Corrupción política
El juez instructor del 'caso Auditorio' ya archivó una denuncia por corrupción contra Sánchez acusando a la Fiscalía de "desmesura"
El magistrado que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJM) el caso Auditorio, Julián Pérez-Templado, en el que está imputado el actual presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, ya archivó en febrero de 2015 una querella archivócontra el político murciano, después de que una jueza de Lorca y la Fiscalía de Murcia pidieran su imputación por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho e infidelidad de documentos en la compra de su vivienda.
Pérez-Templado decretó el sobreseimiento libre, que equivale a la terminación del proceso penal, cuando el propio fiscal delegado de Anticorrupción en Murcia, Juan Pablo Lozano, había reclamado el sobreseimiento provisional, que hubiera posibilitado la reapertura de la investigación si se hubieran descubierto nuevos indicios de los delitos por los que fue querellado el presidente murciano.
En dos autos de Pérez-Templado de diciembre de 2013, el magistrado atacó la labor de la acusación popular, ejercida por concejales del PSOE de Puerto Lumbreras, pero también tuvo duras palabras contra la Fiscalía murciana, encabezada hasta este miércoles por Manuel López Bernal.
El magistrado utilizó la palabra griega desmesura (hybris), para calificar la actuación del Ministerio Público, al considerar que en este caso se había "desatado la hybris acusatoria en el Ministerio Fiscalhybris y el querellante particular, pero a la postre nada se ha descubierto" sobre la compra del dúplex de Pedro Antonio Sánchez.
"Una causa general"
En otro punto de los mencionados autos, Pérez-Templado vuelve a arremeter contra las acusaciones, al considerar que se habían equivocado, "como ya lo avisó el instructor en otra ocasión en su empeño de abrir una causa general sobre el patrimonio" de Pedro Antonio Sánchez.
Los autos de Pérez-Templado sobre el caso de la vivienda del que también fuera diputado del PP en la Asamblea Regional de Murcia también llegan a lamentar "el empleo del Derecho Penal para montar quiméricas acusaciones". Además, el magistrado considera que el exalcalde de Puerto Lumbreras puede ser objeto de "la desazón del que se ve perseguido por la justicia sin saber cómo ni por qué o sentar en el banquillo a personas inocentes con el consiguiente descrédito social".
Asimismo, el instructor del caso Auditorio alertó en sus resoluciones contra "una causa general" contra el entonces alcalde de Puerto Lumbreras, que incluso podría sufrir "un proceso inquisitivo [...], prohibido por completo en nuestro ordenamiento jurídico. Y como tal cosa no se ha demostrado se ha de ir al sobreseimiento libre en este apartado también".
Estas consideraciones y el hecho de que la mujer del magistrado se funcionaria de la Consejería de Educación del Gobierno de Murcia durante la etapa de consejero de Educación de Pedro Antonio Sánchez, convencieron a la acusación ejercida por un concejal del PSOE de Puerto Lumbreras para reclamar la recusación de Pérez-Templado, que no se apartó del caso.
La mujer del magistrado
En cuanto a su mujer, el juez explicó que la misma es funcionaria de carrera desde 1999, por lo que su nombramiento nada tiene que ver con el paso del actual presidente de la Región de Murcia por la Consejería.
Un portavoz del Gobierno de Murcia ha asegurado a infoLibre que la cónyuge de Pérez-Templado no fue asesora de Pedro Antonio Sánchez, al mismo tiempo que resaltó que los cursos que impartió en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, con el mandatario del PP como alcalde, forman parte de su trabajo como empleada pública en los municipios murcianos, por lo que no recibió ningún tipo de sobresueldo al respecto.
La recusación no fue admitida por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, que mantuvo a Pérez-Templado como instructor, al considerar que no había ningún motivo para apartarlo.
Otros magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Murcia fueron objeto de dos querellas por parte de concejales del PSOE de Puerto Lumbreras y de Podemos. En concreto las querellas se dirigieron contra Juan Martínez Moya, Enrique Quiñonero Cervantes y Miguel Pascual del Riquelme al considerar que se había cometido un delito de prevaricación judicial, ya que ante una querella interpuesta por la Fiscalía encabezada por Manuel López Bernal se rechazó imputar al presidente murciano.
Un Juzgado de Lorca
Por el contrario, y pese a que Pedro Antonio Sánchez está aforado en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, los magistrados acordaron reenviar las actuaciones a un Juzgado de Lorca, que tuvo que investigar a un diputado regional del PP.
Pero esta decisión permitió posponer la imputación de Sánchez, que, según la querella de Podemos "despejaba el camino para la designación de éste como candidato autonómico por parte del Partido Popular, tal y como se recogió en la prensa de aquellos días, designación que de hecho se llevó a cabo el día 5 de marzo, tan sólo tres días después de la remisión del asunto a los Juzgados de Instrucción de Lorca". La querella fue archivada en el Tribunal Supremo.
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El otro candidato a liderar el PP murciano, que gobierna en esta Comunidad Autónoma desde 1995, era el diputado del PP Juan Carlos Ruiz, ahora imputado en la pieza separada de la Púnica sobre Murcia, en la que el juez Eloy Velasco también ha visto indicios de delitos en la actuación de Pedro Antonio Sánchez.
Según la investigación, el presunto conseguidor y uno de los cerebros de la trama, José Antonio Alonso Conesa, convenció tanto a Pedro Antonio Sánchez como a Juan Carlos Ruiz para que abonaran los servicios del informático de la trama, Alejandro de Pedro.
Mientras que Ruiz, también consejero, sí abonó importantes cantidades a la PúnicaPúnica, en el caso de Sánchez la detención de Granados abortó la contratación, que ya había sido acordada durante un encuentro en el Hotel de Las Letras de Madrid.
