La izquierda apretará en el Congreso para que la Ley de Memoria repare económicamente a las víctimas

Casi un año después de su presentación pública, la nueva Ley de Memoria Democrática ya está lista para iniciar su tramitación parlamentaria. Será un proceso relativamente lento y, con toda seguridad, cargado de tiras y aflojas entre los diferentes grupos políticos. La derecha ha repudiado el texto de arriba a abajo y la izquierda celebra el "paso adelante"  pero cree que tiene lagunas. Tanto los socios de Gobierno como el resto de partidos del espectro progresista coinciden en señalar a infoLibre que apretarán durante la tramitación parlamentaria en varios frentes. El primero, el judicial, con la Ley de Amnistía de 1977 como principal escollo. Pero también hay intención de abrir el melón de la reparación económica de las víctimas, otro de los puntos negros que ven en un texto que las asociaciones memorialistas consideran tibio y que les gustaría enmendar a través de los grupos en la Cámara Baja.

El nuevo texto supone un salto en varios aspectos respecto a la legislación existente hasta la fecha, la del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Uno de ellos es el judicial. La Ley de Memoria Democrática contempla la nulidad de la justicia represiva, de todas esas condenas o sanciones dictadas "por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa", si bien desde ERC exigen que dichas resoluciones se declaren "ilegales". También recoge la creación de una Fiscalía especializada que investigue hechos de la guerra y la dictadura que puedan ser constitutivos de violaciones de derechos humanos. Lo que no está claro, y esa duda el Gobierno todavía no ha sido capaz de resolverla, es el margen de maniobra que tendrá esa sala del Ministerio Público para trabajar con el marco legal actual.

Ese es, justamente, uno de los puntos en los que tratarán de apretar los grupos de la izquierda durante la tramitación parlamentaria. Las fuentes consultadas coinciden en señalar que es necesario meter mano a la Ley de Amnistía, que junto con la sentencia del Supremo de 2012 se ha convertido en un muro infranqueable con el que se estrellan continuamente las víctimas cuando tratan de sentar en el banquillo a sus verdugos. Por eso, desde Unidas Podemos o EH Bildu ya avanzan que tratarán de abrir el melón de la norma de 1977. En concreto, la formación morada insistirá en derogar los dos puntos del artículo 2 que libran de asumir responsabilidades por "los delitos y faltas" que pudieran haber cometido autoridades, funcionarios y agentes del orden público. Fue uno de los motivos por los que la justicia rechazó investigar al exagente de la Brigada Político-Social Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño.

"La nueva ley tiene que acabar de una vez por todas con la impunidad franquista", dicen desde la formación vasca. No obstante, EH Bildu no se queda ahí. También pone el foco en la reparación. En este sentido, el texto levanta un muro de bloqueo a nivel económico. Nada que produzca "efectos para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, administraciones públicas o particulares" ni dé lugar a "reparación o indemnización de índole económica o profesional". "Falta incluir el derecho a reclamar la reparación económica por parte de las víctimas del franquismo que aún no hayan sido reparadas", coinciden desde Unidas Podemos. Algo que también comparte ERC: "Hay que retornar todo el patrimonio moral y económico a las familias". Según fuentes del Ejecutivo, desde 1977 se han producido compensaciones en este sentido por valor de 21.600 millones.

Ampliar el marco temporal y un Centro de Memoria

Desde el grupo parlamentario morado también presionarán para que se amplíe el marco temporal que contempla el proyecto. En la redacción actual, la ley es de aplicación para el periodo comprendido entre el golpe de Estado y la promulgación de la Constitución. Sin embargo, Unidas Podemos quiere que se alargue algo más para poder incluirse "los crímenes franquistas durante la transición cometidos con la connivencia o participación de estructuras residuales de la dictadura". Ahora mismo quedarían fuera del marco el asesinato de Yolanda González, atribuido a un grupo ultraderechista del que nunca se investigaron a fondo sus vinculaciones con las Fuerzas de Seguridad. O el caso Almería, el asesinato de tres muchachos a manos de la Guardia Civil en 1981. O el atentado contra el bar Aldana, en Alonsotegi (Bizkaia), del que Interior dijo en 2015 que no constaba en los archivos informe policial alguno.

Las fuentes consultadas por este diario también ponen el ojo en el Valle de los Caídos. Entre sus objetivos se encuentra que en el futuro pase a llamarse, directamente, Cuelgamuros –el nombre oficial del valle que alberga el complejo monumental–, en línea con lo que desde siempre han pedido las víctimas. Desde Unidas Podemos, por ejemplo, también se reclama que el texto recoja la creación de un Centro de la Memoria Democrática, "un instrumento de las políticas públicas en esta materia que funcione como un organismo de referencia de las políticas públicas y las iniciativas sociales de sensibilización en este ámbito". En Argentina, por ejemplo, el espacio que tienen para la promoción de la memoria y la defensa de los derechos humanos se ubica en el denominado Casino de Oficiales, que funcionó en su día como centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

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Un censo de victimarios

También los colectivos memorialistas están con la vista puesta en la futura tramitación parlamentaria. Principalmente, porque es una vía a través de la cual intentar introducir sus demandas en el proyecto de Ley, en el que ven muchos agujeros. Igual que la norma recoge un censo de víctimas, también exigen que se haga un listado oficial de victimarios en el que se incluyan desde "organizaciones" hasta "militares o civiles". "Que se deje claro quiénes fueron y lo que hicieron", resume Bonifacio Sánchez, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Tampoco están de acuerdo con las fechas de homenaje a las víctimas en general y a los exiliados en particular: el 31 de octubre –cuando se aprobó la Constitución– y 8 de marzo –la victoria sobre el fascismo y el nazismo–. "No tienen nada que ver. Se podría marcar, por ejemplo, el 12 de diciembre, en recuerdo a la condena del régimen franquista por parte de la ONU, o el día en el que murió Antonio Machado para homenajear a los exiliados", dice.

Sobre la mesa, muchas más exigencias. Quieren que se califiquen los crímenes de la dictadura como "delitos de lesa humanidad" –son imprescriptibles– o que se cree una oficina de atención a las víctimas del franquismo, del mismo modo que la hay para las del terrorismo. Les gustaría también una condena pública y solemne a nivel institucional, lo que se hizo en 2002 en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados les parece totalmente insuficiente. Y que la puerta de las compensaciones económicas de las víctimas no se cierre. No solo por parte de las administraciones, sino también de aquellas empresas que se beneficiaron del trabajo esclavo. El texto, en este sentido, se queda en el simple "impulsar iniciativas". Los colectivos memorialistas quiere más ambición. Un proyecto que pudiera compararse en un futuro con la Fundación Memoria, Responsabilidad y Futuro en Alemania, impulsado por el Estado y las compañías que colaboraron con el nazismo y que tuvo como resultado el pago de 4.370 millones por parte de auténticos gigantes germanos.