Joaquim Bosch (Cullera, 1965) no esconde su preocupación por la deriva autoritaria que recorre medio mundo y que ya ha provocado una involución en algunos países del entorno europeo. De ahí que su último libro, Jaque a la democracia (Ariel, 2024), sea un análisis en profundidad de la crisis de la democracia liberal y del avance de una extrema derecha que se ha hecho fuerte en las redes sociales, con unos algoritmos que priman y viralizan el odio y la desinformación. Y a la que algunos medios tradicionales están haciendo el trabajo: "Hay medios que apoyan estrategias antidemocráticas e iliberales".
El juez de Moncada atiende a infoLibre por teléfono. Durante la entrevista, habla del riesgo de que la derecha convencional acabe mutando al calor de los ultras, de la necesidad de poner freno a los bulos, de los problemas de "credibilidad judicial" o de la importancia de reforzar nuestro sistema de contrapesos hacer frente a cualquier intento de involución autoritaria: "Es conocido que los espacios de contrapeso están colonizados por el poder político". Y también de la importancia del Estado social como vacuna frente a los retrocesos: "Menos Estado social suele implicar menos democracia y más conflictos internos".
Numerosos estudios están arrojando datos preocupantes sobre los niveles de rechazo a la democracia en nuestro país. ¿Hace agua nuestro sistema democrático?
No son cifras mayoritarias, pero sí peligrosas por su entidad y, sobre todo, porque están aumentando entre la gente más joven. Esto es un indicador de riesgo, como también que en nuestro país existan ya discursos de extrema derecha que niegan la legitimidad del Gobierno y del Parlamento o afirmen que hay que ilegalizar partidos, si bien por el momento no están usando estructuralmente la violencia ni forzando el Estado de Derecho cuando ocupan cargos institucionales. Por tanto, hay que ser cuidadosos en torno a este discurso para no ir en la misma dirección que Hungría.
Menciona un par de banderas rojas ante un comportamiento político autoritario. Dos de estas alertas, la deslegitimación del adversario y la petición de ilegalización de partidos, ya han sonado en los últimos años. ¿Es España terreno abonado para una involución autoritaria como la húngara?
En la medida en que la extrema derecha española intentara seguir la estela de lo que ha ocurrido en Hungría con Viktor Orbán, donde se ha implantado una democracia autoritaria que ha anulado la supervisión de los mecanismos electorales, ha controlado el Poder Judicial y ha adoptado medidas de discriminación de todo tipo, nuestro sistema democrático entraría en espacios de riesgo.
¿Qué responsabilidad tiene la derecha convencional en el auge de la ultraderecha?
El riesgo de que pueda haber una involución autoritaria no solo procede de los partidos de extrema derecha. Las situaciones más peligrosas, de hecho, no han venido de un ascenso directo de la misma, sino de una mutación, un cambio súbito, de la derecha convencional. Ha pasado con el Partido Repúblicano de Estados Unidos, con el Fidesz en Hungría o con el Likud en Israel, que era un partido homologable a los convencionales de derecha.
Las situaciones más peligrosas vienen con la mutación de la derecha convencional
Esto también podría ocurrir en España. Puede parecer que ahora no hay signos en esa dirección, sería suficiente con un cambio en el liderazgo de la derecha, un hundimiento de la izquierda y una ultraderecha necesaria para gobernar para avanzar hacia una mutación como la de EEUU, Hungría o Israel.
¿Y qué responsabilidad tenemos los medios de comunicación del auge de este tipo de discursos?
La mayor responsabilidad de los medios, que están viviendo un contexto de transformación importante, es apoyar las estrategias de la nueva extrema derecha. Aquellos que crean en los valores democráticos deben reflejar, obviamente, la argumentación de todos los partidos, pero no pueden dar cobertura y difusión a mentiras tóxicas o facilitar discursos de odio. Sin embargo, en nuestro país hay medios de comunicación tradicionales que, desgraciadamente, apoyan estrategias antidemocráticas e iliberales.
Uno de los elementos clave de esta nueva ola reaccionaria son las redes sociales, que se han convertido, gracias a los algoritmos utilizados, en terreno fértil para la mentira. ¿Cómo atajamos esto?
En este ámbito, yo creo que hay reformas que son perfectamente posibles. Se puede articular, por ejemplo, un procedimiento judicial para declarar que determinadas informaciones difundidas por medios de comunicación o grandes influencers se han realizado con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad. Y, a partir de esas declaraciones judiciales, tener un catálogo de sanciones de tipo económico y prohibición de recibir ayudas públicas, porque no es aceptable que haya medios que con el dinero de la ciudadanía estén dedicándose a propagar mentiras y a vulnerar el derecho a recibir información veraz.
Eso sí, todo esto tendría que hacerse a través de tribunales completamente independientes, porque si esas sanciones pudieran ser aplicadas por un Gobierno o el poder político se correría el riesgo de que se convirtiesen en un instrumento para atacar o reprimir a los disidentes, la oposición o los periodistas incómodos.
Cuando se habla de combatir la desinformación, muchos sospechosos habituales hacen una torticera equiparación de la libertad de expresión e información.
Hay una confusión absolutamente interesada. Una cosa es opinar subjetivamente sobre cualquier tema, y eso evidentemente no se puede tocar porque es una de las bases del sistema democrático, y otra es difundir hechos objetivos que son o no ciertos. Decir que el alcalde de una ciudad ha cobrado un maletín con 200 millones de euros cuando se encontraba Tarragona y se demuestra que ese día estaba en Nueva York, es evidente que nos encontramos ante la difusión de un hecho malicioso, no de una opinión sobre si el regidor realiza una gestión correcta o incorrecta.
