La maniobra del bloque progresista abre la última posibilidad para renovar el CGPJ antes de las elecciones
El sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) empieza a mover ficha para intentar forzar la renovación de un órgano que lleva ya cuatro años en situación de interinidad. Más de la mitad del grupo ha mantenido este viernes una reunión de urgencia para estudiar la posibilidad de hacer caer con una cascada de dimisiones al órgano de gobierno de los jueces y obligar así a los grupos políticos a que se metan de lleno en su sustitución. No hay, por el momento, ninguna decisión tomada. La percepción entre los asistentes a la reunión es que esa maniobra puede ser "la salida". Sin embargo, algunos compañeros no lo acaban de ver claro. Y sin un abandono del bloque al completo el plan se iría al garete.
La maniobra planteada evoca episodios del pasado. En 1996, el entonces presidente del CGPJ, Pascual Sala, se vio obligado a disolver el órgano de gobierno de los jueces después de aceptar la dimisión de seis de sus vocales. Entonces, la situación era menos grave que en la actualidad. En aquel momento, el Poder Judicial apenas llevaba en funciones cinco meses, frente a los más de cuatro años que ahora acumula como consecuencia del bloqueo del PP a la renovación. "Después de las elecciones a las Cortes ya tenían la posibilidad de renovar y se lo hice notar. Pero me dieron largas y entonces dimitieron los vocales necesarios para dejar inservible el Consejo, e inmediatamente las Cortes renovaron la institución", recordaba Sala este viernes en una entrevista con El País.
Quizá con ese recuerdo en la cabeza, uno de los vocales del bloque progresista abrió este jueves el melón de un abandono coordinado. Lo hizo a través de un mensaje enviado al chat grupal que mantienen los miembros de este sector. "Nuestra obligación, a la vista de las circunstancias, es abrir el debate sobre la situación del CGPJ y la posible dimisión de los vocales", escribió Álvaro Cuesta. La propuesta, que en cuestión de minutos comenzó a circular como la pólvora por los medios de comunicación, agarró por sorpresa a algunos de los compañeros de grupo. Y se puso sobre la mesa pocas horas después de conocerse que Concepción Sáez, vocal nombrada a propuesta de Izquierda Unida, había planteado ya su renuncia al presidente del CGPJ, Rafael Mozo, que es quien en último término decide si la acepta.
En el seno del grupo se ha celebrado este viernes una primera reunión en la que se ha analizado la "insostenible" situación en la que se encuentra el órgano constitucional y los "posibles escenarios y las posibilidades y consecuencias jurídicas de nuevas renuncias". Al encuentro, celebrado en el despacho del presidente del Poder Judicial, han asistido cinco de los ocho miembros del sector progresista: Mozo, Cuesta, Sáez, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda, esta última de forma telemática. Los problemas de agenda, ante la premura de la cita, han impedido la asistencia al completo. Una primera "toma de contacto" a la que seguirá el próximo martes una reunión más amplia en la que se continuará con el análisis y se tomarán las decisiones.
Fuentes jurídicas conocedoras del contenido del encuentro señalan que ha habido cierta unanimidad entre los asistentes: "Se tiene la percepción de que la dimisión puede ser la salida, que no es poco". Lo que pasa es que aún hay algunas voces dentro del grupo que no lo acaban de ver con buenos ojos. Y eso supone un problema. Según el artículo 600 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que pueda funcionar el Pleno es necesaria la presencia "como mínimo" de diez vocales y el presidente. Es decir, que para dejarlo inactivo sería necesario que renunciasen los ocho miembros progresistas, sector en el que se suele incluir también al vocal propuesto por el PNV, Enrique Lucas. En definitiva, el bloque al completo.
