Justicia social y ruptura con España en dieciocho meses. Esas fueron las principales condiciones que puso sobre la mesa la CUP tras las elecciones autonómicas de septiembre de 2015 a la hora de facilitar la investidura de Carles Puigdemont como president de la Generalitat de Cataluña. La formación anticapitalista siempre ha sostenido que independencia y derechos sociales tienen que ir de la mano. Por ello, en noviembre de 2015 los cupistas celebraron el acuerdo alcanzado con Junts pel Sí para incluir en la resolución que marcaba el inicio de la "desconexión" un anexo de cuatro páginas con el que se blindaban algunos "derechos fundamentales" en materia de pobreza energética, vivienda, sanidad o educación.
"Este documento es la prueba evidente de que la independencia va de esto, de garantizar los derechos de las personas, de que la gente pueda vivir mejor, y puesto que esto lo compartimos, lo hemos suscrito", señaló el entonces presidente del grupo JxS, Jordi Turull. El anexo, que llevaba el sello de la CUP al incluir reivindicaciones clásicas de la formación anticapitalista, fue celebrado por Antonio Baños, que en aquella fecha encabezaba la representación de la CUP en el Parlament: "Cuando estamos hablando de cosas sustantivas, como es fundar una república, hemos llegado a un acuerdo para garantizar derechos básicos de la ciudadanía", aseveró.
Casi dos años después, la consulta ya ha sido convocada por el Govern y las dos leyes imprescindibles para avanzar hacia una Cataluña independiente, la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, han sido aprobadas en la Cámara catalana. Sin embargo, los derechos sociales parecen haber quedado relegados a un segundo plano. Y eso que, según el último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, lo que más preocupa a los catalanes son aspectos de carácter social: paro y precariedad, sanidad, educación, acceso a la vivienda...
Cuatro líneas en la Ley de Transitoriedad
La Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República dedica sólo cuatro líneas, de un total de 45 folios, a los derechos sociales. Así, el artículo 23.2 de la norma establece: "Se reconoce el derecho a la protección social, especialmente en cuanto a los niños, ante situaciones de pobreza, incluida la pobreza energética, de riesgo de exclusión social por falta de vivienda digna, malnutrición y otras privaciones de condiciones básicas de vida". Ligeras pinceladas que, sin embargo, no dedican una sola palabra a temas como la sanidad o la educación en una Cataluña independiente.
Mucho más espacio se destina en el texto, por ejemplo, a la composición y funcionamiento de la Sindicatura Electoral, el órgano que se encargará de controlar todo el proceso de votación el próximo 1 de octubre, y al Poder Judicial y la Administración de Justicia. A esto último la norma le dedica un capítulo entero, 5 artículos que abarcan casi 9 folios y que establecen, entre otras cosas, la sustitución del Tribunal de Justicia de Cataluña por un Tribunal Supremo catalán, cuyo presidente será nombrado por el jefe de la Generalitat previa proposición de una Comisión Mixta –formada por el presidente del Tribunal, el conseller de Justicia, cuatro miembros de la Sala de Govern designados por ella misma y cuatro personas designadas por el Govern–.
No obstante, los independentistas han dicho desde el primer momento que la Ley de Transitoriedad es sólo la norma con la que se pretende realizar la transición y la constitución de la nueva república catalana en el caso de que se imponga el sí a la independencia en el referéndum del 1 de octubre. Tras la ruptura, recoge el texto, se "activará un proceso constituyente democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante con el objetivo de redactar y aprobar la Constitución de la república". Una Carta Magna en la que, en teoría, se desarrollaría más ampliamente el tema de la protección social.
El Tribunal Constitucional suspenderá la Ley de Transitoriedad este martes
Presentes en la Diada
Los derechos sociales han estado muy presentes este lunes en el Día Nacional de Cataluña. Así, en la ofrenda floral ante el monumento de Rafael Casanova con motivo de la Diada, los secretarios generales de UGT y CCOO de Cataluña, Javier Pacheco y Camil Ros, respectivamente, han pedido que durante la jornada se reivindiquen los derechos sociales. "Hay mucha gente trabajadora que no está saliendo de la crisis económica", recordó el líder catalán de CCOO.
Este tema también fue abordado durante el acto que Catalunya en Comú ha celebrado en Santa Coloma de Gramenet. Ante más de un millar de personas, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el secretario general de CatComú, Xavier Domènech, cargaron con dureza contra el PDeCAT. "No aceptamos lecciones de nadie, y menos de convergentes que hasta hace dos días no tenían ni idea de lo que era la desobediencia civil", aseveró Colau, que añadió: "¿Dónde estaban cuando defendíamos los derechos sociales los señoritos de Convergència? Firmando leyes con el PP".
Justicia social y ruptura con España en dieciocho meses. Esas fueron las principales condiciones que puso sobre la mesa la CUP tras las elecciones autonómicas de septiembre de 2015 a la hora de facilitar la investidura de Carles Puigdemont como president de la Generalitat de Cataluña. La formación anticapitalista siempre ha sostenido que independencia y derechos sociales tienen que ir de la mano. Por ello, en noviembre de 2015 los cupistas celebraron el acuerdo alcanzado con Junts pel Sí para incluir en la resolución que marcaba el inicio de la "desconexión" un anexo de cuatro páginas con el que se blindaban algunos "derechos fundamentales" en materia de pobreza energética, vivienda, sanidad o educación.