No es aceptable que haya medios que con el dinero de la ciudadanía se dediquen a propagar mentiras
A partir de ahí, con medidas como la que planteo no se limita lo más mínimo la libertad de información. La Constitución no proclama un derecho a mentir, sino todo lo contrario, a recibir información veraz.
Hablando de tribunales, el sistema judicial en nuestro país tiene una imagen pésima. Más de la mitad de la población cree que la independencia de los jueces es mala o muy mala. ¿Qué autocrítica cabe desde la carrera? ¿Cómo puede la ciudadanía generar confianza en el sistema si ve que la elección de la cúpula del mismo es discrecional?
En España tenemos unos problemas de credibilidad judicial que no existen en otros países europeos por las excesivas injerencias partidistas en la cúpula. Y esto no cambiará mientras las fuerzas políticas no cometan una reforma muy profunda. Es fundamental que el Consejo General del Poder Judicial sea configurado sin una intervención tan notoria y poco disimulada. Y los altos tribunales en base a criterios de mérito y capacidad, con un baremo específico que garantice que llegan los mejores. La mejor garantía de que no haya lawfare es un sistema de controles objetivo en el conjunto del sistema judicial.
¿La manera de actuar de algunos jueces contribuye también a esa pérdida de credibilidad del sistema judicial? ¿Se debería ser más riguroso a la hora de admitir determinadas querellas?
A menudo, los partidos acuden a los tribunales para trasladar sus batallas y, sobre todo, amplificarlas, porque no es lo mismo presentar propuestas en el Parlamento que querellas en la Audiencia Nacional con posibilidad de fuerte impacto mediático. En ocasiones, aunque se perciba esa intencionalidad política, las causas tienen que incoarse porque lo marca el ordenamiento. Pero en un contexto tan polarizado sería recomendable que los jueces de instrucción fueran muy exigentes a la hora de admitir a trámite acciones judiciales que se basan en hechos que no son constitutivos de infracción penal y que buscan instrumentalizar la justicia.
Un elemento clave para impedir una involución autoritaria es un potente sistema de contrapesos. ¿Lo tenemos en España?
Los organismos europeos y otras entidades internacionales indican que el de España es bastante débil. Es conocido que los espacios de contrapeso están colonizados por el poder político. Y no solo el Consejo General del Poder Judicial. También hay fuertes injerencias partidistas en el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo. Tener unos instrumentos jurídicos que permiten copar estos espacios es peligroso. Hay que despolitizarlos al máximo y marcar criterios de imparcialidad. Es clave para prevenir involuciones autoritarias.
Sería recomendable que los jueces fueran muy exigentes a la hora de admitir a trámite acciones judiciales
En el fascismo, la deshumanización racista era elemento nuclear. Como lo es ahora en la derecha radical. ¿Tenemos buenas herramientas para luchar contra la xenofobia? ¿Está bien articulado el delito de odio?
Yo creo que la respuesta penal es suficiente. El problema, más bien, está en la insuficiencia de medidas de integración social. Si no se practica una gestión adecuada de la misma, es mucho más sencillo que se propaguen los mensajes de la ultraderecha. Si tenemos a personas extranjeras trabajando en situaciones de explotación laboral, sin papeles suficientes a pesar de que tienen derecho a ello o en situaciones de clara discriminación, se extenderán más los discursos de odio y la xenofobia.
En la obra deja caer que en ocasiones se respaldan involuciones dictatoriales cuando se percibe que el sistema democrático no soluciona las necesidades de la población. ¿Un Estado social fuerte es la mejor vacuna contra el retroceso autoritario?
La democracia no ha tenido siempre un amor incondicional: ha sido muy bien valorada cuando ha solucionado los problemas de las personas y, cuando no, ha perdido el favor ciudadano y posibilitado que movimientos totalitarios o dictatoriales la hayan podido derribar. Por lo tanto, en la medida en que garantice las necesidades básicas de toda la ciudadanía, la democracia será fuerte.
Los espacios de contrapeso están colonizados por el poder político
Los ultras austríacos ganan por primera vez pero no tienen aliados para gobernar
Dinamarca, donde incluso los socialdemócratas han empezado a asumir los planteamientos xenófobos de la ultraderecha, era hasta hace unos años uno de los países más avanzados en materia de acogida e integración. Pero con la Gran Recesión llegaron importantes recortes del Estado social que provocaron una reducción de las prestaciones también para los daneses. Esto derivó en una embestida contra los extranjeros espoleada por el crecimiento de la extrema derecha que generó conflictos sociales crecientes y unos problemas para la democracia que hasta entonces no existían. Esto demuestra, por tanto, que menos Estado social suele implicar menos democracia y más conflictos internos.
¿Puede ser el problema de la vivienda, si no se soluciona, la brecha perfecta a través de la cual puedan potenciarse este tipo de discursos ultras?
El grave problema de la vivienda, si no se soluciona, puede ser un caballo de batalla que erosione nuestras instituciones democráticas. Si las personas tienen que aportar un porcentaje altísimo de sus ingresos para poder residir en una vivienda, muchas de sus necesidades esenciales quedan desatendidas. Es, por tanto, un espacio muy peligroso para estallidos sociales que pueda usar la ultraderecha para favorecer involuciones de tipo autoritario.
Joaquim Bosch (Cullera, 1965) no esconde su preocupación por la deriva autoritaria que recorre medio mundo y que ya ha provocado una involución en algunos países del entorno europeo. De ahí que su último libro, Jaque a la democracia (Ariel, 2024), sea un análisis en profundidad de la crisis de la democracia liberal y del avance de una extrema derecha que se ha hecho fuerte en las redes sociales, con unos algoritmos que priman y viralizan el odio y la desinformación. Y a la que algunos medios tradicionales están haciendo el trabajo: "Hay medios que apoyan estrategias antidemocráticas e iliberales".