordinadores de Izquierda Unida-Comunidad de Madrid (IU-CM) en los momentos en los que se tomaban decisiones en Caja Madrid". La federación madrileña tiene tres días para poner nombres y apellidos, pero hay uno que ya parece muy obvio: el del actual portavoz en el Ayuntamiento de la capital, Ángel Pérez, líder regional de 1993 a 2000. Aunque también está por ver que este movimiento clave no acabe alcanzando al sucesor de Pérez al mando de IU-CM (entre 2000 y 2002), Miguel Reneses, secretario federal de Organización (y mano derecha de Cayo Lara) desde 2008. Aunque este último extremo no parecía tan claro.
La ira de los distintos territorios contra IU-CM se había ido cociendo en las últimas semanas, desde que estalló el escándalo de las tarjetas black. En principio, se confió en que la cuestión la resolviera la afectada, la federación madrileña, a cuyo frente se encuentra, desde diciembre de 2012, Eddy Sánchez. Pero aquello no surtió efecto. IU-CM creó una comisión de investigación interna que, tras poco más de una semana de trabajos, focalizó toda su atención en un asunto colateral, aunque importante: el hecho de que el hombre fuerte de Miguel Blesa en Caja Madrid, Enrique de la Torre, pagase con su visa opaca la fianza de un recurso que IU presentó en 2009 contra una decisión del Gobierno de Esperanza Aguirre. La información aparecía en un correo del expresidente de la entidad que publicó infoLibre el 6 de octubre. Halló responsable político a quien en aquel momento dirigía el área de Política Institucional (y, en consecuencias, las relaciones con la Caja), Antero Ruiz. A él le pidió el escaño y, tras su negativa, decidió suspenderle de militancia y abrirle expediente sancionador. Pero IU-CM se detuvo ahí. No hizo más.
Malestar creciente
El gesto de hacer cargar todo el peso de la responsabilidad en Ruiz generó un profundo malestar en la mayoría de territorios e incluso en el corazón de poder del Partido Comunista de España (PCE), médula espinal de IU. El clamor, más o menos explícito, y plasmado en duras resoluciones, era generalizado: había que cortar más cabezas para impedir que el fuego se reavivase, para demostrar que IU procede de forma ejemplar, para exhibir que toma nota, no sólo echando a los que se sentaron en los consejos de administración de Caja Madrid –que ya dejaron su carné hace dos años–, sino dirigiéndose a los que, "por acción u omisión", ampararon prácticas "fraudulentas" o "clientelares" en la entidad. En suma: se quería que se depurase responsabilidades hasta el final, sin miedo, y se exigía que si IU-CM no hacía los deberes, asumiese el mando la dirección de Lara. Se interpretó que el puñetazo en la mesa era necesario en un momento, además, de fortalecimiento de las expectativas electorales de Podemos.
El coordinador escuchó las críticas y el hartazgo con el comportamiento de Madrid en su reunión con los coordinadores el 26 de octubre. Y volvió a escuchar las quejas dos días después, en la cita de su ejecutiva, el día 26. En ese encuentro se aprobó demandar a IU-CM que siguiese investigando, que no se detuviera sólo en el tema del pago de De la Torre. Pero la federación madrileña hizo oídos sordos. Consideraba que había hecho sus deberes. Ni discutió la petición del federal en su reunión del 3 de noviembre.
También por Fundeste
El ambiente previo a la Presidencia Federal de ayer, pues, era ya muy tenso y claramente escorado contra IU-CM. Lo fue. Según relataron distintos dirigentes a infoLibre, varios responsables, empezando por los barones regionales, demandaron contundencia, vista la exposición de la comisión de transparencia, el foro creado por la ejecutiva federal para arrojar luz sobre la actuación de los representantes de IU en las cajas de ahorros de todo el Estado y garantizar la depuración de responsabilidades. Entre las voces más duras que se oyeron, las de los coordinadores de Andalucía y Valencia, Antonio Maíllo y Marga Sanz, dos de los territorios de mayor peso. No habló esta vez el diputado Alberto Garzón, responsable de Proceso Constituyente y Convergencia, con la pretensión de que la segura respuesta que daría Madrid no se convirtiese en un ataque "personal" contra él. El peso de las críticas lo llevaron, pues, las federaciones. El hilo conductor de la mayoría de intervenciones fue uno: los coordinadores de IU-CM que tuvieron que ver con la toma de decisiones en Caja Madrid debían caer, al igual que el máximo responsable durante años de la Fundación de Estudios Municipales y Territoriales (Fundeste), por la opacidad de sus cuentas y de su actividad.
Faltó Eddy Sánchez, pero le representó la secretaria de Comunicación madrileña, Lidia Fernández, quien advirtió, según la narración proporcionada por distintas fuentes, de que no se podía consentir la injerencia contra la federación, que aquella persecución del resto de IU era prácticamente "inquisitorial", que no se cargase contra Madrid porque Madrid respondería.
Izquierda Abierta, el partido de Gaspar Llamazares y Montse Muñoz, mantuvo una posición más "garantista". Demandó ir hasta las últimas consecuencias en la petición de responsabilidades, "pero con rigor"; dar traslado a los afectados y abrir un periodo de posibles audiencias; delegar en IU-CM la concreción de las medidas, aunque de forma ágil, y crear mecanismos de control y fiscalización para que estas situaciones no se repitan (o sea, que la comisión de transparencia sea "permanente e integral"). IzAb quiere que también se pregunta a la federación andaluza, por ejemplo, por qué no votó a favor de crear una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía por el caso de los cursos de formación y apoyó al PSOE, con quien cogobierna la Junta.
