La justicia frena en seco el intento del expresidente del Gobierno de esquivar la causa andorrana que investiga la llamada operación Cataluña. Después de un par de semanas de parón, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido finalmente no bloquear la comisión rogatoria sobre el exlíder del Ejecutivo conservador que las autoridades del Principado cursaron ya hace más de cinco meses. Los magistrados entienden que Mariano Rajoy se agarra a "invocaciones genéricas e inconsistentes" para impedir la tramitación del auxilio judicial internacional. Y dan así vía libre a la instructora andorrana para que pueda seguir buscando la 'X' que se esconde detrás de la guerra sucia contra el independentismo catalán durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. Algo en lo que, por el momento, no ha querido profundizar la justicia española.
Rajoy sabe perfectamente lo que es ir a un juzgado a responder preguntas. Lo hizo en el juicio de Gürtel, pero como testigo. Ahora, sin embargo, lo que se cuece en el Principado es bajo la condición de investigado. De ahí su insistencia por bloquear el asunto. El expresidente no dudó en recurrir por la vía contencioso-administrativa la resolución del Ministerio de Justicia que acordaba dar curso a la comisión rogatoria. Pidió que se suspendiera cautelarmente hasta que se resolviera el fondo del asunto. Lo hizo alegando la "imposible reparación" del "daño" a su imagen si se continuaba con la petición de auxilio internacional y luego el tribunal madrileño le acababa dando la razón. Y poniendo sobre la mesa un supuesto trato desigual de Justicia en comparación con dos policías contra los que también se habrían cursado comisiones rogatorias.
Los magistrados decidieron, hace un par de semanas, frenar en seco el asunto y pedir opinión a Fiscalía y Abogacía. Pero tanto el Ministerio Público como los servicios jurídicos del Estado rechazaron las pretensiones del exdirigente conservador. Ambos argumentaron que el recurso no debía prosperar al entender que Rajoy no estaba legitimado y, además, que el acto en cuestión no podía ser impugnado. "La posibilidad que sostiene el recurrente llevaría a la paralización absoluta de los procedimientos de auxilio judicial internacional (...), pues cualquier afectado podría recurrir en vía administrativa los oficios del ministerio", resumía la Abogacía del Estado, quien aprovechaba también para recordar que "tiene mayor importancia" en este caso "el interés público" en dar curso a las comisiones que el "particular del actor en no comparecer ante un tribunal extranjero".
La Sección Sexta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no entra a valorar estas cuestiones. De eso ya se encargará cuando resuelva el fondo del asunto. Lo que hace es, básicamente, comprobar si se dan las circunstancias necesarias para mantener bloqueada la comisión rogatoria. Y concluye que de ninguna manera. En pocos párrafos, los magistrados recuerdan que quien solicita la medida tiene que argumentar perfectamente por qué motivo "la inmediata ejecución del acto administrativo recurrido" frustraría la finalidad del recurso o le causaría "perjuicios difíciles o imposibles de reparar". "En el supuesto que nos ocupa el recurrente se limita a aducir invocaciones genéricas e inconsistentes", apunta el tribunal, que tampoco aprecia, con el expediente en la mano, un trato desigual en comparación con los policías a los que hacía mención la representación de Rajoy.
Un caso que ahora se va para Andorra
Desde el colectivo Drets celebran la resolución judicial. "Contra el auto caben recursos, pero no tendrán ya efectos suspensivos. Esto se va para Andorra al quedar levantada la cautelar de forma definitiva", señalan fuentes del mismo. Esta asociación es, junto con el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA), una de las impulsoras de la ofensiva judicial que ha terminado poniendo al mismísimo expresidente del Gobierno contra las cuerdas. Ambas fueron, de hecho, quienes situaron el foco en los responsables políticos en el marco de una causa que hasta el momento se había centrado únicamente en las maniobras de agentes policiales para conseguir información comprometedora de dirigentes independentistas. Pesquisas sobre la llamada Operación Cataluña que comenzaron hace ya seis años a raíz de la denuncia realizada por el banquero Higini Cierco.
El antiguo propietario de la Banca Privada de Andorra (BPA) es uno de los ejes sobre los que gira esta historia. Él fue a quien, según su propio testimonio, el inspector de Policía Celestino Barroso trasladó la conveniencia de charlar con "algunas personas de Madrid" para el "tema del banco". En concreto, el mensaje que habrían dado a los financieros era que o hacían lo que se les pedía o el Banco de España se cargaría Banco Madrid, filial de BPA. ¿Y qué querían? Información sobre dirigentes independentistas. "El estado español está en guerra y le requiere información bancaria relativa al nacionalismo catalán, especialmente de Mas, Junqueras y Pujol", aseguran los querellantes que fue el mensaje que se les trasladó en una reunión. Poco tiempo después de aquellos encuentros, El Mundo publicó en portada movimientos de los Pujol en la Banca Privada de Andorra.
