Tras quince meses en prisión provisional, la voz del exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras volvió a escucharse de nuevo. Su reaparición no fue a través de un holograma, como sucedió en la conferencia organizada por ERC tres días antes de que el dirigente político fuera trasladado a Madrid para afrontar el juicio por el procés. Tampoco en forma de audio, como en la campaña de las elecciones catalanas de 2017. En esta ocasión, la voz de Junqueras resonó entre las cuatro paredes del Salón de Plenos del Tribunal Supremo, donde se está celebrando la vista oral contra la docena de líderes soberanistas acusados de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. El exvicepresident de la Generalitat abrió este jueves la ronda de interrogatorios a los encausados, una vez cerrada durante las dos primeras sesiones de juicio la fase de cuestiones previas. Y lo hizo dejando claro que se encuentra inmerso en un “juicio político”, apuntando que “votar no es un delito, impedirlo por la fuerza sí” y reiterando el carácter “pacífico, cívico, responsable, ejemplar y educado”.
Las peticiones de penas contra Junqueras son diversas. La Fiscalía del Estado pide para el dirigente independentista una pena de 25 años de prisión por rebelión y malversación. La Abogacía, por su parte, solicita 12 años de cárcel después de rebajar el tipo penal y apostar por la sedición –además de la malversación–. Y el partido de extrema derecha Vox, que ejerce de acusación popular en el proceso, pide 74 años de prisión tras añadir el delito de organización criminal. El Ministerio Público y los servicios jurídicos del Estado acusan a Junqueras, así como al resto de miembros del Govern, de encabezar el movimiento ejecutivo destinado “a la convocatoria y celebración de un referéndum ilegal”, así como a la “creación y desarrollo” de estructuras de Estado paralelas que pudieran, según señala el Ministerio Público en su escrito de acusación, “sustituir a los órganos estatales legalmente constituidos en todos los órdenes (Hacienda, Seguridad Social, Poder Judicial…), incluida la acción exterior fuera del territorio nacional”.
En este sentido, ambas acusaciones recuerdan que todo el Ejecutivo de Carles Puigdemont, del que Junqueras era número dos, firmó el Decreto 139/2017 de convocatoria del referéndum, desatendiendo “los requerimientos del Tribunal Constitucional” y teniendo “pleno conocimiento” de la “ilegalidad de la iniciativa”. Además, apuntan que la firma del exvicepresident también aparece en el Decreto 140/2017 de normas complementarias para la realización del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña. Las acusaciones también ponen el foco en el papel que jugaron los representantes políticos, entre los que se encuentra Junqueras, en relación con las protestas registradas durante los días previos a la celebración del referéndum, entre ellas la concentración frente a la Consellería de Economía y Hacienda de la Generalitat. En este sentido, el escrito de acusación de la Abogacía señala que dichos actos “fueron conocidos, consentidos y queridos” por los acusados, que “en ningún momento instaron a su desconvocatoria ni llamaron a la restauración del orden público”.
“Estamos independentistas hasta que seamos independientes”
La sesión arrancó a las 10.00 horas con el pronunciamiento del tribunal sobre las cuestiones previas planteadas. Durante casi una hora, el magistrado Manuel Marchena fue resolviendo todas aquellas peticiones realizadas por las defensas en la primera jornada. Así, aceptó que sea llamado a declarar como testigo el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, pero rechazó la testifical del expresident Carles Puigdemont. Tampoco permitió la impugnación que la defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, hizo de la Abogacía del Estado, ni el hecho de traer a este juicio el sumario completo del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la organización del 1-O. En cuanto al uso de la lengua, dejó claro que pueden responder en catalán, pero descartó una traducción simultánea en lugar de la consecutiva. Y respecto a la crítica de las defensas de no tener aún todas las documentales aceptadas, aseguró que los letrados podrán disponer de un segundo turno en los interrogatorios para que sus representados puedan pronunciarse respecto a estos documentos.
Tras dar respuesta a estas cuestiones, y después de explicar que todo lo relativo a la vulneración de los derechos fundamentales sería aclarado en la sentencia, arrancó el interrogatorio de Junqueras, que exclusivamente respondió a las preguntas de su abogado, Andreu Van den Eynde. Con chaqueta y corbata negra, el exvicepresident de la Generalitat decidió expresarse en castellano al considerar que la traducción consecutiva “no es muy útil”, aunque dejó claro que para él es un “placer” expresarse en castellano porque le da la “posibilidad” de dirigirse a la ciudadanía española “después de año y medio de silencio forzado”. Su intervención, al igual que su escrito de defensa, tuvo un marcado carácter político. Así, a lo largo de la hora y media que duraron las preguntas, Junqueras dejó claro que se considera “un preso político” e incidió en su compromiso con los “derechos fundamentales, civiles, políticos y humanos”. “Estamos independentistas hasta que seamos independientes”, aseveró el exvicepresident de la Generalitat.
