La investigación abierta por un juzgado de Valencia sobre la financiación de las campañas de 2007 de los socialistas valencianos (PSPV) y del Bloc, el principal integrante de la formación política Compromís, ha puesto ya el foco sobre seis adjudicaciones públicas otorgadas, por un millón de euros, de manera supuestamente ilegal, al grupo de comunicación que se sitúa en el centro de las pesquisas, Crespo Gomar, y que, supuestamente, facturó servicios electorales a empresas privadas. Esa empresa aparece vinculada a un ex teniente de alcalde de Gandía que era dirigente local del PSPV.
Así lo han confirmado a infoLibre fuentes conocedoras de la investigación. Las mismas fuentes aseguran que cinco de esos seis contratos fueron adjudicados a Crespo Gomar y otras dos mercantiles de su órbita en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero por dos ministerios y la empresa pública Acuamed. Los contratos donde la pericial ya realizada por la Intervención del Estado (IGAE) ya ha encontrado indicios de delito fueron adjudicados por el Ministerio de Sanidad en 2008, el de Vivienda en 2009, Acuamed (tres contratos), entre 2005 y 2007. El sexto, fechado en 2010, es un contrato del Ayuntamiento de Benidorm. Las mismas fuentes aseguran que, a día de hoy, la investigación no afecta a ningún aforado.
Siempre según las fuentes consultadas, además de Crespo Gomar, también prestaron servicios al PSPV y el Bloc otras dos mercantiles de su órbita, Publicaciones Miracasa y Opino Media. Los investigadores analizan el listado de las empresas que abonaron las presuntas facturas falsas emitidas por Crespo Gomar y sus sociedades satélite. Medios cercanos a la investigación han informado a este diario de que, según lo investigado, las compañías privadas que pagaron a Crespo y Gomar por trabajos que supuestamente tenían como destinatarios reales al PSPV y el Bloc son estas: Hospimar 2000 SL, Quick Meals Ibérica SA, Construcciones Blauverd SL y Centro Comercial y de Ocio La Vital SL, este último vinculado a Metrovacesa.
Hasta ahora no ha trascendido el resultado de los registros que los responsables de las pesquisas tienen previsto practicar en al menos dos municipios de Valencia y en Madrid.
Iniciada por el juzgado de instrucción 21 de Valencia, la investigación sobre las cuentas del PSPV y el Bloc en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 se inició, efectivamente, tras una denuncia del PP y la investigación policial que le siguió. Fue la Policía la que en 2016 acabó poniendo el asunto en manos de los juzgados de Valencia. Adelantada por el diario El Mundo, la investigación prosigue ahora por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental. , Las diligencias se encuentran ahora en manos de cuatro juzgados, dos de ellos de Madrid y los otros dos, de Gandía y Benidorm.
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Los hechos investigados que afectaban a Valencia capital no se han acreditado indiciariamente, de ahí que el juzgado que abrió las diligencias en Valencia capital -donde se ubica la sede central del PSPV- se haya inhibido en favor de otros cuatro. Los cuatro juzgados han aceptado ya su respectiva competencia, lo que en la práctica implica el troceamiento de la causa.
El vicesecretario del PSPV Manuel Mata ha anunciado que el partido recopilará toda la información sobre 2007, periodo en que Joan Ignasi Pla dirigía a los socialistas valencianos y de cuyo equipo no queda ningún representante en la actual dirección del partido. Aunque con cautela, Mata ha expuesto sus sospechas de que tras el caso solo haya una maniobra del PP para desviar la atención de casos como el ya citado Gürtel, donde los responsables de la trama, nueve empresarios y, sobre todo, quien era el número dos de Francisco Camps en el partido, Ricardo Costa, han reconocido la financiación ilegal.
La investigación abierta por un juzgado de Valencia sobre la financiación de las campañas de 2007 de los socialistas valencianos (PSPV) y del Bloc, el principal integrante de la formación política Compromís, ha puesto ya el foco sobre seis adjudicaciones públicas otorgadas, por un millón de euros, de manera supuestamente ilegal, al grupo de comunicación que se sitúa en el centro de las pesquisas, Crespo Gomar, y que, supuestamente, facturó servicios electorales a empresas privadas. Esa empresa aparece vinculada a un ex teniente de alcalde de Gandía que era dirigente local del PSPV.