El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decidido decretar el secreto de sumario nueve meses después de iniciar la investigación sobre el presunto pacto de precios de los carburantes entre Repsol, Cepsa, Disa, Meroil y Galp, según consta en dos autos comunicados a las partes, el último de ellos el 1 de julio.
En dos resoluciones judiciales, la primera de ellas de 1 de junio y la segunda la mencionada de 1 de julio, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional justifica su decisión de decretar el secreto de sumario durante un mes al considerar necesaria "la práctica de determinadas diligencias cuyo conocimiento por las partes pudiera afectar al resultado de las mismas, comprometiéndose el resultado de la investigación".
El juez no identifica las pesquisas que llevará a cabo amparándose en el secreto de sumario, aunque según adelantó Vozpópuli.com Andreu reclamó a las empresas investigadas un organigrama completo de los dirigentes de las mismas. Sin embargo, en el caso de Repsol, la compañía petrolera únicamente facilitó la identidad de las 23 personas aludidas en un informe de la Fiscalía.
El juez Andreu admitió el 3 de septiembre una querella, interpuesta el 17 de abril de 2015 por la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena. En la misma se incluye como presuntos autores del delito a Repsol, su consejero delegado Josu Jon Imaz San Miguel; Cepsa y su expresidente de Cepsa Khadem Al Qubaisi; Disa Corporación, su consejero delegado Raimundo Baroja; Meroil y su presidente José Luis Porté Solano; y la firma Galp Energía.
Sanción de 32 millones
La querella de la asociación de consumidores tiene su origen en el expediente y posterior sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de 32 millones a Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil, por pactar precios.
En concreto, la sanción se emitió por prácticas prohibidas en la coordinación de precios de los carburantes, así como por pactos de no agresión e intercambios de información realizados entre las empresas. De los 32 millones, las compañías que deberán asumir el grueso de la sanción son Repsol y Cepsa. La primera fue multada con 20 millones y la segunda, con 10 millones.
Precisamente, el auto de 1 de junio recuerda las conclusiones de la sanción de Competencia: como por ejemplo la existencia de "un pacto de no agresión entre Cepsa y Repsol en julio y agosto de 2011", otro de similares consecuencias entre Repsol y Disa, intercambios de información de precios entre Disa y Meroil y Galp y Meroil: "Todo ello con el fin de alterar los precios que hubieren resultado de la libre competencia entre las diferentes operadoras en el mercado de venta de combustible", completa la resolución judicial.
Brufau e Imaz se embolsaron en Repsol 2,9 millones cada uno en 2015
Correos electrónicos
La CNMC descubrió las prácticas prohíbidas de las petroleras apoyándose en correos electrónicos en los que se plasmaban las relaciones entre empleados de las compañías.
El juez Fernando Andreu ha reclamado a las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) el traslado de la querella interpuesta contra el expresidente de Cepsa Khadem Al Qubaisi por un delito de alteración de los precios del carburante en España, según adelantó infoLibre. Andreu no tiene respuesta al reclamo de cooperación enviado al país árabe.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decidido decretar el secreto de sumario nueve meses después de iniciar la investigación sobre el presunto pacto de precios de los carburantes entre Repsol, Cepsa, Disa, Meroil y Galp, según consta en dos autos comunicados a las partes, el último de ellos el 1 de julio.