El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha firmado este lunes un auto de inhibición de la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por cinco delitos, entre los que la Fiscalía Anticorrupción identifica tres: contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
De esta forma, el juez envía el caso a la Audiencia Nacional, dónde el exdirector del FMI ya está imputado por la fusión y salida a bolsa de Bankia por parte del juez Fernando Andreu. Y también por las tarjetas black.
La información conocida hasta el momento sobre el patrimonio de Rato muestra la conexión del caso con la investigación que se lleva a cabo sobre Bankia. En concreto, se acusa a Rodrigo Rato de realizar maniobras con la intención de evitar pagar su parte de los 800 millones de euros de fianza por la salida a Bolsa en julio de 2011. La entidad financiera le reclama 133,3 millones de euros.
Para Anticorrupción
La decisión del juez de Madrid se conoce el mismo día en el que la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha firmado un decreto por el que acuerda atribuir a Anticorrupción la competencia para investigar a Rodrigo Rato y sus empresas.
El decreto justifica la atribución de la competencia en la especial trascendencia social, mediática y jurídica de los hechos investigados, según una nota de prensa distribuida por la Fiscalía. El documento adelanta también que la investigación de las conductas típicas se prevé de particular complejidad: "A la vista de la estructura del entramado societario y jurídico que conforma el grupo de sociedades presuntamente controlado por Rodrigo Rato", lo que aconseja atribuir la competencia a la Fiscalía Anticorrupción.
Eludir responsabilidades
La Fiscalía General del Estado explica también que Anticorrupción ya se ocupa del procedimiento que también se tramita contra él por el caso Bankia, que instruye el juez Fernando Andreu, "del que pueden derivarse responsabilidades pecuniarias que presuntamente dicho imputado habría intentado eludir".
Fue precisamente en el curso de un interrogatorio por el asunto de las tarjetas cuando el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, encargado del caso, sorprendió al juez y a los abogados del resto de partes personadas preguntando al expresidente de Bankia por una transferencia de más de 6.199.308 euros que el banco de inversiones Lazard, presidido por su amigo Jaime Castellanos, le realizó en el año 2011, cuando Rato era todavía presidente de Bankia.
Por su parte, Rato contrató a Lazard por más de 16,9 millones, de los que la firma de Castellanos percibió de forma efectiva 5,3 millones.
El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha firmado este lunes un auto de inhibición de la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por cinco delitos, entre los que la Fiscalía Anticorrupción identifica tres: contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.