La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género cumple quince años en medio de una oposición férrea por parte de los sectores más ultras. Nació del consenso –obtuvo mayoría absoluta en su aprobación–, pero no todo el camino fue llano. En el año 2008, la norma aterrizó en el Tribunal Constitucional debido a una cuestión de inconstitucionalidad planteada por una jueza. Los magistrados, sin embargo, avalaron la constitucionalidad de la norma. Pero no todo el mundo está de acuerdo con su pertinencia.
Tras quince años de protección a las mujeres, la extrema derecha ha puesto el foco en la ley. Desde su irrupción en las instituciones –pero también cuando era un partido extraparlamentario–, Vox ha lanzado constantes ataques contra el movimiento feminista y las políticas de igualdad.
El partido de extrema derecha se ha expresado habitualmente contra lo que denomina las "leyes ideológicas" basadas en "conceptos falsos como el género" que, a su juicio, "vulneran los derechos fundamentales" dando fuelle a "los lobbies del género que viven de ello". La norma de 2004, entienden los ultras de Santiago Abascal, "vulnera la presunción de inocencia de los varones" y genera "injusticias sin resolver".
Los ultras apuestan abiertamente por derogar la ley y crear una nueva que hable de "violencia intrafamiliar". Vox defiende, además, que la norma es un "absoluto fracaso" porque hay "más mujeres asesinadas que antes". Es otro más de los datos falsos que la extrema derecha repite en sus discursos. La realidad es que en 2003, primer año con datos disponibles, fueron 71 las mujeres asesinadas, mientras que en último año completo con cifras, 2018, terminó con un total de 51 asesinatos. Este año habrá un repunte, puesto que a falta de cuatro días para final de año se han producido 55 muertes por violencia machista.
En conversación con infoLibre, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, se apresura en destacar que "la ley es un éxito" aunque "quince años no son suficientes para modificar una sociedad" de raíz profundamente "patriarcal y machista". "Nunca podremos contar la cantidad de mujeres que han salvado sus vidas, pero seguramente sin esta ley estaríamos hablando de cifras muchísimo peores", afirma. "En ningún momento debemos bajar la guardia ni pensar que esto es un fracaso".
Existe un "activismo reaccionario incluso entre quienes ostentan cargos públicos, desoyendo las propias decisiones del Tribunal Constitucional, que vino a constatar la constitucionalidad" de la norma en el año 2008. Habla Lucía Avilés, magistrada y socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas.
Avilés defiende la norma pese a las lagunas que conviene ir reparando. A lo largo de estos quince años, la norma "se ha demostrado necesaria y eficaz", afirma. ¿Constituyen los ataques de Vox un peligro real? La ley "se pondrá en riesgo todo lo que la sociedad española quiera", responde. La jueza clama contras la "informaciones sesgadas que se están utilizando para la obtención de réditos electorales" y recuerda que la ley nace "respaldada por convenios y tratados internacionales". Ponerla en jaque, agrega, "implicaría pretender desvincularnos de convenios internacionales y apartarnos de las organizaciones que la respaldan".
Por eso, el tipo de consignas que defiende la extrema derecha esconde, a su entender, una falta de "conocimiento sólido y fundado de los compromisos internacionales y de la verdadera naturaleza de la violencia de género".
En la misma línea se posiciona Carmona, quien asegura no percibir que la ley esté en riesgo y recuerda que la norma "fue pionera en el mundo y ha sido plasmada en organismos internacionales como la ONU o el Consejo de Europa". Acuerdos, dice, que "están suscritos" y que derivan en una serie de compromisos "que ya hemos adquirido". El hecho de que "haya voces que están en contra" de la ley, reflexiona, evidencia que "la violencia de género existe y afecta de manera desproporcionada a las mujeres". Por ese motivo, precisamente, "lo único que se puede hacer es seguir por este camino".
El papel de los conservadores
También confía en el blindaje de la ley Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género. Aunque entiende que existe "un riesgo teórico", cree que el peso de los de Santiago Abascal no es determinante. "Si ahora mismo Vox tuviera la posibilidad de condicionar hasta tal punto la política, una de las primeras medidas sería la derogación de la Ley Integral", se aventura Lorente. Y el PP, introduce, "ya ha tenido experiencias cuando intentó modificar la Ley del Aborto, con la dimisión del ministro de Justicia como resultado".
Sobre el papel de los conservadores, Lorente recuerda que su compromiso fue "más de cara a la galería". En septiembre de 2002, de hecho, "el PP votó en contra de una propuesta de ley del PSOE basada en la misma idea y ahora está pactando con quienes cuestionan la violencia machista", reprocha el exdelegado. Por tanto, entiende, "hay un consenso formal en cuanto al planteamiento teórico, pero luego en la práctica el papel del PP no deja de ser muy deficitario para su desarrollo y para la puesta en marcha de recursos".
Justa Montero, activista en la Asamblea Feminista de Madrid y la Comisión 8M, advierte de que "Vox ahora mismo representa un auténtico peligro para las mujeres", que se han convertido en el "centro de sus ataques". Su objetivo, analiza, tiene que ver con "cambiar lo que ha sido la hegemonía cultural del planteamiento feminista en torno a la explicación de la vida de las mujeres y lo que supone la violencia". En ese sentido, coincide, el peligro "no es solamente lo que significa Vox, sino cómo está desplazando al PP a posiciones contrarias a lo que formalmente ha dicho".
La activista feminista se pregunta si los de Pablo Casado "se están quitando la careta", porque "de alguna forma lo que hacen es legitimar y blanquear lo que es una posición negacionista".
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Más derechos
Frente a los ataques de la extrema derecha, el movimiento feminista se ha manifestado firme. Montero cree que la mejor forma de plantar cara a los dardos reaccionarios es "seguir avanzando en el desarrollo de la ley", incluso desde una postura abiertamente crítica por parte del movimiento en cuanto a las carencias que presenta. "La ley respondía a una necesidad y a un clamor del feminismo, era imprescindible", reflexiona Montero, pero "sí tiene deficiencias" que conviene abordar.
Esa posición, aunque crítica, se sitúa en el extremo opuesto a Vox: las feministas hablan de los déficits de la norma para seguir ampliándola. "La mejor forma de defender los derechos no es agarrarnos a lo que hay, porque entonces ya están ganando", valora la activista. "Lo que tenemos, lo tenemos porque es un derecho. Ahora hay que ir a por más derechos", concluye.
La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género cumple quince años en medio de una oposición férrea por parte de los sectores más ultras. Nació del consenso –obtuvo mayoría absoluta en su aprobación–, pero no todo el camino fue llano. En el año 2008, la norma aterrizó en el Tribunal Constitucional debido a una cuestión de inconstitucionalidad planteada por una jueza. Los magistrados, sin embargo, avalaron la constitucionalidad de la norma. Pero no todo el mundo está de acuerdo con su pertinencia.