No me hable de la 'Gürtel' o del 'sólo sí es sí': algunos criterios para descartar candidatos a vocal del CGPJ

Uno de ellos fue ponente de la sentencia del caso Gürtel que condenó al PP como beneficiario a título lucrativo en la mayor trama de corrupción que afectó a ese partido. La otra fue diputada de Podemos y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género en el Ejecutivo anterior. El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada y la mano derecha de Irene Montero mientras fue ministra de Igualdad son los dos grandes ausentes de la lista de vocales del Consejo General del Poder Judicial pactada esta martes por el PSOE y el PP. De Prada ya fue nombrado candidato en noviembre de 2018 a propuesta del PSOE y Podemos cuando unos whatsapps del portavoz del PP en Senado, Ignacio Cosidó, frustraron por primera vez la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Podemos presionó al PSOE durante la pasada legislatura para que Rosell fuera candidata, pero el declive de esa formación dejó su designación en el aire y sin apenas apoyos. El PSOE ha renunciado además a dos fiscalas y una catedrática que propuso en 2018. El PP ha dejado fuera a un exdiputado y a un exsenador.

Perteneciente a la progresista Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), De Prada fue designado como candidato a vocal por el turno de juristas de reconocido prestigio con el apoyo del PSOE y Podemos en una negociación con el PP en la que las dos principales formaciones del Congreso no impusieron vetos. El magistrado de la Audiencia Nacional con más de 30 años de antigüedad y 28 de ellos en la Audiencia Nacional y que formó parte como juez internacional de la Sala de Crímenes de Guerra de la Corte de Bosnia-Herzegovina y de la Corte Penal Internacional, es uno de los magistrados con más prestigio de ese tribunal. Pero su papel como ponente en la causa principal del caso Gürtel, su voto a favor de que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, testificara en el juicio, y la condena al partido por lucrarse con el entramado corrupto (en la que, además se ponía en duda la palabra del jefe del Ejecutivo y se avalaba la existencia de una caja b), provocaron la moción de censura que acabó con Pedro Sánchez en La Moncloa.

Desde entonces, el magistrado se convirtió en una de las bestias negras del PP y objetivo de furibundos ataques. Antes de que se frustrara la renovación del Consejo en 2018, De Prada llegó a defender en el Congreso su currículum y programa para el cargo ante los diputados. Durante su comparecencia, el portavoz popular, Carlos Rojas, llegó a decirle que era "bueno para la justicia española" que dejara de poner sentencias. El diputado del PP cargó duramente contra el candidato poniendo en duda su imparcialidad y asegurando que existían "muchos juristas de reconocido prestigio con más prestigio" que él. También que la institución a la que aspiraba "estaba muy por encima" de su figura. "Soy el único juez español de la historia titular de un tribunal penal internacional", se defendió De Prada. "Mi independencia es algo que queda acreditado en toda mi carrera", añadió.

Las manifestaciones públicas por parte del PP contra De Prada se han seguido produciendo. El pasado 12 de diciembre el senador y expresidente extremeño del PP, José Antonio Monago, lo acusó desde la tribunal de la Cámara alta de haber protagonizado "el mayor caso de lawfare en la historia política de España". El magistrado solicitó amparo al CGPJ por esas descalificaciones, pero el gobierno de los jueces ni siquiera admitió a trámite su petición. Tras afirmar en una entrevista en El País que mientras juzgaba Gürtel sufrió más ataques que en toda su carrera, el entonces portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando dijo de él: "No seré yo quien ser refiera a los antecedentes políticos del señor De Prada, candidato de IU en la época de Zapatero a presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ni a su sintonía con el mundo proetarra". Fuentes judiciales aseguran que toda esta animadversión ha tenido mucho que ver en que, este martes, el magistrado no haya entrado en la lista pactada tras cinco años de bloqueo.

La ausencia de Victoria Rosell, sin embargo, se daba por hecha en las últimas quinielas. Durante la pasada legislatura, Podemos no dejó de presionar a sus socios socialistas en el Gobierno para proponerla como vocal, pero la pérdida de peso de la formación que dirige Ione Belarra tras las últimas elecciones, la había dejado prácticamente sin opciones. Muy ligada a la exministra de Igualdad Irene Montero, la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género en el Ejecutivo anterior estuvo muy vinculada a una de las polémicas más sonadas de su departamento, la aprobación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del solo sí es sí, que provocó la reducción de de las condenas de cientos de delincuentes sexuales. Seis meses después de su entrada en vigor, el PSOE promovió su reforma para volver al sistema de penas anterior en medio de las críticas -desde el mismo Gobierno y desde la oposición- por la mala calidad de la norma.

Rosell sí fue víctima de uno de los casos de lawfare más sonados de los últimos años. Tras pedir una excedencia en su juzgado de Las Palmas para presentarse como candidata a las generales de 2015 por Podemos, su sustituto, el juez Santiago Alba, se conchabó con un empresario al que esta había procesado para que asegurara que había dado dinero a la pareja de la juez durante la tramitación de la causa. Esa acusación falsa permitió al exministro de Industria José Manuel Soria (PP) ampliar una querella contra Rosell que había presentado en el Supremo y que, finalmente, fue admitida a trámite, lo que obligó a la ya diputada a dejar su escaño siguiendo los estatutos de la formación con la que presentó. Esa querella, finalmente, se archivó, pero después se demostró la maniobra ilegal del juez Alba, que fue condenado a seis años y medio de prisión por prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial.

Fuera de la lista también quedan otros candidatos designados en 2018. Como la catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Córdoba y exletrada del Tribunal Constitucional Carmen Sáez Lara, la fiscal especialista en violencia de Genero Pilar Fernández Pérez y la fiscal de Las Palmas Rosa Rubio Ramos, propuestas en su día por el PSOE. Por su parte el PP ha renunciado a nombrar candidatos a su exdiputado José Miguel Castillo y a su exsenador Manuel Guillermo Altava Lavall que sí lo fueron hace cinco años. Entre los juristas de reconocida competencia, el único que ha repetido ha sido el letrado de la Administración de Justicia y exsecretario de Gobierno de la Audiencia Nacional Luis Martín Contreras (a propuesta del PSOE).