La ley de secretos mantiene en la sombra a las unidades encargadas de luchar contra la corrupción policial
Mérida, 14 de septiembre de 2021. La llamada operación Peces hace saltar por los aires todo el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de la ciudad. Son detenidos media decena de agentes y un guardia civil. Se encontraban bajo la lupa de sus compañeros por la supuesta vinculación con una red de cultivo de marihuana. Se había empezado a tirar del hilo dos años antes en Alicante. Pero cuando el asunto aumentó de escala, fue la Unidad Central Operativa (UCO) la que tomó las riendas del caso. Luego se sumó a la investigación, con pinchazos telefónicos y grabaciones, Asuntos Internos. Son los que se encargan de perseguir la corrupción dentro del cuerpo. Un trabajo delicado que desarrollan bajo una opacidad que le proporciona la Ley de Secretos Oficiales y que les aleja del escrutinio público. Su estructura es secreta. El número de investigaciones que realizan cada año, también.
El nombre de este grupo que actúa en la sombra, presente tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil, salta de pascuas a ramos a la palestra pública. Tuvo un papel destacado en la operación Emperador por las supuestas conexiones de la trama con funcionarios del cuerpo que finalmente serían absueltos. Se encargó de la investigación del caso del Pequeño Nicolás. Y, por supuesto, ha estado bien presente en toda la trama que gira alrededor de José Manuel Villarejo. Fue esta unidad la encargada de detener, por orden de Anticorrupción, al comisario jubilado en el otoño de 2017. No obstante, llevaba ya tiempo bajo la lupa del grupo. De ahí, la guerra abierta que tenía con quien fuera jefe del mismo, el comisario Marcelino Martín-Blas.
El jaque a Villarejo puso al descubierto cómo durante años funcionaron a pleno rendimiento las cloacas del Estado. Y dejó en el aire una pregunta: ¿Por qué motivo no saltaron mucho antes todas las alarmas con un personaje de sobra conocido en el cuerpo? Igual una respuesta a esta pregunta se encuentra en la dotación de estos grupos especiales dedicados a cazar a todas aquellas manzanas podridas. ¿Han tenido suficientes efectivos en los últimos años? ¿Los tienen ahora o las plantillas han ido a menos? Y en relación a esto, ¿son los necesarios como para poder asumir todas las investigaciones que tienen sobre la mesa? ¿Cuántos expedientes se abren de media al año?
El Ministerio del Interior tiene respuesta a estas cuestiones. Sin embargo, se resiste a ofrecer todos esos detalles. Son, a su juicio, materia secreta o reservada. "La información solicitada se encuentra afectada por la regulación en materia de secretos oficiales", apunta la directora de gabinete de Interior, Ana María Prejigueiro, en una resolución derivada de una solicitud de transparencia de infoLibre.
El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska pone sobre la mesa, primero, tres acuerdos de Consejo de Ministros de la etapa de Felipe González. El primero data de finales de noviembre de 1986, ampliado en marzo y julio de 1994. En pleno escándalo por el terrorismo de Estado, el Ejecutivo otorgó con carácter "genérico" la clasificación de "secreto" a la "estructura, organización, medios y procedimientos operativos específicos de los servicios de información, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas". Y como "reservado" a los "destinos de personal de carácter especial" y las "plantillas de personal y de medios y de equipo de las unidades".
A estos se sumó en 1996 un acuerdo que colocaba un manto de secretismo sobre todo lo referente a la lucha antiterrorista. Y ya en 2014, a medio año de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en Consejo de Ministros un nuevo acuerdo con el que otorgaba la clasificación de "secreto" con carácter genérico "a la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La Comisaría General de Policía Judicial es quien se encarga, a través de las diferentes unidades –de la Udyco a la UDEF–, de investigar todo aquello que guarda relación con el crimen organizado. Pero Asuntos Internos no depende de ella. En su caso, lo hace directamente de la Dirección Adjunta Operativa (DAO). Algo similar a lo que sucede en la Guardia Civil. Pero, a pesar de ello, Interior también encaja a estas unidades en el marco de la delincuencia organizada. Al fin y al cabo, sostienen, buena parte de las investigaciones que llevan a cabo tienen que ver con la vinculación de miembros de la Policía Nacional o el Instituto Armado con grupos criminales.