A pesar de encuentros y conversaciones, las amenazas terminaron por cumplirse. La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció su decisión de considerar a BPA como “institución financiera sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales”, lo que impidió al grupo operar en dólares. En paralelo, el Banco de España recibió un informe del Sepblac con “presuntos incumplimientos de la normativa española de prevención de blanqueo de capitales” en relación con Banco Madrid. Al final, el Institut Nacional Andorrá de Finances (INAF) aprobó la intervención cautelar del BPA y el regulador español, la de Banco Madrid. Con el paso del tiempo, todos los gestores de esta última entidad fueron exculpados de las acusaciones de blanqueo, mientras que las causas abiertas contra BPA en suelo andorrano aún no han arrojado condenas.
Orden dada "por los máximos responsables del Gobierno"
El IDHA cree que todo respondió a una maniobra del Ejecutivo de Mariano Rajoy para conseguir información comprometedora del independentismo. Sospechan que los responsables del Gobierno "enviaron información económico-financiera presuntamente 'falsa' a las autoridades americanas para que fuera el FinCEN quien enviara en el momento oportuno a las autoridades andorranas una notice –nota, que no resolución– para hacerles creer que debían intervenir y liquidar BPA". Es más, los querellantes sospechan también que esa información "falsa" fue "utilizada y esgrimida" por el expresidente del Ejecutivo y el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en la reunión que mantuvieron a comienzos de 2015 con las autoridades andorranas "al efecto de intimidarlos con que era necesario intervenir y liquidar" la BPA, ya que en caso contrario "la plaza andorrana quedaría afectada y bloqueada".
La Fiscalía impide la maniobra de Rajoy para frenar la investigación andorrana sobre su papel en la 'Operación Cataluña'
"Resulta evidente que una orden de esta importancia y trascendencia fue dada por los máximos responsables del Gobierno español; es decir, ordenada por el expresidente del Gobierno español el Sr. Mariano Rajoy, ejecutada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y hecha efectiva a nivel policial bajo la supervisión del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, puesto que fue él el que usó presuntamente esta información "falsa" para amenazar, coaccionar, extorsionar o chantajear al señor Cierco y al señor Joan Pau Miquel –quien fuera primer ejecutivo de la entidad bancaria andorrana–, con los resultados que todos conocemos", resaltaba el Instituto de Derechos Humanos de Andorra en su querella. Sobre la mesa, delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, falsedad documental o coacciones de órganos constitucionales.
Ahora, con la luz verde de los magistrados del tribunal superior madrileño, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Andorra, Stéphanie Garcia Garcia, podrá seguir tirando hacia arriba del hilo en el organigrama de la denominada operación Cataluña. Un asunto que, sin embargo, no encuentra hueco en los tribunales españoles. En noviembre de 2021, el instructor del llamado caso Villarejo, el magistrado Manuel García Castellón, rechazó la personación del expresident Jordi Pujol en la causa, alegando que lo que hacía el comisario era simplemente captar "información de interés policial en relación a posibles casos de corrupción". Un año antes, el mismo juez había decidido no levantar el secreto sobre aquellos archivos que recogían las "supuestas funciones asignadas" a Villarejo entre 2013 y 2014, época en la que sucedieron los hechos que investiga ahora Andorra. Era información que, decía, podía estar "clasificada".
Donde sí se abordará esta supuesta operación será en el Congreso de los Diputados. A mediados de septiembre, el Pleno de la Cámara Baja dio luz verde a la puesta en marcha de una nueva comisión de investigación que analizase las maniobras de la llamada brigada política en relación con el independentismo catalán. Un órgano que aún está pendiente de constituirse y que apenas contará con unos meses antes de la disolución de las Cortes para poder llevar a cabo las pesquisas.
La justicia frena en seco el intento del expresidente del Gobierno de esquivar la causa andorrana que investiga la llamada operación Cataluña. Después de un par de semanas de parón, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido finalmente no bloquear la comisión rogatoria sobre el exlíder del Ejecutivo conservador que las autoridades del Principado cursaron ya hace más de cinco meses. Los magistrados entienden que Mariano Rajoy se agarra a "invocaciones genéricas e inconsistentes" para impedir la tramitación del auxilio judicial internacional. Y dan así vía libre a la instructora andorrana para que pueda seguir buscando la 'X' que se esconde detrás de la guerra sucia contra el independentismo catalán durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. Algo en lo que, por el momento, no ha querido profundizar la justicia española.