Fermín Oslé Uranga, exconsejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), y Alfonso Benavides Grases, antiguo apoderado de Fidere Vivienda —sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone—, se sentarán el próximo martes en el banquillo de los acusados por la presunta venta fraudulenta de 1.860 viviendas a un fondo de inversión en 2013 bajo el mandato de Ana Botella.
El caso iniciado a raíz de una denuncia del PSOE y afectados se archivó al considerar el juez de Instrucción número 38 de Madrid que no había "suficientes elementos" para seguir con la investigación. Pero en mayo de 2019 la Audiencia Provincial de Madrid ordenó su reapertura a instancias de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS, que en el juicio ejerce como acusación particular.
La Fiscalía de Madrid no imputa ningún delito a los dos acusados y solicita en su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la absolución al considerar que no han cometido ninguna infracción penal.
En cambio, la asociación de afectados solicita para los encausados ocho años de cárcel por fraude y por malversación de causales públicos, así como ocho años de inhabilitación para ejercer como cargo público, según ha detallado a Europa Press una portavoz del colectivo. La mercantil Fidere figura como responsable civil subsidiaria.
La investigación penal se instruyó por delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude respecto a la participación en la venta irregular por parte de Fermín Oslé Uranga y Alfonso Benavides Grases.
Además del ámbito judicial, el caso tuvo una vertiente administrativa por parte del Tribunal de Cuentas. En septiembre de 2017, se hizo público informe de fiscalización elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que se centraba en los ejercicios 2012 y 2013, bajo un mandato del PP.
En el informe se señalaba que la venta se produjo sin fijar con carácter previo el valor de los inmuebles a enajenar ya que lo más parecido a ello es una estimación realizada por una entidad, que además resultó ser asesora de los adjudicatarios.
A eso se sumaba que no existía una concurrencia real de eventuales compradores dada la información privilegiada que con carácter previo al acuerdo de la venta tuvieron cuatro compañías, entre ellas la adjudicataria Magic Real State, que después cedió sus derechos a las compañías Fidere.
Ana Botella resultó exonerada del caso después de que el Tribunal de Cuentas revocara una sentencia condenatoria y absolviera a la exalcaldesa y a siete miembros de su equipo. La sentencia revocada condenaba a los acusados a abonar solidariamente de sus bolsillos 22,7 millones de euros.
No ve delito
Ya en la esfera penal, la Fiscalía subraya en su escrito que "el procedimiento en todo momento se ajustó a las prescripciones establecidas en el artículo 85 ter de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y al artículo 18 del Decreto 74/09, Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid".
A su juicio, ello "permitía la enajenación por sus titulares de las viviendas con protección pública para arrendamiento y arrendamiento con opción a compra por promociones completas y a precio libre, previa autorización de la Consejería competente en materia de vivienda".
Por tanto, entiende que se siguieron "en todo momento los principios establecidos en el artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público, de aplicación complementaria para resolver lagunas en aquéllos contratos excluidos de la Ley entre los que se encontraban los de enajenación de inmuebles".
En cuanto a la EMVS, apunta que "a resultas de la operación, el ejercicio económico de 2013 arrojó un resultado positivo en todas sus partidas, incrementando el patrimonio neto y los fondos propios y reduciendo el pasivo, conforme a las previsiones del Plan de Viabilidad y dando cumplimiento a las obligaciones de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".
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Denuncia de los socialistas
Las actuaciones se incoaron a raíz de una denuncia presentada por el abogado del PSOE en nombre del entonces portavoz municipal Jaime Lissavetzky, así como la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de viviendas de la EMVS contra Fermín Oslé y Alfonso Benavides, el apoderado de la firma Fidere.
Los demandantes insinuaron que el procedimiento objeto de la causa "no fue correcto" por existir, entre otras cosas, "otras alternativas, otras posibilidades que produjesen algo así como menos daño a la ciudad de Madrid".
Fermín Oslé Uranga, exconsejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), y Alfonso Benavides Grases, antiguo apoderado de Fidere Vivienda —sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone—, se sentarán el próximo martes en el banquillo de los acusados por la presunta venta fraudulenta de 1.860 viviendas a un fondo de inversión en 2013 bajo el mandato de Ana Botella.