El juez planea imputar el día 25 a Cristina mientras el Gobierno blinda a su padre

Mes y medio después de lo inicialmente previsto y si ningún nuevo obstáculo se interpone, el juez de Palma José Castro incluirá el próximo día 25 a la infanta Cristina de Borbón en la lista de quienes, salvo que la Audiencia de Palma lo impida, se sentarán en el banquillo del caso Nóos.

Aunque guardará silencio hasta que dicte su auto, infoLibre ha podido averiguar que el juez ya tiene una decisión tomada al respecto. Castro considera a la hermana de Felipe VI cooperadora necesaria –la persona sin cuya ayuda no puede perpetrarse el delito– en el fraude fiscal atribuido a Iñaki Urdangarin. Y autora de un delito de blanqueo al permitir que la empresa del matrimonio, Aizoon SL, utilizara para fines privados el dinero que cobró del Instituto Nóos por trabajos que la Fiscalía considera directamente falsos. 

Una vez hayan bajado las aguas de la proclamación del nuevo rey y si ninguna de las múltiples personadas solicita alguna diligencia insoslayabe, el magistrado pondrá fecha del miércoles al llamado auto de pase a procedimiento abreviado, con el que comienza la recta final hacia la apertura de juicio.

Lo anterior vale siempre con una cautela: como pasó en mayo, cuando la solicitud de los socialistas valencianos para imputar al número dos de Rita Barberá, y como sucedió de nuevo tras la abdicación de Juan Carlos I, cuando el juez decidió posponer el auto para que nadie pudiese interpretar que estaba interfiriendo en el relevo monárquico, también ahora puede, en teoría, suceder algo que cause una nueva demora.

Paralelamente, este viernes, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una enmienda en el Congreso de los Diputados para acelerar la protección jurídica del rey. Estará lista en un mes. Y hará que sea aforado civil y penalmente.

Remota posibilidad de un giro

En principio, y si ningún elemento sorpresivo –siempre que obligue a practicar diligencias– irrumpe en escena, el auto se conocerá el miércoles 25. Básicamente, el juez valora que nada sustancial ha cambiado respecto desde que en enero citó, por segunda y definitiva vez, a la infanta en calidad de imputada. En ese auto, Castro subrayaba su tesis central, que mantiene intacta: que la infanta participó en las maniobras de su marido para repartir a espaldas de Hacienda los beneficios de la empresa que comparten, Aizoon SL. ¿Cómo? Endosándole cuantiosos gastos privados, como la reforma del palacete y eventos familiares de distinta índole. 

La declaración prestada por Cristina de Borbón, que se escudó en la desmemoria y, objetivamente, puso el acento en proteger a su padre y a sí misma con perjuicio para su marido, ni aclaró ni resolvió las dudas del juez. Todo lo más, las incrementó. 

No obstante, y hasta que el auto no vea la luz, el juez podría cambiar su visión de las cosas e imprimir un giro drástico a su resolución, aunque esa hipótesis se perfila por completo remota.

Castro, cuyas investigaciones describió hace casi un año el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, como “un martirio” al tiempo que se permitía apremiar al juez para que cerrase la instrucción, sabe de antemano que la Fiscalía recurrirá la imputación en firme de la infanta.

Los peritos fiscales apoyan a Horrach

Esa imputación, más severa que la que se usa en la primera fase de la instrucción y equivalente al procesamiento, no puede sustentarse ya sobre meros indicios sino sobre elementos sólidos de prueba.

Castro sabe que el ministerio público recurrirá ante la Audiencia porque, desde que hace un año citó por primera vez a la infanta como imputada, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha sostenido sin interrupción que nada la incrimina penalmente. Si Horrach no recurrió la segunda y definitiva imputación, que llevó a Cristina de Borbón a declarar ante el juez el 8 de febrero, fue sólo por esto: concluyó que un segundo recurso enervaría aún más a la opinión pública sin, además, ninguna garantía de que esta vez lo estimase la Audiencia.

Los peritos de Hacienda que han prestado auxilio al juez en este caso suscriben el planteamiento de Horrach. Pero el juez, a quien los argumentos de la Agencia Tributaria parecieron convencer en un primer momento, entiende que sus técnicos deben limitarse a concluir si hubo o no delito fiscal y no a exonerar a priori a nadie.

Hacienda atribuye a Iñaki Urdangarin dos delitos fiscales –2007 y 2008– por defraudar en total 337.000 euros. Pero aduce que es él como persona física –es decir, que ni cabe endosar delito a la empresa Aizoon SL como persona jurídica ni a Cristina de Borbón– el único y exclusivo responsable. Tanto la Agencia Tributaria como la Fiscalía consideran que repartir las culpas entre Urdangarin y Borbón conduciría a un callejón sin salida: porque la cuota individual defraudada por ninguno de ellos alcanzaría el umbral de los 120.000 euros.