"Podría favorecer que se realizasen estudios"
Para el departamento de Grande-Marlaska, cualquier mínimo detalle que se haga público sobre estas unidades puede suponer un problema. Por eso se niegan a dar la cifra de efectivos. Pero no solo eso. Tampoco aportan información alguna sobre el número de procedimientos que tienen abiertos o abren cada año. "Facilitar datos o número de investigaciones que suelen realizarse cada año podría favorecer que se realizasen estudios, entre otros, sobre el potencial de investigación de dichas unidades y poder determinar de forma aproximada los recursos humanos y materiales de las mismas", argumentan en la resolución. Y si eso se conociese, completan, "perjudicaría" a la investigación de estas bandas criminales y, a la postre, a la protección de los intereses de "seguridad ciudadana".
De otras unidades de élite que dependen de la DAO y que también hacen frente a grupos terroristas o bandas de crimen organizado, Interior no tiene inconveniente en dar hasta el último detalle. Es el caso del Grupo de Operaciones Especiales (GEO). A pesar de tener entre sus funciones la "reducción o neutralización de los integrantes de bandas terroristas, grupos armados o delincuentes peligrosos", Interior no tiene problema en especificar que su plantilla está compuesta por un centenar de efectivos, que su Sección Operativa se divide en dos grupos de acción y que cada uno de los doce comandos que los integran están conformados por media docena de hombres. Pero de Asuntos Internos, nada de nada. Una unidad de la Policía Nacional que, hace una década, contaba con 160 agentes, según elDiario.es.
Los cambios normativos que se han puesto sobre la mesa en materia de secretos oficiales tampoco acabarán con la opacidad alrededor de estos departamentos. La nueva Ley de Información Clasificada que ha propuesto el Gobierno de Pedro Sánchez establece la clasificación de "secreto" para aquella información que tenga que ver con la "seguridad pública" o la "capacidad o la seguridad" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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El texto, además, no contempla una desclasificación automática de todos aquellos asuntos a los que se les echase el candado hace décadas. Pero no solo eso. Si se atiende a la clasificación llevada a cabo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2014, la barrera del "secreto" alrededor de estas unidades no caería, como mínimo, hasta el año 2054, pudiendo prorrogarse diez años más.
De New Jersey a Berlín o Buenos Aires
El secretismo en suelo español contrasta con lo que sucede en otros países. En Estados Unidos son varios los cuerpos policiales que ofrecen estadísticas sobre el trabajo de unidades de este tipo. En New Jersey, por ejemplo, acaban de lanzar una base online en la que se pueden consultar los datos desde 2011 de investigaciones de asuntos internos del más de medio millar de departamentos de policía de todo el estado, filtrando incluso por origen de la queja o raza de los agentes y denunciantes. "La Policía del Estado de Nueva Jersey está comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas, lo que ayuda a generar confianza en las comunidades a las que servimos”, señaló durante su presentación el coronel Patrick J. Callahan, superintendente de la Policía del Estado de Nueva Jersey. A nivel estatal, también Connecticut, por ejemplo, aporta datos sobre las pesquisas que llevan a cabo en esta línea.
También la policía de Dallas ofrece estadísticas anuales sobre el trabajo de su departamento encargado de vigilar las manzanas podridas dentro del cuerpo. O la de Chicago o San Antonio, que en cada ejercicio hace público un detallado informe. Fuera de Estados Unidos, también la Policía de Berlín lleva un recuento de las investigaciones de su unidad de Asuntos Internos. Y en Argentina, incluso, algunas provincias como Buenos Aires tienen un registro público en el que se recogen los nombres y apellidos de todos los policías expulsados o inhabilitados por condena judicial, incluyendo tanto su último destino como la categoría del hecho que ha llevado a su sanción.
