La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre un año y medio y dos años de cárcel a tres miembros del grupo de extrema derecha navarro Falange y Tradición por atacar símbolos antifranquistas aunque les ha absuelto de los delitos de daños con finalidad terrorista, asociación ilícita y revelación de secretos que les imputó la Fiscalía, que pidió para ellos siete años de prisión.
En un sentencia dictada este jueves, la Sección Primera de la Sala de lo Penal condena a dos años de prisión a José Ignacio Irusta, alias El Barbas y El Pater, y a un año y medio a Javier López Monreal, El Lanas, y Borja Pérez Illera por un delito de amenazas no condicionales a un colectivo concreto.
El tribunal, que aplica la atenuante de dilaciones indebidas durante el procedimiento, considera probado que los acusados, de una ideología cercana a los postulados de Falange, cometieron una serie de acciones "con la intención concreta de que cualquier manifestación pública de la memoria histórica generaramemoria histórica en sus legítimos promotores un miedo respecto a su sentimiento de tranquilidad".
Pintadas amenazantes
Así, en la tarde del 19 de agosto de 2009 José Ignacio Irusta rompió la placa situada junto al monumento 'Homenaje a los esclavos del franquismo', en el Alto de Igal, en el término municipal de Vigandoz (Navarra).
Junto con los otros dos acusados realizó una pintada en un vehículo del Ayuntamiento de Orkoyen que utilizaba el alguacil en la que ponía "Julio kontuz (precaución), mira debajo" y "Zerri (cerdo) comunista", junto a un yugo y a unas flechas. En este mismo Consistorio también pintaron con la bandera española la placa de la calle dedicada a la histórica militante comunista Dolores Ibarruri.
También se considera probado, entre otras acciones cometidas esa noche, que los acusados realizaron pintadas en el cementerio de Berrioplano, en las inmediaciones de Pamplona, y rompieron una placa en memoria de los fusilados del Fuerte San Cristóbal, colocada en el cementerio de Aizoáin.
Sus actividades nocturnas se completaron con la realización de una serie de grafitis en la fachada principal del Ayuntamiento de Arbizu en las que advertían al alcalde y a los concejales con las siguientes amenazas: "Hoy se os vigila, mañana os matamos".
Sin embargo, los magistrados Fernando Grande-Marlaska, Ramón Sáez y Fermín Echarri no han encontrado pruebas suficientes para atribuir a los acusados las pintadas que se hicieron el 22 de agosto de 2009 en las herriko tabernas Ipar Gorri, Zurgai y Ezpala de Pamplona o las llamadas de amenaza que sufrieron varios concejales de municipios navarros.
No estaban organizados
Además, los acusados son absueltos del delito de asociación ilícita al entender que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, en este caso "no se puede puede concluir la existencia de una organización mínimamente compleja" en la que existiera "jerarquización y división de funciones".
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"Únicamente permite derivar en un grupo de personas fuertemente ideologizadas, en parámetros preconstitucionales, limitando su actuación a tratar de evitar el reconocimiento legal de quienes entienden opuestos a su discurso maniqueo de la dictadura franquista", señalan los jueces.
En este sentido, apuntan que, a tenor de los mensajes SMS que los acusados se cruzaron, los "actos vandálicos" que protagonizaron se caracterizaban por su "espontaneidad", sin que ninguno de sus destinatarios recibieran "órdenes o instrucciones". "Únicamente invitación a participar de ese aquelarre", agregan.
Los jueces imponen la pena más alta a José Ignacio Irusta por la "especial gravedad" de su conducta, "caracterizada por la exhibición de la intolerancia y un menosprecio al reconocimiento de quienes sufrieron violentamente esa misma intolerancia ideológica".
La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre un año y medio y dos años de cárcel a tres miembros del grupo de extrema derecha navarro Falange y Tradición por atacar símbolos antifranquistas aunque les ha absuelto de los delitos de daños con finalidad terrorista, asociación ilícita y revelación de secretos que les imputó la Fiscalía, que pidió para ellos siete años de prisión.