El titular del Juzgado de lo Penal 31 de Madrid, Eduardo Muñoz de Baena, ha accedido a la petición realizada por el PP y por la Fiscalía y ha prohibido la retransmisión en directo del juicio por la destrucción de los ordenadores que usaba el ex tesorero popular, Luis Bárcenas -y donde la formación política se encuentra acusada-, que comienza este viernes, 14 de junio. En un auto dictado este lunes, el magistrado rechaza autorizar la cobertura íntegra de la vista oral mediante señal institucional, pero no impone restricciones para que los medios de comunicación accedan a la sala de vistas para que puedan informar sobre el desarrollo del juicio. En este sentido, el juez comunica que "la emisión de imágenes se limitará a grabaciones mudas captadas en los momentos previos al inicio de las sesiones, con planos de los acusados posteriores o laterales".
El PP remitió un escrito en el que afirmaba que solo basta con la presencia de periodistas en la sala del juicio para garantizar el derecho a la información, pues "no necesitan la utilización de medios audiovisuales para proporcionar una información veraz a la ciudadanía". Asimismo, solicitó que se adopten medidas tendentes para evitar la identificación de los acusados, testigos, peritos y demás intervinientes, como la realización de planos desde atrás o edición para hacer irreconocibles los rostros, "en especial, el del representante designado del Partido Popular, que será un abogado externo, ajeno al partido".
La ex tesorera del partido, Carmen Navarro, el abogado, Alberto Durán, y el informático, José Manuel Moreno, también recurrieron la petición de la Oficina de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para poder emitir el juicio a través de señal institucional.
Evitar que testigos tengan conocimiento de lo ya declarado
Por su parte, la Fiscalía de Madrid, que no acusa en este caso, sino que pide el sobreseimiento o el archivo de las responsabilidades penales, también hizo llegar un escrito al magistrado mostrando su oposición a la emisión. El Ministerio Público argumentó que se trata de "garantizar el derecho de defensa y evitar que los testigos que hayan de declarar en el juicio oral puedan tener conocimiento de lo que hubiesen declarado otros testigos o, incluso, los propios acusados".
El juez de lo Penal de Madrid afirma que es lógico y notorio el interés social y mediático por el juicio por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas, "dado que uno de los acusados es un partido político con representación parlamentaria". De hecho, el PP es el primer partido en sentarse en el banquillo de los acusados como persona jurídica. En este sentido, el magistrado explica en su resolución que esta circunstancia hace comprensible "otorgar las máximas facilidades a los medios de comunicación acreditados para que puedan llevar a cabo su labor informativa del desarrollo del plenario". Si bien, indica que, si las cincos sesiones de la vista oral son difundidas a través de señal de televisión en abierto, en directo o mediante su posterior reproducción audiovisual, los testigos podrían conocer la declaración de los acusados y de otros comparecientes previos, perjudicando así lo previsto en el artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Asimismo, Muñoz de Baena asume los argumentos esgrimidos por los acusados y señala que la retransmisión en directo del juicio puede suponer una exposición pública desproporcionada para la mayoría de los testigos y peritos que habrán de intervenir, ya que no son personajes públicos ni de notoriedad pública.
Bárcenas y Cospedal, citados el 20 de junio
Entre los testigos que acudirán a la sede judicial se encuentra el propio perjudicado, Luis Bárcenas, que tampoco acusa, ya que se retiró del procedimiento en septiembre de 2016. No obstante, tendrá que acudir a la sede judicial el día 20 de junio, ya que las acusaciones populares ejercidas por Izquierda Unida y Adade han solicitado su testifical.
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Ese mismo día también comparecerá como testigo la que fuera número dos del PP, María Dolores de Cospedal, a petición de estas dos acusaciones y el Observatori Desc por su condición de superior jerárquica sobre el informático y la ex tesorera. También, destacan que habría tenido conocimiento de los hechos investigados por la declaración que prestó como testigo ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, durante la instrucción del caso Gürtelcaso Gürtel y los denominados papeles de Bárcenas.
Peticiones de pena
Izquierda Unida es la acusación popular que interesa las condenas más severas para los acusados. Solicita que el PP sea penado con una multa de 10,9 millones de euros por dos delitos de daños informáticos y que a Navarro, Durán y Moreno se les imponga cuatro años y seis meses de prisión por estos dos delitos de daños en concurso junto con el de encubrimiento. Por su parte, el Observatori Desc solicita para la extesorera del PP la pena de dos años de cárcel por un delito de daños informáticos y encubrimiento; mientras que para el abogado y el informático interesa la imposición de una condena de un año y once meses y un año y diez meses, respectivamente, por las mismas conductas penales. Para la formación política pide la suspensión de sus actividades por un plazo de seis meses y prohibición de recibir donaciones por un plazo de cinco años. Asimismo, estas dos acusaciones consideran necesario que los cuatro acusados indemnicen a Bárcenas como perjudicado con la cantidad que reclame. Por último, Adade considera necesario que el PP sea multado con 109.500 euros por el delito de daño informático y que la extesorera y el abogado de la formación sean condenados con dos años de prisión por ese delito y el de encubrimiento; mientras que para el informático pide solo un año de cárcel.
El titular del Juzgado de lo Penal 31 de Madrid, Eduardo Muñoz de Baena, ha accedido a la petición realizada por el PP y por la Fiscalía y ha prohibido la retransmisión en directo del juicio por la destrucción de los ordenadores que usaba el ex tesorero popular, Luis Bárcenas -y donde la formación política se encuentra acusada-, que comienza este viernes, 14 de junio. En un auto dictado este lunes, el magistrado rechaza autorizar la cobertura íntegra de la vista oral mediante señal institucional, pero no impone restricciones para que los medios de comunicación accedan a la sala de vistas para que puedan informar sobre el desarrollo del juicio. En este sentido, el juez comunica que "la emisión de imágenes se limitará a grabaciones mudas captadas en los momentos previos al inicio de las sesiones, con planos de los acusados posteriores o laterales".