Por qué Alvise seguirá de fiesta: a un partido que nace de la mentira no lo mata una verdad

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"Soy culpable". Es el título del vídeo que el líder y eurodiputado de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, publicaba este jueves en su canal de Telegram en el que reconocía que recibió 100.000 euros del responsable de la empresa de inversión Madeira Invest, Álvaro Romillo. "Soy culpable como autónomo que ha cobrado en efectivo un trabajo del que luego el Estado me saquea más de la mitad. Soy culpable de ejercer legitima defensa del terrorismo fiscal que practica el Estado", alega, tratando de sortear la acusación de financiación ilegal de partidos para convertirlo en una 'simple' irregularidad fiscal.

Una versión en la que se desmiente a sí mismo. Según los audios aportados por el empresario junto a la denuncia a la Fiscalía General del Estado, el dirigente ultra se puso en contacto con Romillo y le trasladó sus "necesidades", entre las que se encontraban "fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas" o "fondos para el partido". "En cash es irrastreable, sí", llega a decir en algún momento el eurodiputado, para quien el empresario crea los monederos de criptomonedas que el agitador publica en su canal de Telegram para recaudar fondos.

Una "colaboración" que Alvise promete a Romillo llevar hasta el corazón de la Unión Europea: "Las encuestas me dan hasta dos eurodiputados. Si logro entrar, podríamos organizar charlas en el Parlamento Europeo para hacer lobby masivo sobre la escripto divisas [sic] y la independencia fiscal", señala. El líder de SALF no se queda ahí sino que va más allá y se compromete con Romillo a impulsar leyes en España a favor del negocio de Madeira Invest Club cuando sea "llave de Gobierno con Feijóo y Abascal", en un hipotético escenario de elecciones generales.

La documentación en poder del Ministerio Público recopila meses de conversaciones a través de canales de mensajería entre Pérez y Romillo, y audios y podría acarrear al eurodiputado una multa de hasta medio millón de euros por financiación ilegal. Un delito que viene recogido en el artículo 304 del Código Penal, que castiga con multas o penas de prisión –en función de la gravedad– a quienes reciban "donaciones o aportaciones" destinadas a una agrupación de electores infringiendo el artículo 5.1 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que prohíbe "aceptar o recibir directa o indirectamente" donaciones anónimas, de más de 50.000 euros procedentes de una misma persona o que vengan de personas jurídicas o entes sin entidad jurídica.

Alvise, sin embargo, asegura en el vídeo difundido en Telegram que se librará "como siempre", porque "detrás de las calumnias y los mensajes entrecortados no hay nada más que una complementaria de Hacienda" e insiste en que ese dinero lo cobró a cambio de un trabajo, que no especifica aunque él mismo le confiesa que lo va a utilizar para su campaña electoral. "Me posibilitas una parte urgente de la campaña", aseguró cuando supo que iba a recibir el dinero. Pero más allá de las implicaciones a nivel judicial que tenga para el líder de SALF este caso, ¿le puede perjudicar políticamente o incluso reforzar dentro de su comunidad? infoLibre lo aborda de la mano de la periodista y politóloga Laura Teruel y del sociólogo Iago Moreno.

"Alvise es hábil explotando el hartazgo de sus seguidores y construyendo un relato que le beneficie"

Ambos expertos creen que este caso concreto no afectará políticamente a líder de SALF. "Alvise tiene un votante rocoso, una base muy concreta con un 2-3% de suelo electoral que resiste a cambiar de tendencia", explica Moreno, especialista en extrema derecha y fenómenos digitales. "El discurso de Se Acabó La Fiesta nunca se construyó a través de hechos y verdades, sino que nace de las mentiras y es muy difícil que sea la verdad la que lo desmonte", reflexiona. Moreno destaca que Alvise siempre ha llevado la conspiración por bandera y que sus actividades, antes siquiera de dedicarse a la política activa, "siempre han estado plagadas de irregularidades", señala en referencia a la publicación de documentos policiales filtrados, fotografías que corresponden a la esfera familiar de cargos públicos de izquierda o la difusión de pruebas falsas de fraude: "No me parece que sea coherente el argumento de quienes dicen que, con esto, se ha acabado Alvise".

Coincide con él Teruel, profesora titular de la Universidad de Málaga. "Los votantes de Alvise son, mayoritariamente, personas descontentas con la clase política y con orígenes de clase distintos. Alvise es hábil explotando ese hartazgo y construyendo un relato que le beneficie aunque sea a base de mentiras”, expone la periodista. Así, considera que, al admitir lo que ha hecho ante sus seguidores, el agitador y difusor de bulos les está haciendo partícipes para tratar de convencerles de que su lucha contra la "mafia" de Hacienda es también la de ellos. Además, también considera que el sesgo de confirmación de su comunidad se ve reforzado porque "el que le vota no suele informarse por medios, de los que desconfía, sino por redes".

