La High Court de Londres mantiene viva la incógnita sobre la extradición a Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Lejos de arrojar luz sobre el asunto y tras un intenso mes de espera, los magistrados Victoria Sharp y Jeremy Johnson han emitido este martes una resolución que alarga varias semanas más la agonía del periodista, encerrado desde hace un lustro en una cárcel de máxima seguridad. El fallo reconoce que hay caso, que algunos argumentos de apelación expuestos por la defensa de Assange pueden tener recorrido. Pero por el momento no los acepta. Antes, se ha preferido dar un margen a las autoridades americanas para que ofrezcan garantías sobre esas cuestiones. Una decisión que retrasa, como poco, un par de meses la posible extradición del periodista.
Las filtraciones de WikiLeaks han puesto al desnudo las vergüenzas de medio mundo. Desde que echó a andar allá por 2006, se han destapado redes de corrupción en África, incidentes nucleares, vertidos tóxicos, tramas bancarias o detalles sobre la censura en Internet. Pero también graves violaciones de derechos humanos cometidas por Estados Unidos. Es el caso del asesinato indiscriminado de civiles en Irak desde un helicóptero Apache del Ejército estadounidense, un vídeo que circuló por todo el planeta y que hizo que WikiLeaks ganase relevancia pública. O la filtración relativa a las torturas cometidas contra presos de Guantánamo o Abu Ghraib, un centro de detención ubicado a pocos kilómetros de Bagdad.
Las revelaciones de WikiLeaks también tuvieron repercusiones en España. Sobre todo, a raíz de la publicación de los llamados papeles del Pentágono, más de 250.000 documentos con niveles de confidencialidad de todo tipo enviados por la Administración estadounidense a sus representaciones diplomáticas en todo el mundo. Si algo pusieron de manifiesto aquellos cables, publicados por el diario El País, fueron las maniobras de EEUU para intentar frenar algunas causas judiciales que le afectaban seriamente. Entre ellas, la de José Couso, el cámara español asesinado por las Fuerzas Armadas estadounidenses mientras se encontraba informando sobre la invasión de Irak desde el Hotel Palestina, cuartel general de los periodistas internacionales.
Estados Unidos fue el único país que decidió iniciar una ofensiva legal por las filtraciones contra el fundador de WikiLeaks. Tras su detención en la Embajada de Ecuador en Londres, en la que estuvo refugiado durante siete largos años y en la que fue espiado, el Departamento de Justicia americano solicitó formalmente a Reino Unido la extradición de Assange, a quien se imputan delitos de espionaje o conspiración para infiltrarse en ordenadores gubernamentales que podrían implicar una condena de hasta 175 años de cárcel. Se abrió entonces una batalla judicial que se ha prolongado durante todo un lustro. Un enfrentamiento jurídico que el periodista australiano ha seguido desde la prisión de máxima seguridad de Belmarsh.
En primera instancia, los tribunales británicos rechazaron la extradición de Assange por razones humanitarias. La jueza Vanessa Baraitser consideró que se si autorizaba la entrega el riesgo de que el fundador de WikiLeaks se suicidara era "elevado". Pero Estados Unidos recurrió y presentó una serie de garantías para garantizar la seguridad del periodista si era extraditado –entre otras, que no sería encerrado en una prisión de máxima seguridad y que recibiría "tratamiento médico y psicológico apropiado"–. El tribunal de apelaciones revocó entonces la decisión de Baraitser. Y el Supremo, unos meses después, desestimó el recurso presentado por los abogados de Assange contra esta última decisión.
Tres puntos de apelación con base sólida
El Gobierno británico firmó entonces la orden para que el fundador de WikiLeaks fuera enviado a suelo americano. Pero la defensa del periodista volvió a maniobrar. Y solicitó, de nuevo, permiso para recurrir. Lo hizo poniendo sobre la mesa hasta nueve motivos diferentes de apelación –los llamados grounds of appeal–, en los que señalaban, entre otras cuestiones, que la entrega era contraria al tratado de extradición entre EEUU y Reino Unido o que chocaba contra varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos –entre otros, el relativo a la libertad de información–. Puntos de apelación sobre los que se discutió largo y tendido a finales de febrero en una audiencia de dos días celebrada en la High Court de Londres.
Ahora, tras un largo mes de espera, los magistrados se han pronunciado sobre el caso. Pero no han sido todo lo contundentes que se esperaba. El tribunal ha rechazado la gran mayoría de motivos de apelación expuestos por la defensa de Assange. Y lo ha hecho a través de una extensa resolución en la que, incluso, se niega la admisión de nuevas pruebas relativas al supuesto complot de la CIA para secuestrar o matar al fundador de WikiLeaks, una información publicada hace casi tres años por Yahoo News. El fallo descarta también que la solicitud de entrega contra el periodista australiano tenga una motivación política. "Se formuló con el fin de procesar al demandante por los delitos de extradición y no por sus opiniones políticas", recoge.
