Cientos de miles de causas penales corren peligro de quedar impunes. Ese es el grito de denuncia que han alzado los jueces y fiscales al acercarse el 6 de junio, la fecha en la que vence el plazo para que el Ministerio Público revise medio millón de causas en periodo de instrucción. La culpable es la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que entró en vigor el pasado diciembre y que puso en funcionamiento una política de plazos para llevar a cabo las instrucciones que ahora amenaza con dejar multitud de casos sin poder ser juzgados o sin tiempo suficiente para encontrar pruebas de la comisión de los delitos.
La nueva Lecrim entró en vigor el pasado diciembre con polémica. Varios fueron los aspectos controvertidos de la norma –el cambio del término "imputado" por "investigado", por ejemplo, fue uno de los más señeros–, si bien el elemento que más unanimidad generó en su rechazo fue el artículo 324, que establecía la necesidad de instruir los casos en un máximo de seis meses. Según este artículo, si el caso investigado reviste especial complejidad, el fiscal puede solicitar la ampliación de este período hasta los 18 meses.
El problema que denuncian los fiscales es que es tal la acumulación de casos que deben revisar antes de que termine este primer plazo de seis meses –hablan de hasta medio millón– que resulta imposible poder atenderlos todos y decidir si es posible instruirlos en ese tiempo o es necesario pedir la prórroga. Hasta el Consejo Fiscal, el órgano consultivo del Ministerio Público, hizo público este miércoles un comunicado aprobado por unanimidad –incluso la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, votó a favor– en el que alertaba de que resulta "difícil o imposible" examinar todos los casos a tiempo.
Así las cosas, el próximo 6 de junio pueden producirse "dos situaciones" en cientos de miles de casos que siguen su curso por la jurisdicción penal, según explica Joaquim Bosch, portavoz de la asociación judicial Jueces para la Democracia. En algunos casos que los fiscales no habrán tenido tiempo de revisar, explica Bosch, "el juez se verá obligado a archivar" a causa de la ausencia de elementos probatorios contra los acusados, mientras que en otros "se podrá ir a juicio, pero sin las pruebas suficientes, lo que en muchos casos va a generar impunidad".
Salvador Viada, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se muestra de acuerdo con él. "Hay cientos de miles de causas por revisar, el fiscal tiene que pedir todas las diligencias que necesite en esos seis meses, y si no te ha dado tiempo a revisarlas en ese tiempo, o vas a juicio sin tener suficientes pruebas, o directamente se tiene que archivar la causa", denuncia Viada, que denuncia que para haber alcanzado el objetivo se hubiera necesitado el apoyo de 300 fiscales extra y el Ministerio de Justicia tan sólo puso 80 de refuerzo.
Los principales afectados, los casos no mediáticos
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Será complicado que este tipo de situaciones afecten a casos mediáticamente relevantes, como Gürtel o Púnica, explican los expertos, que señalan que es prácticamente inimaginable que los fiscales no pidan declarar estos procesos de especial complejidad para ampliar su plazo de estudio hasta los 18 meses. Los procesos más amenazados son los que no generan eco en los medios –lesiones, robos...–, explica Bosch, que pone como ejemplo una pelea entre vecinos. "Primero se tiene que citar a las partes, pero si no se ponen de acuerdo y aparece un testigo determinante después de los seis meses de instrucción, no se podrá incluir en el proceso", se queja el juez, que señala igualmente que "una pericial caligráfica" puede tardar hasta un año y una prueba de ADN, incluso dos.
"Los casos más graves, como los de asesinato o violación, normalmente entrarían en el supuesto en el que se podría ampliar el periodo de instrucción hasta los 18 meses", señala igualmente Bosch. El peligro radica en la posibilidad de que los fiscales no hayan tenido tiempo de entrar a analizar estos procesos, si bien Viada afirma que "los casos en los que hay presos y, en general, las causas que están vivas en mitad de una investigación" suelen estar en la cabeza de los fiscales, por lo que no es probable que estos se descuiden.
La solución a este entuerto parece complicada, según explican tanto Viada como Bosch. El portavoz de la APIF señala que como no hay Gobierno y las Cortes se encuentran disueltas, "nadie puede tomar una decisión para arreglar el problema" derogando el artículo que regula los plazos de instrucción o modificándolo. En el futuro, señala igualmente Viada, un nuevo Ejecutivo podría modificar la norma en este sentido con efecto retroactivo, si bien el fiscal explica que las defensas de los acusados que se hayan beneficiado del archivo de su casusa por el problema de los plazos podrían recurrir la reapertura.
Cientos de miles de causas penales corren peligro de quedar impunes. Ese es el grito de denuncia que han alzado los jueces y fiscales al acercarse el 6 de junio, la fecha en la que vence el plazo para que el Ministerio Público revise medio millón de causas en periodo de instrucción. La culpable es la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que entró en vigor el pasado diciembre y que puso en funcionamiento una política de plazos para llevar a cabo las instrucciones que ahora amenaza con dejar multitud de casos sin poder ser juzgados o sin tiempo suficiente para encontrar pruebas de la comisión de los delitos.