Un vistazo a su canal de Telegram muestra cómo cada día sirve a sus seguidores un menú compuesto casi exclusivamente por bulos bajo el epígrafe 'Las noticias de verdad', en las que, además, se refiere a sí mismo en tercera persona. Tras aparecer las primeras informaciones sobre la donación de cien mil euros, el líder de SALF atribuyó esa denuncia a un movimiento del Gobierno para desviar el foco mediático. "Fuentes judiciales sospechan de un acuerdo entre Cryptospain y el Fiscal del Gobierno para generar escándalos contra la oposición en pleno proceso judicial del hermano y esposa de Pedro Sánchez", escribió la mañana del jueves. Horas más tarde publicó el vídeo en el que se confesó "culpable" de haber recibido ese dinero.

El agitador se sirve también de recurrente argumentario en el que los jueces y los medios conforman un "sistema criminal" que solo sirve para perpetuar la corrupción robando recursos a los ciudadanos que tienen que pedir "créditos al consumo" para lograr sobrevivir cada mes. Denunciar ese conglomerado delincuencial es el principal objetivo de este exasesor de Ciudadanos que, previamente, pasó por el desaparecido UPyD. Pero lo quiere denunciar a su modo, con palabras gruesas, insultos y datos no contrastados y a menudo falsos. Por eso, uno de sus objetivos declarados para concurrir a las europeas era obtener su aforamiento ante el Tribunal Supremo. "Y sus seguidores le votaron por eso", señala Teruel.

El populismo fiscal por bandera: "Los impuestos cada vez están más demonizados"

La piedra angular del discurso de Alvise es el rechazo a los impuestos. El agitador ha identificado que en su electorado cala a fondo el llamado "populismo fiscal" tras años de martilleo —por parte del Partido Popular y Vox—contra el supuesto "atraco" de un gobierno que "se forra" gracias a la recaudación. La siembra de ese discurso florece ya en una pérdida en el campo de la derecha de confianza en la utilidad de los impuestos y de compromiso fiscal con los servicios públicos. No es la primera vez que el agitador alude a los impuestos como un "robo" porque "acaban en los bolsillos de los políticos" pese a que los datos muestran que las principales partidas son pensiones, sanidad, educación y dependencia.

Moreno recuerda que Alvise siempre ha tenido "una sinergia con el discurso libertario" como se puede comprobar con su relación con algunos youtubers que "promueven abiertamente la evasión fiscal" y considera que la justificación que ha dado "concuerda" con lo que ha defendido en el pasado. "Esto no le da descrédito ante sus seguidores. Bajo esa lógica, para sus seguidores no es grave que cometa una irregularidad porque está siendo consecuente", señala.

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"Es llamativo que algunas de las personas que más necesitan el Estado del Bienestar le estén comprando el discurso. Alvise utiliza algunas de las deficiencias del sistema para cargar contra todo el sistema y obvia las implicaciones que tendría para la gente una privatización total. El problema de fondo es que los impuestos cada vez están más demonizados por la derecha y mientras la izquierda no sea valiente ese discurso va a calar entre una parte del electorado", reflexiona Teruel.

Las incógnitas sobre el futuro de SALF y el papel de PP y Vox

El hecho de que a Alvise pueda no pasarle factura el hecho de haber recibido donaciones presuntamente ilegales no significa que no haya determinadas cuestiones que sí le puedan hacer daño. De hecho, el sociólogo tiene claro que no está sabiendo" estar a la altura de esa performance del Joker que prometía como agenda de este curso": "Ni el Parlamento Europeo tiene la influencia sobre la agenda política española que él venía anunciando ni es un buen podio para atraer la atención mediática, como también han podido comprobar Irene Montero o Herman Tertsch", analiza. Además, cree que Alvise "no ha sido capaz de cumplir" con sus principales promesas. "Dijo que iba a revelar unos audios con enormes consecuencias para la política española y no ha pasado. Hizo el sorteo, pero pasó sin pena ni gloria. Ha tenido muchos cambios de posición porque intenta abarcar mucho y no llega".

Tanto él como Teruel coinciden en que el alcance de SALF, en caso de presentarse a unas eventuales generales, será limitado. La periodista está convencida de que nunca logrará la estructura territorial para asentarse políticamente y el sociólogo cree que, como mucho, podría obtener un o dos escaños en las generales. Con todo, advierten de que no hay que desdeñar este tipo de fenómenos políticos, tanto por los motivos por los que llegan a tener una bolsa de votantes considerable, como por el 'efecto eco' que pueden tener en sus otros competidores de la derecha, PP y Vox. "La política son ciclos, es como una partida de ajedrez y ahora le toca mover al resto de la derecha para ver si es capaz de dejarlo por tierra o todo lo contrario", zanja el sociólogo.

"Soy culpable". Es el título del vídeo que el líder y eurodiputado de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, publicaba este jueves en su canal de Telegram en el que reconocía que recibió 100.000 euros del responsable de la empresa de inversión Madeira Invest, Álvaro Romillo. "Soy culpable como autónomo que ha cobrado en efectivo un trabajo del que luego el Estado me saquea más de la mitad. Soy culpable de ejercer legitima defensa del terrorismo fiscal que practica el Estado", alega, tratando de sortear la acusación de financiación ilegal de partidos para convertirlo en una 'simple' irregularidad fiscal.

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