La Justicia española ha indicado a un ciudadano español supuestamente torturado por otro ciudadano español que busque justicia en Argentina. El caso afecta al histórico militante comunista Gerardo Iglesias, uno de los fundadores de Izquierda Unida, que pretende que se investiguen penalmente las torturas que denuncia haber sufrido durante el franquismo.
El juzgado de instrucción 4 de Oviedo citó a declarar a Iglesias, de 71 años, el 4 de octubre en el marco de la causa que instruye la jueza argentina María Servini por crímenes de genocidio y lesa humanidad durante la dictadura española. La Fiscalía frenó en seco su declaración enviando al juzgado un escrito solicitando que no se prestase auxilio a la jueza argentina. Iglesias se convirtió en el primer afectado de esta causa al que la Justicia española impedía declarar. Ahora dicho juzgado ovetense ha notificado oficialmente a Iglesias que si quiere continuar con su intento de declarar lo haga en Argentina. En España la puerta está cerrada.
El oficio remitido por el juzgado a Iglesias, con fecha de 19 de octubre, le informa de que "la solicitud de cooperación judicial procedente de Argentina ha sido devuelta". Y le hace saber que "si lo estima oportuno deberá hacer valer sus pretensiones ante el órgano emisor". Es decir, ante el Juzgado Criminal y Correccional 1 de Buenos Aires, del que está a cargo la jueza María Servini, que ampara su investigación en la jurisdicción universal para los crímenes contra la humanidad, que además son imprescriptibles. Iglesias decidirá ahora cuál es su siguiente paso. Podría intentar declarar en un consulado argentino en España, aunque no está decidido. Iglesias, con problemas de salud, descarta totalmente viajar a Argentina.
El que fuera trabajador de las minas califica de "auténtica vergüenza" los hechos. "A mí me llegó la notificación para declarar. Y resulta que cuando me persono en el juzgado, una secretaria me comunica que no ha lugar a tomarme la declaración porque lo impide un escrito del fiscal, que fue obedecido calladamente por el juzgado", explica. A juicio del ex coordinador federal de IU, la notificación del juzgado de Oviedo del 19 de octubre pretende dejar definitivamente su denuncia en "agua de borrajas".
"Jurídicamente tenemos que decidir nuestro siguiente paso. Políticamente lo que hay que hacer es reactivar la calle en defensa de la memoria", señala Iglesias, que subraya que "la ley de amnistía es ilegal porque incumple tratados internacionales firmados por España". "Ahora hay que combinar la acción social con medidas de los partidos que defienden la memoria en el Congreso, como Unidos Podemos y ya veremos si el PSOE", concluye en conversación telefónica.
Comisión rogatoria en trámite de devolución
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) insiste, a través de un portavoz, en que nunca hubo investigación ni diligencias abiertas en el juzgado 4 de Oviedo, por lo que no ha dado carpetazo a ningún caso, sino que ha hecho saber a Iglesias que si quiere continuar con el mismo debe acudir al juzgado el argentino, donde están residenciadas las diligencias.
"Este es un caso de la jueza Argentina. Simplemente el juzgado suspendió la prueba que estaba prevista, sin más. Aquí no hay causa ni ha habido ningún trámite procesal. La comisión rogatoria ya está en trámite de devolución desde el Ministerio de Justicia a Argentina", señala el portavoz.
Obstáculos a la investigación
José María Galante, miembro de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo, afirma que el paso dado por el juzgado ovetense es coherente con la estrategia de obstaculización del Estado a la investigación de Servini. Las trabas se han acrecentado a raíz de la solicitud de Servini de viajar a España para interrogar a una veintena de imputados, entre ellos los ex ministros Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, Alfonso Osorio García o Fernando Suárez, el expolicía Antonio González Pacheco, apodado Billy El Niño, y el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas. Entre los investigados figura el ex policía Pascual Honrado, a quien Iglesias señala como su torturador. "El escrito de la Fiscalía General del Estado para evitar que los juzgados colaboren en esta causa hay que entenderlo en la reacción a este movimiento de la jueza Servini", señala Galante.
Ahora bien, Galante afirma que el Estado "no puede decirle sin más" a un ciudadano que no le deja declarar aunque haya habido una comisión rogatoria, como ocurrió el pasado 4 de octubre con Iglesias. "Se están saltando un acuerdo de cooperación judicial entre España y Argentina. No pueden hacer eso. Le tienen que ofrecer algo para darle una salida a la situación. Y por eso ofrecen que vaya a Argentina", explica Galante.
Un tribunal desestima el recurso de un denunciante de un delito de lesa humanidad y de torturas durante el franquismo
La posición de la Fiscalía para solicitar que no se colabore con Servini se basa en varios argumentos, recogidos en el escrito del Ministerio Público del 4 de octubre dirigido al propio juzgado ovetense que suspendió la declaración de Iglesias: uno) los hechos que se investigan han sido "cometidos en España por ciudadanos españoles contra ciudadanos españoles", luego no tiene sentido que los investigue una magistrada extranjera; dos) la amplitud temporal de los hechos investigados, de 1936 a 1977, apunta a una "causa general incompatible con el propio concepto de proceso penal"; tres) los hechos estarían "prescritos"; cuatro) a los hechos les sería de aplicación la ley de amnistía. "El procedimiento penal seguido en Argentina es inviable y ajeno por tanto al interés de la Justicia", señala la Fiscalía, que insiste en el argumento de que los hechos estarían "prescritos". "Es sólo en fecha mucho más avanzada cuando se establece la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio y lesa humanidad”, afirma el Ministerio Público.
Jacinto Lara, abogado y presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, afirma que la posición de la Fiscalía y del propio juzgado ovetense es "contraria al derecho penal internacional". "Se está vulnerando el tratado de extradición y colaboración. Eso afecta al cumplimiento de cualquier exhorto y comisión rogatoria que se curse desde el juzgado argentino", enfatiza Lara. A juicio de Lara, la respuesta de la justicia española está siendo "aberrante".
Iglesias ha sido el primero en sufrir las consecuencias del nuevo posicionamiento de la Fiscalía. Antes que él, otros denunciantes sí han podido declarar. Por ejemplo en septiembre tres familiares de víctimas –la hija de un militante de la CNT, el nieto de un militante de las Juventudes Socialistas y el nieto de un socialista fusilado en 1936– prestaron declaración ante el titular del juzgado 2 de Cornellà de Llobregat (Barcelona).
La Justicia española ha indicado a un ciudadano español supuestamente torturado por otro ciudadano español que busque justicia en Argentina. El caso afecta al histórico militante comunista Gerardo Iglesias, uno de los fundadores de Izquierda Unida, que pretende que se investiguen penalmente las torturas que denuncia haber sufrido durante el franquismo.