Justicia privatiza por tercer año la gestión de los expedientes de nacionalidad

Cuatro millones de euros. Ese será el precio que pagará el Ministerio de Justicia a los registradores de la propiedad para que se hagan cargo de la gestión de los expedientes de concesión de la nacionalidad española durante 2015, un acuerdo que para CCOO supone la "privatización" de un servicio hasta ahora en manos públicas.

La tensión entre los registradores del Registro Civil y el Ministerio de Justicia, el departamento del que depende el órgano, no es nueva. De hecho, en 2012 y 2013 el Ministerio dirigido en aquel entonces por Alberto Ruiz-Gallardón y que ahora lidera Rafael Catalá ya externalizó las labores de tramitación de los expedientes para conseguir la nacionalidad española, algo que causó un gran descontento entre los funcionarios. Y las negociaciones que el Ministerio y el Colegio de Registradores Mercantiles y de la Propiedad han mantenido desde enero han fructificado y de nuevo en 2015 serán estos registradores quienes gestionarán las peticiones de nacionalidad.

El acuerdo se puso negro sobre blanco el pasado día 7 de abril en el BOE. Y también se hizo público su precio: cuatro millones de euros, que se abonarán a razón de un millón trimestral durante 2015 al Colegio de Registradores, que fundamentalmente tendrá que encargarse de digitalizar y tramitar los expedientes que le remitan los Registros Civiles una vez realizada la fase de instrucción de los mismos. Justicia argumenta que esta "encomienda" es necesaria a causa del "incremento del número de solicitudes de concesión de nacionalidad, que no ha ido acompañado de los medios y recursos adecuados para dar respuesta a las expectativas de los solicitantes".

Por su parte, un portavoz del Ministerio negó a infoLibre que el servicio vaya a dejar de estar en manos de los funcionarios, ya que seguirá siendo Justicia quien seguirá resolviendo los expedientes, si bien los trámites intermedios serán tarea de los registradores.

Los expedientes se cierran con fallos

"En los últimos años se había retrasado la tramitación y resolución de estos asuntos provocando una situación de colapso, tanto en las dependencias de la Dirección General de los Registros y del Notariado como en las de otros departamentos de la Administración indirectamente afectados, situación que afectaba a cerca de 570.000 expedientes correspondientes a los años 2010 a 2013", asegura el Ministerio en el BOE, donde también asegura que los acuerdos a los que llegó con los registradores de la propiedad en 2012 y 2013 permitieron resolver "más de 500.000" peticiones de nacionalidad.

No obstante, los sindicatos denuncian que estas cifras esconden gran cantidad de fallos en la tramitación de los expedientes. "Se supone que los registradores de la propiedad agilizan los trámites, pero cuando los expedientes vuelven a los Registros Civiles [en enero de 2014] los compañeros se encontraron con algunos mal tramitados, otros a los que les falta documentación, otros con los que se han saltado trámites...", denuncia María Novoa, integrante de la Comisión Ejecutiva del Sector de Administración de Justicia de CCOO.

Novoa se muestra de acuerdo con el Ministerio en que el Registro Civil adolece de falta de personal para tramitar todos los expedientes de nacionalidad. Pero denuncia que el Gobierno, "en lugar de dotar con más medios al Ministerio y a los Registros Civiles, lo que haga sea externalizar el servicio", algo que a su juicio es el objetivo último de Catalá, que estaría "infradotando a propósito" a estos órganos "para poder decir que funcionan mal" y así retirarles algunas de sus funciones. El portavoz de Justicia consultado por este diario aseguró desconocer la razón por la que los cuatro millones de euros se destinarán a pagar los servicios de los registradores de la propiedad en lugar de a incrementar los medios de los Registros Civiles.

CCOO proporcionó en enero cifras concretas en un comunicado: según el sindicato, un equipo de tan sólo 70 funcionarios ha sido el encargado durante 2014 de "tramitar y resolver todos los expedientes, es decir, los expedientes de 2010, 2011 y 2012 que no se repartieron" para ser tramitados por los registradores de la propiedad, así como "20.000 recursos de reposición, un alto porcentaje de expedientes de 2013" y "la totalidad de los expedientes de 2014 (que aún están todos ellos sin número de expediente)". El resultado, según CCOO, es que "hoy puede haber acumulados ya otra vez una cifra cercana a 200.000 expedientes y alrededor de 20.000 recursos".

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"Para nosotros lo que subyace en el fondo de esto es la destrucción de empleo público y la destrucción del servicio público", asegura Novoa. Pero, ¿por qué el sindicato habla de "privatización" de este servicio? La responsable de CCOO explica que, a pesar de que los registradores de la propiedad están formalmente reconocidos como funcionarios, en la práctica funcionan como "autónomos". "No tienen el mismo funcionamiento de cobro que los funcionarios, ni los mismos permisos, ni tienen nómina sino que viven de sus aranceles, y tienen que pagar el IVA", ejemplifica.

A este respecto, CCOO ya alertaba en enero de que "el Ministerio de Justicia está trabajando en una tramitación completamente novedosa de los expedientes de nacionalidad, de forma electrónica y que excluye a los Registros Civiles de su tramitación, pues se hará ante los notarios incluida la jura de nacionalidad", lo que a su juicio "constituye un claro ejemplo de privatización de servicios públicos" ya que con este nuevo método los solicitantes de la nacionalidad deberían "pagar el correspondiente arancel por cada actuación" al notario encargado de gestionar su expediente.

Por ello, los trabajadores de los Registros Civiles han convocado una manifestación este sábado a las 12 de la mañana en Madrid. La movilización es apoyada por un total de 15 organizaciones, entre las que se encuentran sindicatos como CCOO o CSIF y asociaciones como Jueces para la Democracia, la Asociación Libre de Abogados y la Unión Progresista de Fiscales; de igual forma, PSOE e IU también la secundarán. Además, CCOO está recogiendo firmas para presentar ante el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular para rechazar la privatización del Registro Civil.