El juez Eduardo López Palop, encargado de la la investigación sobre la tragedia del Madrid Arena, no ha pasado de puntillas por los fallos que cometió la firma contratada para velar por la seguridad exterior de la fiesta de Halloween en la que murieron cinco chicas. Se trata de la compañía Seguriber, de la que es presidenta y principal accionista Mónica Oriol, la empresaria que se quejó de que la ley obligue a pagar un salario mínimo a trabajadores "aunque no valgan para nada". En su auto, el magistrado procesa a cuatro trabajadores de esta empresa, a la que apunta también como coresponsable civil subsidiaria.
En concreto, procesa al coordinador jefe de Seguriber, Juan José Paris, que estaba encargado de los accesos y los correspondientes controles y requisas, por abandonar "reiterada y temerariamente en diversas ocasiones un servicio de control y vigilancia esencial para la seguridad del desarrollo del concierto". Asimismo, el magistrado estima que los jefes de equipo durante la noche autos, José Antonio Díaz Romero y Raúl Monterde, así como el encargado del control de cámaras, Roberto Mateos García, tuvieron un comportamiento culpable y negligente. Además de a estas cuatro personas, el juez imputó a otras doce personas cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y diez delitos de lesiones. Entre ellos están el organizador de la fiesta, Miguel Ángel Flores, y el jefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo, que dimitió de su cargo tras conocerse el auto.
La abogada María José Siñeriz, que representa a la familia de la joven fallecida Cristina Arce, calificó de "contundente" y "claro" el auto del juez López-Palop porque, su juicio, constata que "nadie hizo su trabajo". En este sentido, Siñeriz señaló como corresponsables a la empresa organizadora, las encargadas de la seguridad, los médicos y Madrid Espacios y Congresos (Madridec). No obstante, dijo compartir la opinión de otro de los abogados de la acusación, que por la mañana había dicho que echaba de menos a algún político imputado –en relación al exconcejal de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad, Antonio de Guindos–, si bien reconoció que su participación no había sido tan directa como la del jefe de la Policía Municipal.
Responsabilidad civil
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Por otro lado, López-Palop estima que Seguriber es responsable civil subsidiaria de la tragedia junto al Ayuntamiento de Madrid y las empresas Madridec, DIVIERTT, FSM Group y Kontrol 34. No obstante, el juez señala a las aseguradoras Zurich, AIG, Mapfre y Hicox como responsables directas y que, por tanto, son las que tendrían que pagar las indemnizaciones a las familias de las fallecidas y a los heridos. Fuentes jurídicas explicaron a infoLibre que las aseguradoras tienen obligación de responder en virtud de las pólizas suscritas por las compañías organizadoras. En el caso de que estas pólizas no cubrieran el total de las indemnizaciones dictadas por el juez una vez que se celebre el juicio, serían las responsables subsidiarias las que tendrían que responder.
En cualquier caso, las familias todavía no han desvelado cuánta indemnización pedirán. Tienen de plazo para hacerlo hasta el 1 de octubre. En febrero de 2014 la Fiscalía de Madrid fijó una "indemnización de mínimos" de 1.463.619 euros para los familiares de las cinco jóvenes fallecidas. E instó a las compañías de seguros a que depositaran de forma solidaria en el juzgado las cantidades de dinero para que quedara a disposición de los perjudicados. No obstante, la cuantificación definitiva y cómo debe responder cada una de las aseguradoras se fijará una vez celebrado el juicio.
Con este auto, el juez Palop da carpetazo a la investigación abierta la madrugada del 1 de noviembre de 2012 tras la muerte de cinco chicas por la fatal avalancha que se produjo en el interior de unos de los vomitorios del pabellón debido al exceso de aforo, cuyo número se triplicó hasta los 22.000. El pasado julio, la Fiscalía pidió en un escrito mantener la imputación de 14 personas y sobreseer la de otras diez, entre las que se encontraba la de Monteagudo, De Guindos, Fátima Núñez, entre otros.
El juez Eduardo López Palop, encargado de la la investigación sobre la tragedia del Madrid Arena, no ha pasado de puntillas por los fallos que cometió la firma contratada para velar por la seguridad exterior de la fiesta de Halloween en la que murieron cinco chicas. Se trata de la compañía Seguriber, de la que es presidenta y principal accionista Mónica Oriol, la empresaria que se quejó de que la ley obligue a pagar un salario mínimo a trabajadores "aunque no valgan para nada". En su auto, el magistrado procesa a cuatro trabajadores de esta empresa, a la que apunta también como coresponsable civil subsidiaria.