Archivado el pelotazo fallido de 5 millones con test covid para el Gobierno andaluz: el juez ve "engaño", no delito
El juez que en septiembre heredó la instrucción sobre un pelotazo fallido de cinco millones para la venta de test covid al Gobierno andaluz ha archivado la causa porque considera que hubo un “artificio o engaño” con el objeto de "subir ficticiamente el precio de venta en forma de comisión ilícita”, pero no ve delito.
El pelotazo fracasó cuando, alarmado de que unos sorpresivos intermediarios le indicaran que debía vender por 24 millones lo cuantificado en 19 y le diesen instrucciones para dirigirse a un determinado cargo de confianza de la Consejería de Salud, el potencial suministrador de los test, Félix Guerrero, dio un paso que quebró la trayectoria de tiro: avisó alarmado al entonces consejero de Presidencia andaluz y hoy número 3 del PP nacional, Elías Bendodo.
A partir de ahí, 23 de septiembre de 2020, Guerrero no logró vender el producto, rechazado por falta de calidad. De su existencia, él mismo había informado un mes antes a la esposa de Bendodo, su vecino en una urbanización malagueña de veraneo. ¿Por qué se dirigió nada menos que al consejero de Presidencia a través de su pareja? Según su testimonio, para que le informase de cómo debía vehicular la oferta.
En un auto adelantado por Diario de Sevilla, el instructor del caso sostiene que los tres intermediarios que, con Manuel García Gallardo a la cabeza, emergieron de pronto sin que nadie sepa "cómo aparecieron en el proceso de oferta" lanzado por Félix Guerrero, "se postularon de forma anómala". Y se inventaron que tenían un contacto en la Junta.
La resolución judicial de archivo alega que al transmitir al ofertante de los test que tenían un contacto privilegiado, los comisionistas o intermediarios idearon “una simulación” para subir “ficticiamente” el precio. Pero nada de lo anterior implica que se cometiera un delito, concluye Miguel Ángel Gálvez Jiménez, ahora titular del juzgado de instrucción 2 de Sevilla. Lo único que cabe inferir -agrega el auto- es que querían "asegurarse el éxito de la comisión".
Tampoco delinquió —añade el instructor— el asesor del gabinete del consejero de Salud sobre el que también pesaba la condición de investigado y cuyo cese había dictado la propia Junta tras una investigación interna que no comenzó hasta diciembre de 2020. Al día siguiente del aviso de Félix Guerrero acerca del sobreprecio que querían imponer los intermediarios, ese asesor mantuvo seis contactos telefónicos con el entonces número 2 de Bendodo y hoy consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz. En los atestados policiales incorporados al sumario, la UDEF dedica dos reproches a la Administración andaluza: que Sanz hablase con el asesor antes que con el denunciante; y la demora en el inicio de la investigación interna. Eso último lo expresó así la Policía: por parte de la Junta hubo "más de dos meses de práctica inacción".
Destituido tras la ya referida y breve investigación interna, el asesor se llama Guillermo González. La UDEF destacó que cuando abandonó su puesto por decisión de la Consejería su buzón de correos electrónicos estaba vacío en lo que concierne al periodo investigado. El juez argumenta que González no pudo delinquir al “carecer de facultades” para efectuar por sí mismo contratos y al no constar que tuviera "algún contacto con algún responsable del área de contratación de la Junta de Andalucía". En su auto, el juez subraya que está "exenta de interés penal" la investigación interna que derivó en el despido de González.
El caso recayó en la Fiscalía tras una denuncia interpuesta por el Gobierno andaluz el 11 de diciembre de 2020. La víspera, González había sido apartado de su puesto. Pero en mayo de 2021 y en un congreso al que asistieron el número 3 del PP andaluz y el consejero de Hacienda, el PP de Cabra le renovó en su cargo como secretario general del partido en la localidad cordobesa. En noviembre, mes en que debía declarar como investigado ante el juez, se dio de baja. González, contento de que el juez le dé la razón y le considere inocente, ha declinado responder a la pregunta de este periódico sobre si pedirá al Gobierno andaluz que le restituya en su puesto como asesor de confianza.
En espera de otro juicio que el Supremo ordenó repetir
Fechado el 16 de diciembre, el auto constituye una buena noticia para el principal intermediario, Manuel García Gallardo: en 2023 y en una fecha de la que infoLibre no tiene confirmación oficial, se sentará en el banquillo por otra causa —la conocida como Quality Food— en la que fue condenado por estafa al organismo público Zona Franca de Cádiz y cuyo juicio ha ordenado repetir el Supremo. De los tejemanejes que, según la sentencia dictada por la Audiencia de Cádiz, rodean el caso Quality Food ya se publicaron noticias hace 18 años. Según el Supremo, en el juicio se vulneró el derecho a la defensa.
Tras conocer el auto de sobreseimiento, Manuel García Gallardo manifestó su satisfacción y anunció que estudiará acciones legales por el daño sufrido. Según lo publicado por Diario de Cádiz, García Gallardo "ha sufrido desde una detención hasta un serio agravio por parte de algunos medios e instituciones, sin preservar la presunción de inocencia, ahora reconocida judicialmente".
El intento de una trama para inflar en cinco millones un contrato del covid atenaza al Gobierno andaluz
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En la transcripción de uno de los audios entregados a la justicia por Félix Guerrero, la Policía incorpora que el propio García Gallardo comentó lo siguiente sobre el asesor Guillermo González: "No está solo en este invento".
Ahora, la resolución judicial que da carpetazo a la investigación sobre el pelotazo fallido se encuentra pendiente de una incógnita: la de si la Fiscalía y el PSOE, que se incorporó como acusación popular, la recurrirán o no. Fuentes del ministerio público aseguran que un equipo de fiscales, incluidos la asignada al caso y el jefe de la Fiscalía sevillana, están estudiando si cabe o no recurso.
Las diligencias judiciales se centraban en un posible delito de cohecho. Juristas consultados por infoLibre aseguran que las instrucciones judiciales se articulan en torno a hechos. Y que la calificación penal no es algo inamovible. Es decir, que si en última instancia nada acredita que hubo un intento de soborno eso no implica descartar otro supuesto delito: trátese de estafa o de tráfico de influencias o de cualquier infracción penal que se ajuste a lo sucedido.
