Juezas y Jueces para la Democracia reclama la "inmediata" dimisión de todos los vocales del CGPJ
Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) ha reclamado este sábado en un comunicado “la inmediata dimisión de todos los vocales del CGPJ” que aún no lo han hecho, después de que la vocal progresista Concepción Sáez haya renunciado esta semana a su cargo por estimar "inútil" su continuidad "en este escenario de radical y puede que ya irreversible degradación", de una institución cuya renovación lleva cuatro años bloqueada. Para JJpD, la dimisión en bloque “es la única forma de recuperar la dignidad de la institución, que no puede seguir indefinidamente en funciones, pese al mandato constitucional de que su duración sea de cinco años”.
La organización lleva cuatro años reclamando esta dimisión en bloque de todos los vocales para desbloquear la situación, algo que el pasado viernes se planteaba como una posibilidad en una reunión de los magistrados progresistas, los cuales se volverán a encontrar el martes para plantearse dicha situación y así forzar que la institución se quede sin quorum. El CPGJ está integrado por 18 vocales (8 progresistas y 10 conservadores) y la normativa establece que para constituir el Pleno debe haber un mínimo de 11: 10 más el presidente, en la actualidad Rafael Mozo. Precisamente, su predecesor en el cargo, Carlos Lesmes, dimitió el 9 de octubre, al igual que Sáez esta semana, por la situación de bloqueo del consejo.
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La renuncia de los vocales evitaría, según Jueces y Juezas para la Democracia, que los magistrados fueran "cómplices de una situación inaceptable que conduce, en la práctica, a duplicar el mandato constitucional”. Este hecho choca con la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual establece la imposibilidad de reelección de ningún vocal una vez cumplidos sus cinco primeros años en el cargo.
La organización critica duramente al PP, culpable de que el Consejo General del Poder Judicial se encuetre en su cuarto año de interinidad, calificándolo de "irresponsable", y reclama a las presidencias del Congreso y Senado “que tienen la obligación legal, recogida en el artículo 568.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de adoptar las medidas necesarias para que la renovación del CGPJ se produzca en plazo”.
La situación propuesta por algunos integrantes del bloque progresista recuerda a la vivida por el órgano en 1996, cuando el entonces presidente Pascual Sala, disolvió el organismo tras la dimisión de seis de sus vocales. Sin embargo, en aquel momento el plazo de interinidad del CPGJ que condujo a las renuncias fue de tan solo seis meses, una nimiedad comparada a los 4 años actuales. Por ello, la portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia considera que “la iniciativa debería secundarse por los vocales de cualquier signo emulando lo que Pascual Sala y otros hicieron en su momento, decisión que entonces propició que se desencadenara la renovación del CGPJ”.
