Juristas defienden la ilegalidad de un sindicato de "trabajadoras sexuales" porque la mayoría de empresarios serían proxenetas

El pasado 4 de agosto, el Boletín Oficial del Estado publicaba un anuncio oficial derivado del Ministerio de Trabajo, en el que quedaba oficializada la constitución de un nuevo sindicato de carácter estatal. Las alarmas saltaron, en la opinión pública y dentro del Ejecutivo de Pedro Sánchez, después de que Público y El Mundo publicaran la noticia a última hora del miércoles y dieran a conocer el nombre del sindicato: Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras).

El asombro generalizado que ha suscitado la noticia tiene como raíz la manifiesta posición abolicionista defendida por el Gobierno del PSOE. Durante su 39º Congreso, celebrado en junio de 2017, los socialistas ratificaban su posición. "La prostitución, de la que nos hemos declarado abolicionistas, es uno de los rostros más crueles de la feminización de la pobreza, así como una de las peores formas de violencia contra las mujeres. Daremos los pasos necesarios para la aprobación de una normativa que regule el abolicionismo centrando la responsabilidad en los empresarios, usuarios o consumidores de prostitución. Así mismo, desarrollaremos las medidas necesarias de apoyo integral a las mujeres en situación de prostitución", decían entonces.

Con el reconocimiento de la Organización de Trabajadoras Sexuales surgía entonces una incoherencia evidente: ¿cómo es posible que quienes se declaran abolicionistas otorguen derechos laborales a las trabajadoras sexuales? Según publicó el diario El Mundo, el sindicato expone en sus estatutos que "desarrollará sus actividades en el ámbito funcional de las actividades relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes". La Dirección General de Trabajo, señala el mismo diario, alega que "no todo el trabajo relacionado con el sexo es ilegal", citando como referencia a los profesionales que trabajan en el cine porno.

Al ser preguntadas por infoLibre respecto a los ámbitos que abarca el sindicato, fuentes de la Organización de Trabajadoras Sexuales dicen ser "un sindicato de personas que se dedican al trabajo sexual" y enlazan la definición que realiza la página de Wikipedia, donde además de "trabajadoras sexuales" que se dedican a la "industria del sexo como medio de vida", se incluye a "personas bailarinas de striptease, teleoperadoras de líneas eróticas, actores y actrices porno y dominatrices profesionales".

El PSOE ha querido cortar la mecha para evitar que la polémica saltara por los aires. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, señaló el mismo jueves en declaraciones a la prensa que la resolución ha sido "una sorpresa" y que pedirá información al respecto. "Me han colado un gol por la escuadra", aseguró, para añadir a renglón seguido que "el disgusto" ha sido "uno de los más gordos" que ha experimentado a lo largo de su "vida profesional y política". Valerio confirmó que la Abogacía del Estado iniciará todos los trámites pertinentes para "declarar esta resolución nula de pleno derecho".

El mismo día, el presidente del Gobierno recalcó a través de las redes sociales que su equipo no sólo es "feminista" sino además "partidario de la abolición de la prostitución". Sánchez aseguró además que el registro del nuevo sindicato fue "un mero acto administrativo que no contenía errores de forma pero sí de fondo".

En el documento publicado por el BOE se observa la solicitud del depósito fue formulada por Joaquín Pedro Donaire Mateos. Llama la atención que sea un hombre el principal responsable de la petición, pese a ser un sindicato que en su nombre se refiere únicamente a trabajadoras, en femenino. Donaire Mateos forma parte del equipo de Aprosex, una asociación que se define "con vocación de servicio y trabajo definitivo en defensa de los derechos de las y los trabajadores y la normalización del trabajo sexual". La organización, además, imparte cursos de iniciación a la prostitución o de sexo oral que oscilan entre los 15 y los 60 euros.

Sección sindical en Cataluña

La del sindicato formalizado a principios de agosto no es la única experiencia similar en territorio español. A finales de julio, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) dio luz verde a la primera sección sindical que agrupa a trabajadoras sexuales, con el objetivo de caminar hacia un reconocimiento de su trabajo. Según sus promotoras, la sección sindical está abierta a "todos los trabajadores y trabajadoras de servicios sexuales", desde prostitutas que ejerzan en la calle hasta actores y actrices de pornografía.