Lara se sitúa con la mayoría
Las "amenazas" de IU-CM no amedrentaron a los demás miembros de la Presidencia. Al final, se aprobó por amplísima mayoría –votaron en contra Lidia Fernández y la edil madrileña Milagros Hernández, ambas cercanas a Pérez– una resolución en la que se pidió la dimisión de sus cargos orgánicos e institucionales a "todos los coordinadores de IU-CM en los momentos en los que se tomaban decisiones en Caja Madrid" y al que durante años fuera presidente del patronato de Fundeste. La formulación del texto señaló directamente a Ángel Pérez, un hombre clave en la historia de la federación madrileña y que, pese a la presión de sus compañeros, se ha negado a dar un paso atrás. Durante el mandato de Pérez como coordinador, IU-CM colocó a José Antonio Moral Santín en Caja Madrid, hoy imputado por el caso Bankia y descubierto como el segundo que más gastó con su tarjeta black. El portavoz municipal defendió a capa y espada a Moral Santín incluso después de que IU hubiera presentado una querella contra todo el consejo de administración de la entidad, e insistió en que la dirección regional siempre estuvo al tanto de los movimientos de su consejero. Luego, cuando estalló el escándalo de las visas opacas, le retiró su apoyo.
La acusación a Pérez es doble, por Caja Madrid y por Fundeste. Pero durante la reunión no se puso hilo a la aguja. No se pusieron nombres sobre la mesa. Será tarea de IU-CM. En los siguientes tres días deberá decir a quiénes exige la dimisión. De lo contrario, intervendrá la dirección federal. Este domingo, de hecho, está convocado el máximo órgano de la federación entre asambleas, el Consejo Político Federal, que integran más de 200 personas.
Lara, que como coordinador hizo la intervención resumen, se situó del lado de los que pedían la adopción de medidas, consciente de que no se podía dar carpetazo a un asunto incómodo sin más. Reneses, su número dos, no votó, según algunos presentes.
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¿Quiénes han sido coordinadores de IU-CM en los últimos años? Tras Pérez (1993-2000), le siguió Miguel Reneses (2000-2002), diputado en la Asamblea de Madrid y nada menos que secretario de Organización federal. A este le sucedió Fausto Fernández (2002-2004), que renunció a su acta de concejal en Rivas Vaciamadrid y no está en primera línea. De 2004 a 2008 estuvo al frente Fernando Marín, que dimitió en su día por problemas de salud. Tras su salida, asumió las riendas una dirección colegiada durante un año –que formaron Gregorio Gordo (coordinador de la Presidencia), Lidia Fernández (Comunicación), Antero Ruiz (Institucional), Carlos Penit (Organización), Pedro Orgaz (Finanzas), Inés Sabanés (portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid) y Ángel Pérez–. De 2009 a 2012, Gordo se convirtió en coordinador, y de este heredó el cargo Eddy Sánchez. A día de hoy, Gordo es portavoz en la Cámara regional; Fernández es secretaria de Comunicación, Penit no está en la dirección, Orgaz falleció y Sabanés se marchó a Equo.
Anoche había dudas de si la resolución alcanzaba a Reneses o no, al que algunas federaciones habían señalado con sus resoluciones. Había quienes entendían que sí, como exlíder autonómico que es y por su papel de negociador en 2009, cuando como portavoz de Economía en la Asamblea pactó el acuerdo de estabilidad de la caja que firmó Antero Ruiz, pero otros apuntaban que su papel fue más tangencial en los asuntos de la entidad. Sea como fuere, la batalla está servida. Varios dirigentes consultados contaban con que IU-CM no reaccionaría ni daría nombres, por lo que abocaría a Olimpo a tomar decisiones. La intención de que el asunto de Caja Madrid no contaminase el decisivo Consejo Político –previsto para preparar la asamblea de convergencia de la próxima semana– podría frustrarse.
La prueba de que las armas están en alto la daban anoche dos elocuentes tuits de responsables madrileño, ambos lanzados al concluir la reunión, pasadas las 22.30. Uno, de un joven dirigente colaborador de Reneses en Olimpo, Julián Sánchez Urrea, y otro, de la propia Lidia Fernández. En los próximos días se comprobará si el incendio se extingue o, como es previsible, crece.
La dirección federal de IU ha acabado tomando las riendas de las responsabilidades políticas por el escándalo de las tarjetas, ante la inacción de la cúpula madrileña. La Presidencia Ejecutiva Federal (PEF), el órgano que integra una setentena de miembros, y en el que están sentados todos sus barones, aprobó en la noche de este lunes, tras más de cinco horas de debate, exigir la dimisión de todos sus cargos orgánicos e institucionales a "todos los coordinadores de Izquierda Unida-Comunidad de Madrid (IU-CM) en los momentos en los que se tomaban decisiones en Caja Madrid". La federación madrileña tiene tres días para poner nombres y apellidos, pero hay uno que ya parece muy obvio: el del actual portavoz en el Ayuntamiento de la capital, Ángel Pérez, líder regional de 1993 a 2000. Aunque también está por ver que este movimiento clave no acabe alcanzando al sucesor de Pérez al mando de IU-CM (entre 2000 y 2002), Miguel Reneses, secretario federal de Organización (y mano derecha de Cayo Lara) desde 2008. Aunque este último extremo no parecía tan claro.