El juez, a tenor de lo que indican otras fuentes del caso, argumentará que sin la cooperación de su esposa, que se prestó a crear la empresa Aizoon SL, Urdangarin jamás habría podido delinquir. El duque de Palma vehiculó a través de Aizoon todos sus ingresos procedentes de compañías privadas salvo el 1,07 millones que obtuvo de cuatro empresas del grupo Telefónica entre 2006 y 2011. Esa, al menos, es la cantidad detectada y verificada. 

Porque era miembro de la familia real

Hace ya un año, Hacienda emitió un informe demoledor sobre la materia: en el bienio 2007-2008, Urdangarin computó como rentas del trabajo 644.987 euros. Y dejó al margen los 1,13 millones facturados por Aizoon en esos dos años por contratos que distintas empresas privadas tenían con él. Es decir, nadie salvo Iñaki Urdangarin hizo ningún trabajo de asesoramiento.

El juez y el fiscal tampoco creen que ni siquiera los hiciera él pero, dado que sus pagadores eran compañías privadas y no administraciones públicas y dado que ningún accionista denunció a los gestores por administración desleal, tampoco cabe el delito de malversación. A Urdangarin lo contrataron –y así lo vinieron a reconocer tanto testigos de las empresas privadas como cargos públicos como Esteban González Pons– no por sus conocimientos o habilidades profesionales sino porque era miembro de la familia de Juan Carlos I. 

Ahora, Urdangarin se ha embarcado en un forcejeo con Hacienda a base de informes y contrainformes. El juez Castro le ha dado la opción de hacerlo. Y la Fiscalía cree que el magistrado ni siquiera tendría que haber tenido en cuenta su maniobra: si Urdangarin cree que puede refutar las graves conclusiones de Hacienda, que lo haga en el juicio. Así se resume el planteamiento de Anticorrupción.

Figura clave en investigaciones como las que terminaron con condena para el expresident balear Jaume Matas, del PP, o la expresidenta del Parlament Balear, María Antònia Munar, de la extinta Unió Mallorquina, Horrach se ha visto vapuleado durante el último año por su posición sobre la infanta. Su argumento central reside en que una investigación penal ha de sustentarse necesariamente en hechos y no en juicios de valor morales.

Devolución de seis millones de euros

Y, en su opinión, nada indica que la infanta participase en los manejos delictivos de su marido, con independencia de la opinión que cualquiera –o él mismo- pueda albergar sobre su calidad moral; sí la considera responsable a título lucrativo -es decir, beneficiaria del delito-, por lo que le reclamará que devuelva el dinero ilegalmente utilizado por Aizoon. Ni delito fiscal ni blanqueo, opina el fiscal: solo en lo que respecta a la infanta. Porque, en lo concerniente a Urdangarin, Horrach nunca ha descartado acusarle por blanqueo.

De hecho, que esa puerta siga abierta le da bazas a la hora de una hipotética y cada vez más lejana negociación que pasaría, ineludiblemente, por la asunción de culpas y la devolución de los seis millones de euros que la falsa ONG Instituto Nóos cobró gracias a sus convenios públicos a dedo en Valencia y Baleares. El juez Castro ha resuelto no atribuir el delito de blanqueo a Urdangarin. Pero formular los términos exactos de la acusación en el juicio corresponderá a la Fiscalía y a las acsuaciones populares, una ejercida por Manos Limpias y otra por los socialistas valencianos.

También Urdangarin rascó fondos en Madrid –116.000 euros por apoyar la fallida candidatura Madrid 16–, pero lo hizo a través de la más oscura de sus ONG, la Fundación DCIS. Es decir, a través de la organización utilizada para sacar de España medio millón de euros. Eso, al menos, es lo documentado.

Castro, en cambio, no parece albergar dudas sobre la participación de la infanta en un delito de blanqueo. Que el notario que escrituró la constitución de Aizoon SL declarase que la presencia de la hija de Juan Carlos sólo tenía por objeto ofrecer un “escudo fiscal” por si Hacienda metía las narices, y todo eso según el asesor fiscal de Urdangarin, es algo que quedó grabado en el cerebro del juez. Así lo aseguran quienes conocen el caso y tratan al magistrado.

La tesis del magistrado se condensa del siguiente modo: Cristina de Borbón permaneció alejada del foco –no tomaba decisiones formales en Aizoon ni en el Instituto Nóos pese a ser propietaria del 50% de la empresa y miembro de la junta directiva de la ONG– pero lo hizo solo por guardar las formas.

Sin su presencia en Aizoon, resultaría materialmente imposible que Urdangarin la hubiera utilizado para facturar sus asesorías personales a empresas. Y, sin su existencia, el matrimonio habría tenido que pagar de su bolsillo –y no de las cuentas de la sociedad–  la costosa reforma y decoración del palacete de Pedralbes, cuya compra se escrituró en 5,8 millones de euros en octubre de 2004. Casi medio millón de euros de la lujosa reforma salieron de las cuentas de Aizoon, que pagó igualmente bautizos, cumpleaños y comuniones. 

