La magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que investiga la operación Erial que llevó a la detención e ingreso en prisión del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, rechazó la petición del ex ministro de Trabajo de quedar en libertad por razones humanitarias o, subsidiariamente, de pasar a arresto domiciliario.
La defensa del exministro y expresident Eduardo Zaplana había presentado un recurso de reforma contra el auto de prisión de la jueza, en el que alegaba que la medida era "innecesaria y desproporcionada", sostenía que no existía "ningún riesgo objetivo de destrucción de pruebas" ni de fuga, tanto por el "arraigo personal y familiar" del exdirigente conservador como por la "grave enfermedad" que padece desde hace años –leucemia– y que requiere cuidados "continuos y periódicos".
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Para las razones humanitarias se basaba en dos informes médicos, uno de ellos forense, en los que se apuntaban que Zaplana presenta un grave riesgo de sufrir "infecciones oportunistas" dado el "cuadro profundo de inmunosupresión" que padece el exministro, según confirmó a Europa Press fuentes de la defensa.
Sin embargo, la jueza, según una información de la cadena SER, rechazó el recurso con el argumento de que "quien comete presuntamente un delito debe asumir las consecuencias de sus actos siendo él el único responsable" y porque las vigilancias a las que se sometió a Eduardo Zaplana desde el año 2015 –cuando comenzó la investigación– reflejan una vida "muy activa", sin haber hecho uso de mascarillas.
Además, apunta que Zaplana solicitó el uso del gimnasio de la cárcel de Picassent en la que se encuentra, lo que, a juicio de la magistrada, "evidencia que se encuentra en perfecto estado independientemente de la enfermedad que padece", de acuerdo con la SER.
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que investiga la operación Erial que llevó a la detención e ingreso en prisión del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, rechazó la petición del ex ministro de Trabajo de quedar en libertad por razones humanitarias o, subsidiariamente, de pasar a arresto domiciliario.