Uno de los nueve letrados del Congreso con autorización para el ejercicio de la abogacía como actividad privada, Luis María Cazorla, lleva años asumiendo la dirección jurídica de Iberdrola en su guerra judicial contra la Administración central y distintas comunidades autónomas por impuestos que afectan al sector eléctrico. Solo en lo que va de legislatura, la batalla se ha saldado con 16 sentencias, cinco de ellas dictadas por el Tribunal Supremo y todas salvo una desfavorables para el gigante energético. Funcionarios de alto rango, los letrados de las Cortes Generales están sujetos a un estatuto dirigido a preservar la independencia y a garantizar la defensa del interés público. Pero en la práctica y como en las últimas semanas ya destapó el caso de Enrique Arnaldo, a partir de este jueves magistrado del Tribunal Constitucional (TC) a propuesta del PP, el régimen de compatibilidades permite a juristas al servicio de lo público jugar de forma simultánea en el campo privado.
En solo dos años y salvo en un caso de menor índole donde la Audiencia Nacional estimó en parte el recurso de Iberdrola contra una decisión del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), los tribunales han ido tumbando recursos mayoritariamente focalizados en dos tributos: uno estatal, el impuesto sobre la producción de energía eléctrica, derivado de una ley aprobada nada más arrancar el primer mandato de Mariano Rajoy y avalado el pasado mes de marzo por la justicia europea; y otro autonómico, el que prevé la ley gallega que en 2008 y durante la legislatura socialista de Emilio Pérez Touriño nació para someter a gravamen el daño medioambiental vinculado a determinadas actividades con agua embalsada. Galicia se lleva la palma: 12 de los recursos tenían que ver con la ley mencionada. Otro se dirigía contra la Diputación Foral de Vizcaya y la Administración General del Estado. Otro más, contra el Ejecutivo navarro. Pero en la mayoría de ellas –11 de las 16 sentencias localizadas– había un trasfondo común: el impuesto sobre la producción de energía eléctrica.
Este miércoles, infoLibre pidió al Congreso que transmitiera a Cazorla la petición de respuesta para una pregunta: la de de si en algún momento ha considerado que podía entrañar contradicción o conflicto de intereses su participación como abogado de Iberdrola en litigios judiciales contra decisiones de distintas administraciones públicas. Tanto Cazorla, considerado uno de los juristas de mayor prestigio profesional entre los 36 integrantes del Cuerpo de Letrados, como la Cámara guardaron de nuevo silencio.
En agosto, el Gobierno anunció una investigación sobre Iberdrola por vaciar embalses aprovechando el precio de la luz. Dos meses antes, la CNMV había alertado del "desgaste reputacional" que para la compañía implicaba la imputación de su presidente, Ignacio Sánchez Galán, en el caso Villarejo. En Iberdrola, Cazorla desempeña el cargo de apoderado, según los datos actualizados del Registro Mercantil. Es asimismo secretario del consejo de administración de Bolsas y Mercados Españoles Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros.
"Vicios de inconstitucionalidad"
Los recursos contra la ley gallega y cuya dirección jurídica correspondió a Luis María Cazorla invocan entre los argumentos esgrimidos la existencia de "vicios de inconstitucionalidad". Los dirigidos contra el impuesto estatal sobre producción de energía eléctrica, también. Un ejemplo: la sentencia del Supremo que el 1 de octubre, hace apenas mes y medio, desestimó uno de los recursos de casación de Iberdrola. La resolución del alto tribunal señala cómo la compañía reprochaba al Tribunal Superior del País Vasco su negativa a "entrar a conocer de los vicios de inconstitucionalidad" de la ley de diciembre de 2012 (la de medidas fiscales para la sostenibilidad energética) que originó la implantación de tres nuevos tributos: el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica; el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica; y el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas.
La Audiencia Nacional dictaminó hace un año que Arnaldo "burló" la ley cuando presidía un tribunal administrativo
En la legislatura 2011-2016, Luis María Cazorla asesoró a la comisión Constitucional del Congreso. La ley de sostenibilidad energética fue tramitada en la comisión de Industria, Energía y Turismo.
¿Genera dudas jurídicas, políticas o de carácter ético que un funcionario de alto nivel compagine su actividad en las Cortes con la prestación de servicios a una gran empresa privada enfrentada a los poderes públicos? En abril, Julio González García, catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense, publicó en su blog una entrada bajo el título Puertas giratorias. En aquel texto [puedes leerlo pinchando aquí], González alertaba de lo que durante décadas ha permanecido tapado bajo el debate principal: cómo políticos de distintos partidos han cruzado el umbral que separa lo público de lo privado.
Las puertas giratorias –escribe González– tienen un campo en el caso de la función pública de lo que no se suele hablar o que, por lo menos no están en el ojo del huracán: el paso de los miembros de los cuerpos de élite de la Administración del sector público al sector privado, en nuestro país preferentemente para litigar contra el Estado. " Abogados del Estado e Inspectores de Hacienda –continuaba escribiendo– son los primeros en esta lista. Si tomamos los datos de la última relación circunstanciada de funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado, referida al 1 de marzo de 2012, vemos un panorama desolador de excedencias voluntarias que afectan aproximadamente a la mitad de la plantilla y que significan la salida al sector privado para litigar contra las Administraciones públicas". En casos como el de Cazorla o el más conocido de Enrique Arnaldo, ni siquiera hay una excedencia por medio.
Uno de los nueve letrados del Congreso con autorización para el ejercicio de la abogacía como actividad privada, Luis María Cazorla, lleva años asumiendo la dirección jurídica de Iberdrola en su guerra judicial contra la Administración central y distintas comunidades autónomas por impuestos que afectan al sector eléctrico. Solo en lo que va de legislatura, la batalla se ha saldado con 16 sentencias, cinco de ellas dictadas por el Tribunal Supremo y todas salvo una desfavorables para el gigante energético. Funcionarios de alto rango, los letrados de las Cortes Generales están sujetos a un estatuto dirigido a preservar la independencia y a garantizar la defensa del interés público. Pero en la práctica y como en las últimas semanas ya destapó el caso de Enrique Arnaldo, a partir de este jueves magistrado del Tribunal Constitucional (TC) a propuesta del PP, el régimen de compatibilidades permite a juristas al servicio de lo público jugar de forma simultánea en el campo privado.