Dos semanas después de fotografiarse en Abu Dabhi con el presunto autor intelectual del asesinato del periodista saudí Yamal Jashogi, al rey emérito se le puede abrir un nuevo frente. Este miércoles, veinticuatro horas antes del 40 aniversario de la Constitución, el Partido Comunista de España, Izquierda Unida y la asociación Foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas (Fai-Rade) han interpuesto una querella criminal contra Juan Carlos de Borbón por los presuntos negocios ilegales realizados durante años con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la que fuera su antigua amiga “entrañable”. En el escrito, presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se atribuyen al monarca más de media docena de delitos, entre los que se encuentran cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal o constitución de grupo criminal. Porque, en opinión de los querellantes, existen indicios de una “estructura organizada” creada y mantenida en el tiempo para “realizar operaciones de índole económico con clara apariencia de ilegalidad”.
La querella, dirigida además contra otras siete personas, se sostiene sobre la reunión que Zu Sayn-Wittgenstein mantuvo en 2015 con el empresario Juan Villalonga y con el comisario jubilado José Manuel Villarejo –ahora encarcelado–, un encuentro que fue grabado de forma subrepticia por el policía y cuyos audios fueron publicados el pasado mes de julio. Durante aquella cita, la consultora alemana aseveró que el rey emérito tenía cuentas en Suiza a nombre de su primo Álvaro de Orleans y del abogado suizo Dante Canónica. Además, aseguró que se puso a su nombre una propiedad que el monarca marroquí regaló a Juan Carlos I, que el rey emérito había cobrado parte de la comisión del AVE a La Meca –una operación en la que también situó al empresario Juan Miguel Villar Mir– y que el director del CNI, Félix Sanz Roldán, la había amenazado de muerte. Las cintas propiciaron la apertura de la pieza denominada Carol, que acabó siendo archivada por el juez Diego de Egea al considerar que no había pruebas de tales afirmaciones.
Para Enrique Santiago, secretario general del PCE y abogado encargado de redactar el escrito, la querella busca que se investiguen “hechos muy graves de público conocimiento” ante la “pavorosa dejadez del poder Ejecutivo, legislativo y judicial”. “Hemos constatado que no todos los españoles somos iguales ante la ley”, apunta en conversación con infoLibre el también responsable Federal de Justicia e Interior de IU, que recalca además que este “enriquecimiento considerable” del monarca se llevase presuntamente a cabo “durante los años más duros de la crisis y usando las instituciones y los recursos del Estado”. “Por salud democrática, es necesaria una investigación de todos estos hechos. Si no son ciertos, que desaparezca ya la duda. Y si lo son, que se actúe en consecuencia y caiga sobre él todo el peso de la ley”, sentencia.
“Pingües beneficios opacos al fisco”
Con los audios sobre la mesa, los querellantes consideran que “son numerables los indicios racionales” que indican que el monarca podría haberse dedicado durante “buena parte” de su etapa como jefe del Estado “a diversas actividades de mediación en actividades de comercio internacional –comisionista– incompatibles con el desempeño de cargo o función pública”. “Esta actividad le habría generado y le puede estar generando en la actualidad pingües beneficios presumiblemente opacos al fisco español”, recoge la querella, que recuerda las “explicaciones sobre testaferros y sistemas de ocultamiento y/o blanqueo de dinero” contenidas en la grabación del encuentro. En este sentido, el escrito señala que “se trataría de una conducta de incuestionable ilegalidad” al margen del estatus jurídico personal de Juan Carlos I “en cada momento”, en referencia a la condición de inviolabilidad que la Constitución establece para la figura del rey.
A juicio de los querellantes, las actividades descritas en los audios “perfectamente pueden constituir”, al menos, delitos de fraude fiscal y blanqueo de dinero, “a resultas de una investigación judicial con las debidas garantías”. En su escrito, los dos partidos políticos y la asociación de abogados consideran que deben llevarse a cabo las pesquisas necesarias para dilucidar si se cometió o no alguna ilegalidad. Recuerdan, además, que “opiniones jurídicas sin duda más cualificadas” se han pronunciado en la misma línea. Así, ponen sobre la mesa el comunicado emitido por el sindicato de técnicos del ministerio de Hacienda (Gestha), un texto en el que afirmaban que las cintas “tienen la entidad suficiente” como para que la Agencia Tributaria (AEAT) “les preste la máxima atención y las verifique”. “Juan Carlos de Borbón, como cualquier otro residente fiscal en España, estaba y está obligado a declarar todos sus bienes en el extranjero en el modelo 720 de la AEAT desde el año 2013”, señalan.
Grupo criminal
La querella, además, sostiene que de las grabaciones puede desprenderse también “la presunta existencia” de una estructura organizada “con vocación criminal”, creada y mantenida para realizar operaciones económicas “con clara apariencia de ilegalidad”. La finalidad de dicha estructura, que “ha funcionado plenamente” entre 2009 y 2015, era la “presunta obtención ilícita” por el rey emérito para su patrimonio personal “de cantidades económicas presuntamente de alta cuantía” obtenidas a través de operaciones realizadas “por empresas públicas o privadas españolas”, así como el “ocultamiento” a la Hacienda y la opinión pública del dinero percibido. “Valiéndose de la Jefatura del Estado, habría intervenido en operaciones económicas entre particulares, realizando actividades prohibidas a autoridades y cobrando comisiones económicas ilegales por dicha intervención, comisiones que posteriormente habrían sido ocultadas en paraísos fiscales o lugares opacos para la Hacienda Pública”, añaden.
