La jueza Isabel Conejo que investiga el ático de lujo del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha vuelto a citar a declarar el 3 de marzo al comisario Enrique Rodríguez Ulla, según una providencia a la que ha tenido acceso infoLibre.
Rodríguez Ulla había sido emplazado a declarar por videoconferencia como testigo el pasado 4 de febrero en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. Pero al coincidir con el testimonio de la tesorera del PP, Carmen Navarro, que lo hacía en calidad de investigada por el borrado de los ordenadores de Bárcenas, la comparecencia acabó siendo suspendida.
Rodríguez Ulla fue uno de los tres agentes afectados, según la declaración del comisario José Manuel Villarejo, por investigar la compra del ático de una empresa offshore Coast Investors, radicada en el estado de Delaware ((EEUU), y que desde un principio alguió el expresidente madrileño Ignacio González: tras iniciar la investigación "lo cesaron y fue otro de los represaliados", aseguró el comisario José Antonio Villarejo, que coordinó las pesquisas policiales.
En concreto, en julio de 2012 el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoció en declaraciones a Europa Press que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le había "retirado la confianza" a Rodríguez Ulla tras la apertura de esta investigación sobre el ático, y una vez que la Fiscalía Anticorrupción había decidido su archivo "esa retirada de confianza se podía y debía materializar en un relevo".
El caso "más difícil"
La consecuencia de este cambio en la cúpula policial la explicó a la jueza el pasado 1 de febrero el comisario Villarejo, que encabezó una investigación "muy discreta y reservada" sobre el ático. En su testimonio Villarejo llegó a calificar este caso como "el más difícil de su vida".
En este sentido, resaltó que los agentes que participaron en el mismo habían sufrido "presiones". Y recordó que al comisario Agapito Hermes de Dios "lo han echado, lo imputaron y le suspendieron de empleo y sueldo". La Policía también abrió un expediente sancionador contra Hermes de Dios por infidelidad en la custodia de documentos.
"Cambiar informes"
Villarejo también relató que a Hermes de Dios el comisario de asuntos internos "le obligó a cambiar informes, y temiendo ser expulsado los cambió". El propio coordinador de las pesquisas se sintió coaccionado, dijo a la jueza, para dejar de investigar el caso, ya que el propio director general de la Policía, Ignacio Cosidó, "le ordenó a través del comisario de asuntos internos, Marcelino Martín Blas, que no siguiera investigando".
infoLibre se ha dirigido al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) para preguntar a Cosidó acerca de las declaraciones de Villarejo en sede judicial acerca de las presiones para cerrar el caso sin obtener respuesta.
Reunión en el Ministerio
Tampoco el Ministerio del Interior quiso comentar la información publicada por este diario acerca de la reunión celebrada en el propio Ministerio en la que Cosidó había pedido a sus superiores que expedientaran a Villarejo.
El testimonio ante la jueza del comisario que coordinó la investigación también esoecificó que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, mantuvo una reunión con el anterior presidente del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, en la que trató de convencerle para que "dejara la investigación y se apartara de la denuncia".
Sánchez Fornet
Tal y como adelantó infoLibre, la reunión se produjo en abril de 2012, y según explicó Sánchez Fornet a este diario, Cosidó trató de convencerle de que paralizara la querella que el sindicato había interpuesto. Tras la salida de Sánchez Fornet de la presidencia del SUP, el sindicato renunció a mantenerse como acusación popular, que ha recaído en los extrabajadores de Telemadrid.
Un portavoz oficial de la Policía confirmó la reunión, aunque desmintió el motivo de la misma: "En ningún caso el señor Cosidó pidió a Sánchez Fornet que cesaran las actuaciones o investigaciones que se estaban realizando sobre el ático de Estepona", dijo.
Enrique Cerezo
Pero al margen de la declaración como testigo del agente Rodríguez Ulla, la jueza Isabel Conejo también debe volver a citar al empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que no declaró en Estepona por coincidir con una prueba médica.
Cerezo, que es testigo en la causa, también fue grabado cuando trataba de interceder entre el comisario e Ignacio González en el caso del ático. Según Villarejo, tanto Cerezo como el propio Ignacio González trataron de que el caso no trascendiera a los medios de comunicación.
La jueza Isabel Conejo firmó hace dos semanas una providencia en la que preguntaba a la Fiscalía Anticorrupción si debía enviar al caso Gürtel que se instruye en la Audiencia nacional el caso del ático de González. Y lo hizo después de que el comisario Villarejo aportara un informe policial interno en el que explicaba que se había iniciado una investigación tras asegurar un confidente policial de Gürtel que Ignacio González habría cobrado dos millones en negro a cambio de la adjudicación de unas fincas municipales en Arganda del Rey.
La Fiscalía Anticorrupción pide que se prorrogue la investigación de la causa del ático de Ignacio González
25 millones de euros
La operación de Arganda está siendo investigada en el caso Gürtel ya que el presunto cerebro de la trama, Francisco Correa, pudo haber percibido hasta 25 millones de euros por su intermediación con el Ayuntamiento de este municipio.
Uno de los pagadores fue, según el sumario, el empresario Fernando Martín (Martinsa), que siempre ha negado cualquier irregularidad. El comisario Villarejo aseguró también que el confidente policial dio el nombre de Fernando Martín como una de las personas que habría abonado una parte de la supuesta mordida de dos millones de euros dos millonesa Ignacio González, que dimitió en secreto hace un mes de su cargo de secretario general del PP madrileño.
La jueza Isabel Conejo que investiga el ático de lujo del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha vuelto a citar a declarar el 3 de marzo al comisario Enrique Rodríguez Ulla, según una providencia a la que ha tenido acceso infoLibre.