El juicio a Rafael Blasco pone en evidencia el clientelismo político de los gobiernos de Camps

Triste, solitario y final. Como Philip Marlowe en El largo adiós, de Raymond Chandler. Así bajó Rafael Blasco este viernes los cincuenta escalones del Palacio de Justicia tras la última sesión del juicio por el caso Cooperación.caso Cooperación En la puerta le esperaba una única cámara de TVE. El otrora locuaz conseller giró la cara al micro y se arrimó a la fachada con un gesto escurridizo de felino. Minutos antes había pronunciado su último alegato frente al tribunal que lo juzga por el desvío de 1,6 millones de ayudas a Nicaragua a una trama corrupta encabezada por el empresario Augusto Tauroni, en prisión desde 2012. De este dinero, 970.000 euros fueron a la compra de tres pisos y un garaje en Valencia. Al país de destino apenas llegaron 43.000 euros.

“He tenido errores y aciertos. Algún error habré cometido, pero nunca he traspasado ninguna frontera de ilegalidad”, aseguró Blasco, quien se refirió a sus compañeros de banquillo y, en algún caso, estrechos colaboradores desde los noventa: “Son honorables y no han cometido irregularidades. Están aquí porque la persona que se buscaba era la de Rafael Blasco”. Fue el epitafio a la teoría conspirativa esgrimida desde que en 1989 fue expulsado del PSPV-PSOE por un asunto turbio de recalificación de terrenos. Desde entonces declaró guerra eterna a sus excompañeros y, al poco, se afincó en la trinchera contraria, en el Partido Popular, donde ha dirigido cinco consejerías. Y en cada una ha dejado el rastro del escándalo con Tauroni como empresario de cámara. Por ejemplo, en 2001, en Bienestar Social, le encargó a dedo la puesta en marcha del teléfono de la mujer maltratada por 6,7 millones. También sin publicidad ni concurso le agració en 2006, desde la consejería de Sanidad, con la gestión de miles de expedientes médicos a través del programa Abucasis, licitado por algo más de seis millones. Esta última concesión está siendo investigada en los juzgados.

Orden de destierro

En junio de 2013, Blasco fue expulsado del Partido Popular, en el que se desempeñaba como portavoz del grupo parlamentario. Con todo el territorio político valenciano ya recorrido, pasó a la única butaca de los no adscritos, espacio de destierro o purgatorio donde esperar el juicio que se inició a principio de año. Un proceso que ha vivido con la sola compañía obligada de sus vecinos de banquillo. Y la única lealtad comprada (algunas fuentes señalan que por 150.000 euros) de su abogado, Javier Boix, quien ya le sacó del atolladero en 1989 y ha convertido su despacho en refugio multimillonario del políticos del PP en apuros. En 2012 defendió a Francisco Camps en el llamado caso de los trajes y consiguió dilatar la causa de Carlos Fabra en Castellón durante más un década.

De hecho, Boix está especializado en garantías jurídicas y conoce cada fisura del Código Penal. En esta causa ha impugnado testigos, intervenciones telefónicas y fragmentos de la instrucción. Una labor entre la finísima ingeniería procesal y la más severa voluntad de ineficacia burocrática. A sus órdenes ha contado con toda una orquesta de letrados que han seguido su melodía jerárquica a sabiendas de que poniendo a salvo al capitán se libraba la tripulación entera. Y en ese rumbo no ha importado ejercer cierto tono de piratería humillando a testigos de cargo, asegurando que la única delincuente era la abogada de la Generalitat personada en la causa o acusando al fiscal de amenazar a técnicos de la conselleria con imputarlos si no aportaban pruebas.

Facturas falsas

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Precisamente el trabajo de los fiscales Vicente Torres y Jesús Carrasco ha dejado sin mucho margen a las defensas. El informe final de acusación, redactado con estilo vertiginoso de novela negra, fue titulado por ellos mismos como “manual de clientelismo político”. Una modalidad en la que Blasco, a juzgar por los hechos, sería un virtuoso. En ese sentido, el exconseller, para el que solicitan 11 años de prisión y 31 de inhabilitación, habría presionado a los técnicos de Solidaridad para que en julio de 2008 se aprobaran las ayudas de 1,6 millones a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes), tapadera de los negocios de Tauroni, quien llegó a decir que sóo le movía el dinero y que debía “dar prioridad” a sus negocios “antes que a los negratas”. Cyes ni siquiera era una ONG al desarrollo ni cumplía con los requisitos insoslayables de la convocatoria de tener experiencia previa y colaborar en red con otras entidades.

Según el fiscal, cuando la noticia saltó a los medios en octubre de 2010, Blasco procuró esconder que se habían comprado pisos con dinero de las subvenciones al tercer mundo. Para ello ordenó adulterar documentos y sacó a relucir facturas falsificadas desde Cyes por trabajos en Nicaragua que jamás se efectuaron. La sobreactuación de transparencia llevó a Blasco a convocar a la prensa en unas jornadas de puertas abiertas en Solidaridad y a solicitar en Les Corts una auditoría del Síndico de Cuentas para fiscalizar su labor. En todo caso un informe ni vinculante ni público que, además, validó las tesis del fiscal y afeó al político por la desaparición injustificada de más de un 1,1 millones.

Blasco, para no cumplir con las recomendaciones del síndico, argumentó que se hallaba en funciones ante su inminente nombramiento como portavoz del Grupo Popular en 2011. “¿Dónde dice que si te han quitado más de un millón no hagas nada por recuperarlo?", preguntó el fiscal y, a continuación, desgranó una decena de órdenes y resoluciones de Blasco en aquel tiempo. “¿Para dar fondos públicos no estaba en funciones, pero para recuperarlos sí?”. La última firma fue la del 13 de junio de 2011 para la construcción de un hospital en Haití por 4 millones. Una vez más, la concesión fue a parar a manos de su amigo Augusto Tauroni, quien supuestamente se embolsó 200.000 euros pese a que jamás se realizó esta obra.