La Junta eleva a 15,3 millones el dinero que reclama a UGT Andalucía y desata la ira del sindicato

La Junta de Andalucía eleva a 15,3 millones de euros la cantidad que solicita que devuelva UGT-A dentro de los procedimientos de revisión de las subvenciones al sindicato, iniciados y tramitados por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por presuntas irregularidades y falta de justificación en dichas ayudas. La consejería ha iniciado otros 15 expedientes de reintegro de ayudas concedidas a UGT-A, de forma que reclama al sindicato que devuelva otros 10,4 millones de euros.

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, explicó este miércoles que ese dinero se suma a los otros 4,9 millones de euros ya reclamados a cinco expedientes con propuesta de resolución de reintegro en firme, de manera que la Junta reclama a la central sindical un total de 15,3 millones de euros en los expedientes de reintegros tramitados.

Precisó que los expedientes de ayudas analizados y por los que se ha abierto expediente de reintegro tienen "irregularidades administrativas de justificación y con cantidades que no estaban bien justificadas". "Hemos trabajado con todo el rigor del mundo, y lo haremos ante cualquier irregularidad", aseveró Maldonado.

En comparecencia en comisión parlamentaria, el consejero explicó que en la Dirección de Relaciones Laborales se han instruido siete procedimientos por los que se ha dictado resolución de reintegro por 3,9 millones de euros. En este caso se trata de subvenciones por el desarrollo de promoción de actividades del sindicato, por acuerdo de Concertación y negociación colectiva. Ha indicado que en ese área, UGT ha interpuesto recurso contencioso en el caso de dos resoluciones, con ayudas por valor de 1,8 millones de euros.

En el caso de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, se han abierto seis expedientes de reintegro por 2,9 millones de euros. En este caso las subvenciones se concedieron por la realización de actividades divulgativas y sensibilización en prevención de riesgos laborales.

En cuanto al SAE, donde las ayudas concedidas iban encaminadas al fomento de la contratación, se han unido dos expedientes de reintegro por 3,6 millones de euros. En ese área, según informa el consejero, el sindicato ha presentado recurso en tres resoluciones por 3,1 millones de euros. En este área existe otro expediente que sigue dentro de plazo y falta unos días para que cumpla el plazo, aunque también se le va a pedir el reintegro de las ayudas, por 15.000 euros, cantidad incluida en el montante global de 15,3 millones.

El consejero precisó que a los distintos expedientes habrá que aplicarle dependiendo del momento temporal del reintegro final y señaló que estos expedientes se han abierto "con el único objetivo de ejercitar fielmente el control del uso de subvenciones". Asimismo, resaltó el "esfuerzo y dedicación" de los diferentes funcionarios en este proceso "por sacar adelante en tiempo y forma expedientes que muchas veces no son fáciles".

Sánchez Maldonado explicaba a principios de septiembre en el Parlamento que la Junta estaba analizando 21 expedientes de subvenciones concedidas a UGT-A, por valor de 25,5 millones de euros, de los que entonces cinco ya tenían propuesta de resolución de reintegro en firme, con la propuesta de resolución de reintegro ya firmada, con reintegros que sumaban entonces 4,9 millones de euros.

En la comparecencia de este jueves, el consejero rechazó que se haya abierto "causa general". "No hacemos causa general, sino particular y cumpliendo las normas del Derecho, a raíz de la alarma social detectada, e iniciado el procedimiento con los plazos que respetan los derechos de los administrados", ha aseverado el consejero quien ha indicado que en esta investigación administrativa "los servicios jurídicos nos han marcado en cada momento lo que había que hacer".

UGT-A acusa a la Junta de "montar una causa general para limpiar su imagen"

UGT Andalucía presentó recursos por vía contencioso-administrativa en los juzgados de Sevilla en los que solicita suspender la ejecución de las seis resoluciones de reintegro notificadas hasta el momento por la Junta de Andalucía para reclamar la devolución de subvenciones concedidas al sindicato por "presuntas irregularidades y falta de justificación" detectadas en su revisión. Así lo anunció este miércoles el propio sindicato en un comunicado hecho público minutos después de que el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa, José Sánchez Maldonado, informase en el Parlamento de que la cantidad reclamada por la Junta dentro de los procedimientos de revisión de las subvenciones de UGT-A se eleva a 15,3 millones de euros.

En la nota, UGT-A acusa a la Junta de "actuar de forma inquisitorial" al "emprender injustificadamente una causa general indiscriminada contra todas las actividades formativas del sindicato en Andalucía con el único objetivo de limpiar su imagen". En este sentido, emplaza al Ejecutivo andaluz a aclarar por qué "si en los años investigados dio por buenas las justificaciones de los programas ahora, cinco o en algunos casos seis años después, cambia de criterio".

"¿No hizo bien su trabajo la Junta de Andalucía o busca ahora un chivo expiatorio para preservar su imagen y su respaldo electoral?", se pregunta el sindicato ugetista, que traslada tanto a la administración autonómica como a "todos los andaluces" que "no aceptaremos responsabilidades que no nos correspondan".

Acusaciones "vagas y genéricas"

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El sindicato solicitó al juez la suspensión de ejecución de los expedientes de reintegro porque considera que "son completamente vagos e inconcretos, no señalan vicio alguno en la justificación de la subvención ni revelan la existencia de indicios que muestre la necesidad de revisar los expedientes".

UGT-A esgrime en sus recursos que "es la Administración quien debe demostrar que se incumplió alguna exigencia formal o material en el destino de la subvención y no UGT-A quien ha de probar su inocencia justificando nuevamente unas subvenciones cuyo pleno cumplimiento ya acreditó en su día" y critica que desde la Junta "tan solo se formulan acusaciones vagas y genéricas, en todo punto inaceptables en un Estado de Derecho, generando artificiosamente una sospecha infundada sobre el conjunto de actuaciones del sindicato".

En su opinión, se trata de una "operación integral y orquestada mediante la que se pretende revisar exhaustivamente todos los expedientes de subvenciones sin que exista un concreto motivo para la incoación singularizada de los reintegros y en nuestro Derecho se encuentran radicalmente proscritas este tipo de operaciones de hostigamiento". En este sentido, UGT-A recuerda que "la jurisprudencia rechaza de plano la posibilidad de instruir una causa general contra un ciudadano apoyándose en meras vaguedades y exige que en los acuerdos de incoación de los expedientes se concreten los hechos, los actos motivados o irregularidades que se imputan".