Paula Ezkerra, activista e integrante de la sección sindical, sostiene en conversación con infoLibre que "el trabajo sexual no está en un limbo legal" sino que por el contrario "existe una regulación negativa hacia las trabajadoras sexuales y positiva hacia los empresarios". Los clubes de alterne, indica, tienen licencia y están perfectamente regulados, pero las empleadas trabajan de forma clandestina. 

Ezkerra cree necesario la puesta en valor "los derechos de personas que están en activo" porque "un reconocimiento de los derechos laborales" hace que las mujeres "sean sujetos políticos de pleno derecho" y puedan por tanto acceder a servicios fundamentales. Cubrir, añade, las "necesidades básicas en una sociedad capitalista implica tener una cuenta bancaria", para lo que son requeridas "exigencias como tener un trabajo, una nómina o ser autónomos". También, dice, es importante este reconocimiento para cuestiones clave como la custodia respecto a sus hijos o el acceso a una vivienda.

La labor de la sección sindical, detalla Ezkerra, es precisamente luchar contra la "clandestinidad del trabajo sexual, que genera proxenetismo". En el momento en que "reconoces el trabajo sexual, de mujeres independientes y no víctimas de trata, las dotas de derecho y evitas el proxenetismo". A su juicio, "en el Estado español se fomenta el proxenetismo empresarial, con una explotación de máxima magnitud", precisamente por no reconocer el trabajo sexual como tal.

La sindicalista señala que, si bien "las trabajadoras sexuales son independientes, a veces quieren o tienen que trabajar para terceros". De ahí que las acciones sindicales vayan encaminadas a una "interpelación hacia los clubes que tienen trabajadoras sexuales clandestinas". La sección catalana tratará, relata, de que éstas sean reconocidas, "si no puede ser como trabajadoras sexuales, se analizará mediante qué fórmula".

Debate jurídico 

El de la prostitución se presenta como uno de los debates más enquistados dentro del movimiento feminista y su situación a nivel jurídico ha planteado no pocos interrogantes. Aunque el ejercicio de la prostitución no está penado en España, sí existen sanciones a su consumo cuando se lleva a cabo en "zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores" o bien en lugares donde "pueda generar un riesgo para la seguridad vial", según la Ley de Seguridad Ciudadana. El Código Penal sí impone pena de prisión y multa "a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma", siempre que la víctima "se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica" o en caso de que "se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas".

La Asociación Internacional L'escola, pro derechos humanos, presentó este mismo jueves un recurso de revisión por la vía administrativa para evitar que la constitución del sindicato tenga efecto. La publicación del BOE señala que es posible impugnar el documento ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, algo que también hará el próximo lunes. Por el momento, el Ministerio de Trabajo ha realizado ya el trámite de impugnación.

Núria González, abogada y presidenta de la asociación, explica en conversación con este diario que la Ley de Libertad Sindical "sólo permite sindicarse por cuenta ajena, así que tiene que haber empresa y patronal del sector". Si ellas son trabajadoras por cuenta ajena, añade, "lo son de alguien que es un delincuente, porque el proxenetismo está penado". Toda la patronal, añade, "va a ser una organización criminal, por lo que será nulo de pleno derecho". De lo contrario se le estará "dando pábulo a una actividad delictiva", asevera.

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González admite conocer la sección sindical existente en Cataluña, pero matiza que no se trata del mismo caso porque no es un sindicato autónomo. "Dentro de un sindicato ya compuesto como tal se puede hacer una sección", aclara.

Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la asociación Mujeres Juristas Themis, se reconoce abolicionista y expresa su rechazo hacia la iniciativa sindical. "Detrás de la prostitución está en un porcentaje muy elevado la trata", esgrime. El ejercicio de la prostitución, además, "sirve a los hombres y cosifica a las mujeres", de manera que "no es una actividad laboral, sino una forma de esclavitud". A su juicio, la salida a un problema "complejo y antiguo" apunta a buscar una sanción dirigida a los clientes: "Si no hubiera puteros, no habría mujeres prostituidas", razona.

En cuanto a las dudas jurídicas que emanan, la abogada coincide en que "los sindicatos son un instrumento de lucha de los trabajadores por cuenta ajena", así que se pregunta quienes son los empleadores. "La prostitución no es un delito, pero el proxenetismo sí lo es", observa.