Blindaje total para Juan Carlos I 

Al mismo tiempo que la imputación de la infanta Cristina se ultima en Palma de Mallorca, en Madrid se prepara un blindaje judicial total para Juan Carlos.

Desde las 00.00 horas de este jueves, el exrey ha perdido la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución en su calidad de jefe del Estado. Ese privilegio pasa a su hijo. Es, decir, ya es imputable. En este contexto, para el Ejecutivo de Mariano Rajoy su protección judicial ha pasado a ser un asunto de máxima urgencia. Temen un aluvión de demandas. En el PP citan como ejemplo que Izquierda Unida, a través de su diputado Alberto Garzón ya anunció poco después de la abdicación su intención de plantear querellas "por los hechos delictivos que hubiera podido cometer en todo su reinado".

Para que el tiempo que Juan Carlos esté desprotegido sea el menor posible, el Gobierno, de la mano del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, ha iniciado ya los trámites para proceder al aforamiento completo –penal y civil– del ya exmonarca. Tras un trámite exprés en el Congreso de los Diputados y el Senado para aprobar la Ley de Abdicación, un asunto en el que fueron de la mano con los socialistas, los conservadores se arriesgan ahora a hacerlo solos. Esas son, al menos, las señales que llegan desde el principal partido de la oposición.

Tras haber barajado varias opciones, el Grupo Parlamentario Popular en la Cámara baja presentó este viernes una enmienda al articulado del Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial.

Una vez que se presenten las enmiendas, el texto pasará por ponencia, Comisión de Justicia y pleno del Congreso, donde se requiere mayoría absoluta dado su rango orgánico. Los votos del PP son de por sí suficientes para que esta iniciativa salga adelante. No obstante, los conservadores confían en ir, también en este asunto, de la mano del PSOE. Pero, este viernes sólo pudieron presentar su iniciativa con las firmas de dos diputados integrantes del Grupo Mixto: Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias.

Después, el texto se remitiría al Senado, donde si, no es retocada, podría salir adelante de forma inmediata para su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En la práctica, esta vía implica que el exrey podría volver a estar blindado jurídicamente en algo menos de un mes.

Justificación

La enmienda, en forma de artículo único, amplía la ley con el 55 bis: "Además de las competencias atribuidas a las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo en los artículos 56 y 57, dichas Salas conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la reina consorte o el consorte de la reina, los príncipes de Asturias, así como contra el rey o reina que hubiere abdicado o su consorte". Del texto se desprende que junto al rey Juan Carlos, se afora en lo civil y en lo penal a la reina Sofía, a Letizia y a la infanta Leonor.

En la justificación de la enmienda, el Grupo Parlamentario Popular señala que "producida la abdicación, es necesario prever al régimen que debe aplicarse al ex Jefe del Estado y a su consorte en relación con las actuaciones procesales que les puedan afectar, el cual no está hoy contemplado en la normativa vigente".

"Dicha previsión –continúa la justificación del nuevo artículo propuesto por los conservadores– debe tener en cuenta, tanto la dignidad de la figura de quienes han sido reyes de España, como el tratamiento dispensado a los titulares de otras magistraturas y poderes del Estado.

El CGPJ apremia al Gobierno

Esta misma semana, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunido en su comisión permanente, instó a acelerar el aforamiento del padre del rey. Lo hizo en una sesión en la que el órgano de poder de los jueces fijaba el texto base de informe al Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial “Por circunstancias sobrevenidas a la elaboración de este Anteproyecto, de conocimiento público, resulta necesario regular el estatuto jurídico de S.M. el Rey D. Juan Carlos I de Borbón y S.M. la Reina Dª Sofía, tras la abdicación del Rey, atribuyendo a ambos la prerrogativa del aforamiento”, rezaba el documento.

Pese a que desde el Gobierno insisten en público en que llevaban meses preparando la abdicación del rey, las fuentes consultadas admiten, en privado, que con la cuestión del aforamiento no han sabido reaccionar a tiempo. “Hemos dado la sensación de improvisación”, reconocen.

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El pasado abril, el Consejo de Ministros dio luz verde a un informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que, entre otros asuntos, venía a solucionar “una deficiencia histórica del sistema al incluir entre ellos [los aforados] a la reina y a los príncipes de Asturias". Por estas fechas, Rajoy ya conocía que Juan Carlos I iba a abdicar, Pero no se optó por incluirle en este anteproyecto. Cuentan en la Moncloa que fue para no despertar sospechas.

Si el guion del Gobierno se cumple, el aforamiento en lo penal y en lo civil enviaría cualquier demanda al rey al Tribunal Supremo. Desde impagos a paternidad.

En España hay más de 10.000 aforados entre jueces, fiscales, políticos y representantes de altas instituciones del Estado.