“Votar no es un delito”
Con los escritos de acusación de Abogacía y Fiscalía en mente, en los que se acusa al exvicepresidente y al resto de miembros del Govern encausados de impulsar un referéndum ilegal y preparar el terreno para el levantamiento de estructuras de Estado paralelas, Junqueras señaló que la obligación del Ejecutivo catalán era “proteger los derechos de los ciudadanos, entre ellos el derecho a votar”. Porque introducir una papeleta en una urna, quiso dejar claro durante todo su interrogatorio, “no es un delito”. “Impedir por la fuerza que alguien vote sí lo es”, completó el líder independentista, que acusó a las tres acusaciones de retorcer “absolutamente la argumentación”. De hecho, y después de recordar todos los intentos llevados a cabo para conseguir un diálogo con el Estado, aseveró que “estamos ante una cuestión” que exige “una solución política”. “Por eso asumí ir a la cárcel. Pero cada vez que tenga la oportunidad de hablar, reiteraré que debemos buscar una solución política, que sea respaldada por los ciudadanos a través del voto y que ese voto sea respetado”.
Junqueras fue cuestionado también por las movilizaciones ciudadanas. En este sentido, afirmó que el carácter de estas protestas fue “cívico, pacífico, responsable, ejemplar y educado”. Incluso cuando se produjo la concentración el 20 de septiembre de 2017 frente a la Consellería de Economía de la Generalitat, donde el Grupo de la Policía Judicial de la Guardia Civil se encontraba realizando un registro. “Incluso se repartieron claveles y se cantó un himno religioso”, señaló Junqueras, que lanzó un guiño a los Jordis al asegurar que siempre que Òmnium Cultural y la ANC han convocado manifestaciones lo han hecho con “un altísimo sentido de la responsabilidad”. En cuanto a la reunión mantenida con los responsables de los Mossos D’Esquadra tres días antes del 1-O, en la que según la Fiscalía se advirtió de que “era altamente probable que se produjera una escalada de violencia” y se recomendó suspender la consulta, Junqueras señaló: “No había nada que hiciese prever que sucediesen cosas diferentes (…) al escrupuloso respeto a la convivencia y al civismo”.
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Enfocats y malversación
El letrado del exvicepresident de la Generalitat también puso sobre la mesa el famoso documento Enfocats, una supuesta hoja de ruta que fue encontrada por la Guardia Civil durante el registro del despacho de Josep María Jové, entonces secretario general de Vicepresidencia y Economía y mano derecha de Junqueras. Un escrito en el que, según recogen Fiscalía y Abogacía, se apuntaba que la independencia llegaría “cuando haya una clara determinación ciudadana a darle apoyo y a implicarse activamente y con complicidad internacional” y se señalaba que “se ha de comenzar de una manera conservadora incrementando paulatinamente el nivel de conflictividad según la respuesta del Estado”. Pero Junqueras fue tajante y aseguró que no tuvo constancia de la existencia de ese documento hasta “que la magistrada de la Audiencia Nacional ordenó mi ingreso en prisión”. “De todos modos, no conozco a nadie que lo hubiese visto antes de ser incorporado a la causa. Cuando tuve ocasión de leerlo me pareció extravagante y apócrifo”, apostilló.
Otro aspecto en el que hizo hincapié la defensa de Junqueras fue en el delito de malversación que se atribuye a su representado. Tanto Ministerio Público como Abogacía consideran acreditado que se destinaron fondos públicos a la preparación y celebración de la consulta del 1-O. Sin embargo, el exvicepresident de la Generalitat señaló que a los contribuyentes “no les costó nada” la consulta. Negó que se dedicase un solo euro de la partida presupuestaria destinada a los procesos electorales a financiar el referéndum. “Y no es que lo diga solo yo, sino que también lo ha dicho la Intervención General, Cristóbal Montoro o Mariano Rajoy”, sentenció el líder independentista. De hecho, tanto el expresidente del Gobierno como el exministro de Hacienda están llamados a declarar como testigos en el juicio.
Tras quince meses en prisión provisional, la voz del exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras volvió a escucharse de nuevo. Su reaparición no fue a través de un holograma, como sucedió en la conferencia organizada por ERC tres días antes de que el dirigente político fuera trasladado a Madrid para afrontar el juicio por el procés. Tampoco en forma de audio, como en la campaña de las elecciones catalanas de 2017. En esta ocasión, la voz de Junqueras resonó entre las cuatro paredes del Salón de Plenos del Tribunal Supremo, donde se está celebrando la vista oral contra la docena de líderes soberanistas acusados de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. El exvicepresident de la Generalitat abrió este jueves la ronda de interrogatorios a los encausados, una vez cerrada durante las dos primeras sesiones de juicio la fase de cuestiones previas. Y lo hizo dejando claro que se encuentra inmerso en un “juicio político”, apuntando que “votar no es un delito, impedirlo por la fuerza sí” y reiterando el carácter “pacífico, cívico, responsable, ejemplar y educado”.