Ahora bien, los magistrados sí que creen que la defensa de Julian Assange tiene base jurídica sólida como para recurrir su entrega en tres de los puntos de apelación. Son, en concreto, aquellos que versan sobre la posibilidad de que pueda verse vulnerado el derecho a la libertad de información, de que el periodista pueda recibir un trato discriminatorio por su nacionalidad en un futuro proceso judicial en suelo estadounidense o de que se le pueda imponer una condena a muerte. Sobre esto último, el tribunal señala que el tratado de extradición no excluye la entrega por cargos de pena capital y recuerda que han existido "llamamientos a la imposición" de dicho castigo por parte de "destacados políticos y otras figuras públicas".
Un futuro incierto y con muchos condicionantes
Pero a pesar del posible recorrido de estos tres puntos, la High Court ha decidido dejar la apelación en el aire a la espera de lo que se pueda ofrecer desde Estados Unidos para cubrir todas estas lagunas. La resolución emitida este martes da a la Administración Biden un plazo de tres semanas –que concluye el próximo 16 de abril– para que ofrezcan garantías de que la nacionalidad de Assange no le perjudicará en su proceso judicial, de que no se le impondrá la pena de muerte y de que podrá acogerse a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense –la que protege la libertad de prensa–, algo que EEUU siempre ha rechazado. "Si no se le permite debido a su condición de ciudadano extranjero, se verá perjudicado por su nacionalidad", señala la resolución.
Si no las proporcionan, el tribunal daría luz verde directamente a que se admitan esos tres puntos de apelación y se entre en el fondo de los mismos. Esto, según las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre, retrasaría más tiempo una posible entrega del periodista a Estados Unidos. Primero, porque no podría producirse la extradición mientras se están analizando en detalle todos estos argumentos de apelación. Y segundo, porque una resolución sobre el fondo de los mismos –ya sea positiva o negativa– podría ser recurrida ante el Tribunal Supremo, para lo cual, explican las fuentes pulsadas por este diario, tendría que aprobarse previamente "el permiso para apelar", algo similar a lo que se está viviendo ahora mismo en la corte londinense.
Pero si se ponen sobre la mesa las garantías exigidas, la cosa cambia. En ese caso, se presentarán nuevos escritos sobre las mismas y se estudiarán en una nueva audiencia el próximo 20 de mayo. Tras esa nueva vista, la High Court decidirá si concede o no a Assange el permiso para apelar sobre los tres puntos anteriormente citados. Si lo hace, el procedimiento sería el descrito anteriormente. Pero si no, la batalla en suelo británico se habrá terminado para el fundador de WikiLeaks. Y la única carta que le quedaría sería llevar el caso de inmediato al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y pedir como cautelar la suspensión de su extradición hasta que Estrasburgo resuelva, una posibilidad que está sobre la mesa de su defensa.
Invitación a una "intervención política"
La resolución de este martes ha sido duramente criticada tanto por el entorno de Assange como por diferentes colectivos de derechos humanos. "Lo que los tribunales han hecho ha sido invitar a una intervención política de Estados Unidos, lo que me parece asombroso. La Administración Biden no debería dar garantías, debería abandonar este vergonzoso casos que nunca debió haberse abierto", ha señalado la abogada sudafricana Stella Morris, esposa del periodista. "La decisión de hoy deja en el limbo a Assange y a todos los defensores de la libertad de prensa, pero la lucha continúa", ha apuntado, por su parte, Simon Crowther, asesor jurídico de Amnistía Internacional, quien ha recordado lo "profundamente defectuosas" que suelen ser las "garantías" que ofrece Estados Unidos.
La agonía del periodista australiano por su extradición se prolongará, por tanto, como poco hasta finales de mayo. Una cruel incertidumbre que el fundador de WikiLeaks, cuyo estado de salud es muy precario –hace un par de años sufrió un derrame cerebral–, deberá soportar desde su celda en la prisión de Belmarsh. Una pequeña habitación de apenas seis metros cuadrados en la que pasa más de veinte horas al día.
La High Court de Londres mantiene viva la incógnita sobre la extradición a Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Lejos de arrojar luz sobre el asunto y tras un intenso mes de espera, los magistrados Victoria Sharp y Jeremy Johnson han emitido este martes una resolución que alarga varias semanas más la agonía del periodista, encerrado desde hace un lustro en una cárcel de máxima seguridad. El fallo reconoce que hay caso, que algunos argumentos de apelación expuestos por la defensa de Assange pueden tener recorrido. Pero por el momento no los acepta. Antes, se ha preferido dar un margen a las autoridades americanas para que ofrezcan garantías sobre esas cuestiones. Una decisión que retrasa, como poco, un par de meses la posible extradición del periodista.