La jueza Esperanza Collazos, que ha salvado penalmente a Miguel Blesa en el llamado caso del banco de Miami esgrimiendo un dato contable erróneo y, por tanto, falso, es la misma magistrada que hace dos años y con el PP como gran beneficiario archivó la causa sobre el borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas. La cerró sin pedir un papel ni interrogar a un solo testigo pese a que el PP había destruido los discos duros en plena investigación sobre su presunta contabilidad paralela.
En el caso de Blesa, la jueza ha dictado el sobreseimiento tras cifrar en 2,5 millones -"un resultado prácticamente neutro", opina- el saldo negativo que para Bankia acabó registrando la compra del banco de Miami.
Un informe de Bankia en poder de la jueza desde marzo refleja que, en realidad, el perjuicio económico ascendió a 119 millones: Caja Madrid compró el banco por 833 millones y su heredera Bankia ha logrado finalmente desprenderse de él por 714 millones. La diferencia, negativa para la entidad financiera, son esos 119 millones. La acusación popular, ejercida por Ausbanc en nombre de Manos Limpias, ha recurrido el archivo ante la Audiencia Provincial.
Destinada en 2013 en el juzgado de instrucción 32 de Madrid, Collazos archivó la causa de los discos duros de Bárcenas sin una sola diligencia: ni pidió que se practicaran pruebas ni tomó declaración a nadie. Simplemente, cerró el caso el 30 de octubre de 2013 con un auto de archivo provisional sobre el que la Audiencia Provincial está a punto de pronunciarse tras el recurso de las acusaciones populares.
La destrucción de los discos duros había quedado al descubierto después de que Bárcenas pidiera al instructor del caso Gürtel, entonces Pablo Ruz, que reclamase su entrega al PP.
El extesorero advirtió de que en esos ordenadores había información relevante sobre la contabilidad B del partido. El abogado que en 2013 le representaba, Javier Gómez de Liaño, desveló luego que uno de ellos también almacenaba “imágenes de personas que visitaban el PP”, en lo que parecía una clara referencia a los donantes del partido.
Ruz envió el caso sobre la destrucción de los ordenadores a los juzgados de Plaza de Castilla. Y la investigación recayó sobre Esperanza Collazos, que en apenas un mes dio carpetazo.
Su argumento central fue entonces que no cabía hablar de un delito de daños tras la destrucción de los discos duros del extesorero por cuanto, al estar dentro de la sede del PP y no haber podido Bárcenas acreditar que eran suyos, los ordenadores pertenecían al partido. Y el partido, venía a sostener la jueza, podía hacer con ellos lo que considerase oportuno.
Sobre el presunto delito de encubrimiento, Collazos adujo que solo sería posible su existencia si el delito encubierto ya hubiese sido juzgado y sus autores condenados. Y como todavía ni ha habido juicio -ni sentencia, claro- en el caso de los papeles de Bárcenas, tampoco cabe hablar de encubrimiento, razonó.
Dos años después y ya como titular del juzgado 9 de Madrid una vez defenestrado Elpidio Silva precisamente por haber enviado a prisión al expresidente de Caja Madrid, Collazos ha dictado el sobreseimiento definitivo del caso del banco de Miami.
En el auto por el que clausura las investigaciones sobre la compra del banco de Miami, fechado este 19 de octubre, Collazos vierte de manera errónea el contenido parcial de un informe de Bankia sobre los perjuicios económicos de la operación. Ese informe, de solo dos folios, ofrece en dos apartados los detalles de la compra del City National Bank of Florida (CNB), en noviembre de 2008, y los de su posterior venta al banco chileno BCI.
En otro apartado, y bajo un epígrafe distinto, Bankia desgranaba una operación posterior y de mucha menor envergadura: una compra de préstamos del City por 79 millones de dólares. Es esa operación, y no la de compra del banco en sí, la que arrojó finalmente un saldo negativo de 2,5 millones.
Ese error, cuya génesis se muestran incapaces de vislumbrar las fuentes jurídicas y financieras consultadas por infoLibre dado que el breve informe de Bankia -dos folios- no admitía equívocos, lleva a la juez a una conclusión favorable para los intereses de Blesa: que la operación de compra del banco de Miami tuvo "un resultado prácticamente neutro".
Collazos lo escribe calcando las palabras del informe de Bankia… aunque las palabras originales del informe se refieren a la adquisición de préstamos por 79 millones de dólares, no a la compra del banco por 833 millones de euros.
Pero como la jueza interpreta por error que se refieren a la adquisición del banco, concluye lo siguiente: “Cabe decir, categóricamente, que no hay perjuicio económico”.
Además del error de cifrar en 2,5 millones pérdidas que en realidad ascienden como mínimo a 120 millones, el auto adolece de otros defectos, según la acusación popular.
Por ejemplo, Ausbanc subraya que Collazos ha archivado la causa sin pronunciarse previamente sobre la solicitud de imputación por falsedad del antiguo secretario general de Caja Madrid, Enrique de la Torre, formulada por la acusación popular a raíz de un episodio reciente.
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El 5 de octubre, y en medio de su declaración como testigo ante la jueza, De la Torre admitió –siempre según Ausbanc, dado que ni el vídeo de la declaración ni su transcripción han trascendido- que el consejo de administración de Caja Madrid abordó en abril de 2008 la compra de todas las acciones del banco de Miami, aunque el acta solo recogió la adquisición del 83%.
El acta de la declaración sí refleja que la juez se comprometió a responder a esa petición “en resolución aparte”. Pero no llegó a dictarla. Tan solo, la relativa al archivo de diligencias.
Ausbanc reprocha asimismo a la jueza que tampoco haya esperado a tener en su mano la versión española del contrato de compra del City National Bank de Florida. La traducción, aseguran los recurrentes, ya estaba en marcha.
La jueza Esperanza Collazos, que ha salvado penalmente a Miguel Blesa en el llamado caso del banco de Miami esgrimiendo un dato contable erróneo y, por tanto, falso, es la misma magistrada que hace dos años y con el PP como gran beneficiario archivó la causa sobre el borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas. La cerró sin pedir un papel ni interrogar a un solo testigo pese a que el PP había destruido los discos duros en plena investigación sobre su presunta contabilidad paralela.