- Este artículo está disponible sólo para los socios y socias de infoLibre, que hacen posible nuestro proyecto. Si eres uno de ellos, gracias. Sabes que puedes regalar una suscripción haciendo click aquí. Si no lo eres y quieres comprometerte, este es el enlace. La información que recibes depende de ti.
Casi siete años después de que comenzara la investigación, el caso Púnica sigue más vivo que nunca en la Audiencia Nacional. Así lo demuestra el intenso calendario de citaciones que ha previsto el juez Manuel García Castellón para las próximas semanas, con 24 imputados, 31 testigos y dos peritos que irán desfilando por el tribunal con sede en la calle Génova de Madrid a lo largo de enero y febrero para seguir indagando en varias de las piezas abiertas todavía en esta macrocausa de corrupción, cuyo plazo de instrucción finaliza el próximo verano, aunque podría prorrogarse.
En esta amplia ronda de declaraciones, en la que figuran exalcaldes y otros antiguos cargos municipales del PP que habría participado o tenido relación con las actividades desplegadas por la trama corrupta, empresarios, además del que fuera uno de los cabecillas de la misma, el constructor David Marjaliza, que desde hace años colabora con la Fiscalía Anticorrupción en esta causa, lo que le ha enfrentado con el fuera su principal colaborador en el partido conservador, el exdirigente madrileño Francisco Granados.
De todas las piezas del caso, quizá la número 9 es la más mediática por ser la que investiga la supuesta financiación irregular del PP de Madrid y en la que están imputadas las expresidentas autonómicas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, pero no es ni mucho menos la única sobre la que se indagará en las próximas semanas. Este intenso calendario hace pensar que el magistrado quiere ir acelerando el final de la instrucción de algunas de las piezas más avanzadas, como son la que indaga en los contratos de reputación online de políticos que ofrecía el conseguidor de la trama Alejandro de Pedro y para los que se habría destinado dinero público, las adjudicaciones supuestamente amañadas en municipios a las empresas Cofely y Waiter Music o la investigación de la trama que saqueó, entre 2002 y 2014, 15 millones de euros a cooperativas de profesores en la construcción de colegios concertados.
En el auto del verano pasado en el que García Castellón dejó sin efecto el fin de la instrucción en virtud de la última reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que extiende los plazos de investigación de las causas penales, el juez ya adelantó que realizaría un "estudio pormenorizado de cada una de las piezas en que se divide este procedimiento", que supera la decena, para adoptar en su caso la resolución que corresponda. Es decir, renunciaba a dar cerrojazo a la instrucción de la macrocausa en conjunto, si bien podría finiquitar determinadas piezas que considere ya concluidas, siguiendo con la investigación de otras.
Aunque el caso Púnica nunca ha estado parado del todo en cuanto a comparecencias de imputados y testigos se refiere, el magistrado ha acordado una intensa tanda de declaraciones que comenzará el próximo 18 de enero y prevé finalizar el 22 de febrero. Poco más de un mes para tomar declaración a un total de 57 personas, según la diligencia de ordenación. Entre los investigados están los exalcaldes del PP Juan Antonio Bataller (Castellón), Juan Carlos Boza (sucesor de Granados en Valdemoro), Narciso de Foxá (Majadahonda) y Ana María Kringe (Denia), aparte del exdiputado en las Cortes Valencianas Víctor Soler Beneyto, por hechos concernientes a las supuestas adjudicaciones fraudulentas a las mercantiles vinculadas a los investigados Alejandro de Pedro Llorca y José Antonio Alonso Conesa para trabajos dirigidos a mejorar la imagen de políticos en Internet, hechos que se examinan en la pieza 10 del caso Púnica.
Desviación de fondos
La línea de investigación referida a la existencia de una supuesta caja B en el PP de Madrid que dirigía Esperanza Aguirre se abordará, el 25 de enero, con la comparecencia de Álvaro de Arenzana, gerente adjunto del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) entre 2005 y 2011, un organismo ya desaparecido dependiente de la Consejería de Economía que fue presuntamente el vehículo para desviar fondos públicos para esa posible financiación opaca del partido en la región, fondos que se habrían utilizado para el pago de campañas electorales de la expresidenta. Arenzana es, además, exyerno del cantante Raphael.
Miguel Ángel Valdepeñas, quien fuera viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y vicesecretario de Organización Territorial del PP regional, está citado por los contratos a dedo de distintos ayuntamientos madrileños con la empresa de eventos Waiter Music, en la pieza 7 de Púnica, la misma en la que está imputado, por su etapa como concejal de Algete, el ya exsenador del partido conservador David Erguido, quien dimitió a finales del pasado mes de septiembre. Era uno de los hombres de confianza de Pablo Casado en la Cámara Alta, ya que ambos trabaron amistad las Nuevas Generaciones del PP de Madrid y crecieron políticamente en el aguirrismo.
El juicio a Cifuentes abre el desfile de expresidentes madrileños del PP ante la Justicia
De la pieza 11, en la ronda de declaraciones destaca, el 27 de enero, Alfonso Ferrón del Río, propietario de Alfedel S.L., la empresa que, según sospecha el juez, se utilizaba para constituir cooperativas para promover la construcción de colegios concertados y exigía a los cooperativistas amplios poderes para la gestión del proyecto, incluido el acceso a cuentas bancarias para hacer pagos de servicios. El empresario cargaba supuestamente facturas falsas emitidas por otras empresas de la trama, las de David Marjaliza y José Luis Capita, y conseguía el dinero con el que luego abonaría comisiones y dádivas a técnicos y políticos mientras él se procuraba ingentes beneficios. Marjaliza y Capita, ambos imputados, han sido también citados. Según la investigación, los fondos que Alfedel obtuvo de 19 cooperativas fueron de unos 19 millones de euros, mientras que las empresas vinculadas a Marjaliza y Capita habrían obtenido aproximadamente 12 millones.
Cerrará este intenso calendario de comparecencias uno de los más recientes imputados en la trama de corrupción Púnica: exjefe de la asesoría jurídica de El Corte Inglés, su imputación aparece relacionada con la recalificación de unos terrenos rústicos que la empresa poseía en Valdemoro, una operación que benefició sobre todo a uno de los socios del entonces alcalde Francisco Granados, el constructor Ramiro Cid, a quien los investigadores atribuyen uno de los grandes pagos en especie de PúnicaPúnica, la construcción de una mansión que nunca llegó a estar escriturada a nombre del exregidor.
En el marco de esta investigación sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Valdemoro, la pieza número 4, dos acusaciones populares, Adade y PSOE, recusaron al juez García Castellón por su vinculación con El Corte Inglés, ya que presta "servicios de tutoría online" en un centro universitario "perteneciente y dependiente" de la compañía. El magistrado entendió que no concurrían en este caso "ninguno de los supuestos" legalmente fijados en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que justificarían la abstención legal", por lo que no se llegó a apartar de la investigación.
- Este artículo está disponible sólo para los socios y socias de infoLibre, que hacen posible nuestro proyecto. Si eres uno de ellos, gracias. Sabes que puedes regalar una suscripción haciendo click aquí. Si no lo eres y quieres comprometerte, este es el enlace. La información que recibes depende de ti.