Dicho grupo organizado “con vocación criminal”, apostillan los querellantes, estaría integrado por cinco personas diferentes. Juan Carlos I y Corinna Zu Sayn-Wittgenstein se habrían encargado de “las negociaciones” con contratistas y contratantes. El “cobro de las comisiones ilegales” corrió por cuenta, según el escrito, del primo del rey Álvaro de Orleans, del abogado suizo Dante Canónica –“experto en ocultar cantidades económicas en paraísos fiscales mediante operaciones de ingeniería fiscal”, señalan– y del empresario Juan Miguel Villar Mir. “Parece deducirse de las grabaciones aportadas que Villar Mir también habría participado en la organización criminal descrita recaudando el importe de comisiones ilegales pagadas por contratistas y blanqueando las mismas, al menos respecto a las obras del AVE en la ciudad de La Meca”, apuntan.
La inviolabilidad del rey
Los querellantes, además, discrepan del auto emitido por el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea decretando el archivo de la pieza conocida como Carol, un escrito en el que se deslizaba que “la ruptura de la relación de amistad en el año 2009” entre Juan Carlos I y la empresaria germana es lo que “pudo haber motivado el relato de hechos” que hizo ante Villarejo. Así, señalan que “nunca se ha contemplado en nuestra legislación” que el mantenimiento o no de una relación de amistad o afectiva “pueda ser un requisito de procedibilidad o exculpación en ningún caso”. “En absoluto se ha acreditado que el cese de la relación (…) determine que el testimonio de la primera tenga que ser necesariamente falso, resentido y, por tanto, descartable”, recoge el escrito, que asevera que más bien las declaraciones de la consultora alemana pueden estar relacionadas con “un deseo bastante obvio y procesalmente previsible” de quedar “exculpada” de una serie de delitos que pudiera haber cometido.
En cuanto a la inviolabilidad del rey, apuntan que “está relacionada con las funciones propias del desempeño del cargo oficial”. En ningún caso, dicen, “consiste en un manto de impunidad sin límites para conductas de índole personal”, aunque hubieran ocurrido durante su mandato como jefe del Estado. En este sentido, señalan que “los delitos por los que ahora se accionan y las conductas realizadas para cometerlos en absoluto se corresponden con ninguna función” relacionada con su cargo. No obstante, si el Supremo decidiera asumir la interpretación “de un efecto ilimitado de inviolabilidad e irresponsabilidad” durante los años que estuvo al frente del Estado, los querellantes consideran que ello “no debería traer como consecuencia” la inadmisión de la querella porque “sin comprobación e instrucción no puede descartarse que las conductas descritas no se hayan realizado con posterioridad al 19 de junio de 2014 –cuando le sucedió Felipe VI– o incluso que sus efectos se mantengan en este momento”.
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Delitos y diligencias
El escrito considera que los hechos descritos en torno a Juan Carlos I podrían ser constitutivos de los delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias cometido por funcionario y autoridad, constitución de grupo criminal o de los tipificados en relación con las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. Siete delitos son también los que le imputan a la empresaria alemana: blanqueo de capitales, cohecho, usurpación de funciones públicas, encubrimiento, tráfico de influencias cometido por particular, corrupción entre particulares y constitución de grupo criminal. A De Orleans y Canónica, les atribuyen encubrimiento, blanqueo y constitución de grupo criminal. Estos dos últimos son también los que se imputan a Villar Mir, que añade a la lista cohecho y corrupción entre particulares. Por último, cuatro delitos se atribuyen a Villarejo y Sanz Roldán y solo uno, encubrimiento, a Villalonga.
Además, los querellantes solicitan al Supremo que se realicen varias diligencias de investigación. Por un lado, piden que se requieran los antecedentes que consten en la Agencia Tributaria en relación con el entramado financiero de sociedades offshore que Álvaro de Orleans usaba para realizar operaciones inmobiliarias en la costa gaditana. También, que se solicite a las autoridades de Mónaco y Suiza toda la información respecto a la situación patrimonial, sociedades participadas, cuentas corrientes y bienes que puedan pertenecer a Juan Carlos I, Zu Sayn-Wittgenstein, De Orleans, Canónica y Villar Mir. En cuanto al rey emérito y su primo, los querellantes también piden que se oficie a la AEAT para que aporte sus declaraciones del modelo 720 –bienes y derechos situados en el extranjero– y del 714 –impuesto sobre el patrimonio declarado– de los últimos diez años.
Dos semanas después de fotografiarse en Abu Dabhi con el presunto autor intelectual del asesinato del periodista saudí Yamal Jashogi, al rey emérito se le puede abrir un nuevo frente. Este miércoles, veinticuatro horas antes del 40 aniversario de la Constitución, el Partido Comunista de España, Izquierda Unida y la asociación Foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas (Fai-Rade) han interpuesto una querella criminal contra Juan Carlos de Borbón por los presuntos negocios ilegales realizados durante años con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la que fuera su antigua amiga “entrañable”. En el escrito, presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se atribuyen al monarca más de media docena de delitos, entre los que se encuentran cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal o constitución de grupo criminal. Porque, en opinión de los querellantes, existen indicios de una “estructura organizada” creada y mantenida en el tiempo para “realizar operaciones de índole económico con clara apariencia de ilegalidad”.