La amenaza penal
La posibilidad de una catarata de dimisiones que termine por dejar inservible el órgano de gobierno de los jueces también está previsto que se aborde durante el Pleno que celebrará la próxima semana, implicando de esta manera al ala conservadora del Poder Judicial. Sin embargo, parece improbable que miembros de este grupo puedan sumarse a la maniobra. Fuentes de este sector pulsadas por infoLibre creen que el plan propuesto no llegará a buen puerto. Y no lo hará porque suponen que buena parte de los vocales no están dispuestos a dar un paso que, sostienen, podría tener consecuencias penales. "Es posible que Cuesta, que tiene carnet del PSOE, esté dispuesto a arriesgarse, pero me cuesta creer que los demás se vayan a desgraciar la vida, y menos los jueces", dice un vocal.
Se refieren, en concreto, al artículo 409 del Código Penal, que castiga a las "autoridades o funcionarios" que participen en el "abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial" con "grave perjuicio de éste o de la comunidad". Aunque pensado para huelgas ilegales de funcionarios, algunos expertos como el catedrático de Derecho Procesal Julio Banacloche consideran que este precepto podría aplicarse a este caso. Otros, como el catedrático de Derecho Constitucional Xavier Arbós no lo ven tan claro: "Esto no tiene nada que ver con el abandono de un servicio público esencial". En el sector progresista, además, insisten en que las renuncias, en caso de llevarse a cabo, serían individuales, nunca colectivas.
La opción de una cascada de dimisiones no es nueva. De hecho, es algo que se ha puesto sobre la mesa en repetidas ocasiones. Sáez ya planteó, aunque sin mucho éxito, una renuncia de este tipo cuando se frustró el acuerdo de 2018 para la renovación del Poder Judicial. Y un par de años después, en diciembre de 2020, cinco de los vocales progresistas –Sáez, Cuesta, Martínez de Careaga, Mozo y Sepúlveda– firmaron un voto particular en respuesta a una resolución sobre la reforma para limitar las funciones del CGPJ con el mandato caducado en el que volvían a plantear una salida colectiva para forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. "Sería conveniente acordar la renuncia en bloque de los miembros de esta institución", apuntaba el voto particular.
"Comparsas, cuando no coartadas"
Dimite la vocal progresista del CGPJ Concepción Sáez ante la "insostenible" situación del órgano
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Una de las voces que apuesta por esta opción dentro del grupo se muestra contundente: "Lo que está ocurriendo es un deterioro galopante de un órgano constitucional que sólo sirve a los intereses de la derecha y en el que los progresistas sólo somos comparsas, cuando no coartadas". En su carta de renuncia, adelantada por elDiario.es, Sáez ponía de manifiesto que su "paciencia" se había agotado y que su continuidad ya resultaba "inútil" en un escenario de "radical" y puede que "irreversible" degradación de la institución. Además, sostenía que si hasta ahora se había mantenido en el puesto no era por otra cosa que por su "excesivo y quizá equivocado sentido de la responsabilidad".
A la espera de lo que se decida finalmente en el encuentro de la próxima semana, fuentes jurídicas consultadas por este diario explican que aunque una renuncia en bloque de estas características desactivaría el Pleno, lo cierto es que el Consejo General del Poder Judicial seguiría funcionando provisionalmente a través de la Comisión Permanente, algo así como su núcleo duro, para cuya composición la normativa no fija un número mínimo de miembros –como sí se hace, por ejemplo, con la Comisión Disciplinaria–. De hecho, eso fue justamente lo que sucedió en 1996, en la etapa de Pascual Sala. Al fin y al cabo, el órgano constitucional, completan esas mismas fuentes, deberá seguir con las licencias, permisos, bajas de maternidad, compatibilidades o sanciones.
Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha señalado este viernes que comprende que haya vocales con la "sensibilidad" de querer dimitir para acabar con la situación "insostenible". Pero comentó: "Esa no es la solución, la solución es que Feijóo cumpla la Constitución, la ley y lo que pacta, porque llegamos a un acuerdo para renovar el Consejo".
